“A ellos no les importa la integridad de las mujeres retratadas o la salud de los bebés que nacieron allí, sino evitar que la precariedad del hospital salga a la luz pública”, denunció Andrés Colmenares, defensor de derechos humanos y parte del equipo de la asociación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz).
El fin de semana pasado, usuarios venezolanos de las redes sociales se indignaron con un par de fotos que mostraban a tres mujeres embarazadas sobre las sillas de la sala de espera del Hospital del Instituto Venezolano de Seguridad Social Pastor Oropeza, ubicado en Barquisimeto, estado Lara. Además, las madres se encontraban desnudas y en una de las fotografías ya tenían a sus recién nacidos en los brazos.
El lunes, 2 de octubre, al mediodía, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó al centro asistencial para llevarse consigo a siete trabajadores del recinto. Entre ellas se encontraban las estudiantes de medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (Ucla) Miriam Valiño y María Brizuela; el resto era personal administrativo y obrero.
“Los tuvieron hasta las 8:00 de la noche en un interrogatorio, en el que les vaciaron la información de los celulares y los amedrentaron. Les dijeron que sabían con quiénes se hablaban y quiénes eran sus familiares. Cuando tienen acceso a tu teléfono te desnudan la intimidad y quedas a merced de los funcionarios”, indicó Colmenares a Efecto Cocuyo.
La organización a la que pertenece sostuvo conversaciones con seis familias de las siete personas que estuvieron detenidas en calidad de entrevistados. Para las 8:00 de la noche del lunes, conocieron que los seis fueron puestos en libertad plena con la advertencia de no declarar a los medios.
“Extraoficialmente, la directiva del hospital alegó que las siete personas fueron de forma voluntaria a cooperar con las investigaciones del Sebin. Sin embargo, los funcionarios no mostraron una orden de un tribunal en la que se avalara el procedimiento en aras de alguna investigación penal”, precisó el defensor de derechos humanos.
Esta irregularidad convierte al procedimiento en ilegal y aseguró que se tienen previstas nueve entrevistas más al personal del hospital Pastor Oropeza en lo que resta de semana.
“Las libertades individuales en Venezuela están condicionadas al censor. Ellos no buscan preocuparse por el mensaje sino por el mensajero”, dijo, y aseguró que las fotografías difundidas por las redes sociales solo reflejan la realidad de los hospitales del estado Lara.
La organización de derechos humanos ha realizado un seguimiento a los tres centros asistenciales más importantes del estado Lara: Pastor Oropeza, Antonio Marino Pineda y Agustín Zubillaga. Además de las fallas en el abastecimiento de medicamentos, los defensores han detectado que la falta de personal, escasez de agua e inseguridad son los problemas que más aquejan a los pacientes.
“Hay hospitales que deben recurrir a donaciones de camiones cisternas para tener agua potable en las instalaciones e incluso en el hospital pediátrico (Agustín Zubillaga) los desechos tóxicos son descargados en el mismo ascensor que usan los pacientes”, reveló Colmenares.