Al menos 26 funcionarios entre policiales y militares han sido asesinados desde enero hasta el 5 de abril de este año. El estado Miranda es el que registra mayores homicidios a efectivos de seguridad en este primer trimestre.
En el estado Miranda, región cercana a la capital del país, se acumulan cerca de nueve muerte, siendo esta una de las provincias más inseguras para los funcionarios de seguridad en estos primeros meses del año.
Según un monitoreo de prensa nacional e información suministrada por fuentes policiales a Efecto Cocuyo, el estado Carabobo, es la segunda región de Venezuela con más crímenes registrados hacia efectivos seguridad, cuatro casos, seguida por Distrito Capital con tres, Aragua, Monagas y Sucre con dos, respectivamente, y Anzoátegui, Bolívar y Zulia con un funcionario asesinado cada región.
En Venezuela desde el año 2015, no se hace pública las cifras oficiales de funcionarios que son víctimas de homicidios. Los últimos números fueron suministrados por el Ministerio Público y establecían 359 casos en promedio, desde el año 2012 hasta el 2016.
Política gubernamental
A juicio de Jackeline Sandoval, abogada, defensora de DDHH y directora de la ONG Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), esta opacidad en las cifras ha sido una política de los gobiernos del presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
“No aportan cifras de ninguna especie. Por eso desde la fundación para el Debido Proceso desde 2012 decidimos iniciar el levantamiento de datos en relación al tema (asesinatos a funcionarios). Notábamos que si bien los medios de comunicación y redes hacían del conocimiento a la sociedad de la cantidad de eventos que se estaban suscitando, nunca ha existido una respuesta (gubernamental). Incluso en conversaciones con funcionarios policiales nos indicaba que las muertes no eran en enfrentamientos o con ocasión al servicio policial, por eso no se tocaban esos temas”, explica Sandoval.
Sandoval señala que en el país ha sido poco común que se reporten los números de funcionarios de seguridad asesinados ya que anteriormente las cifras eran bajas. Desde el año 2011, Fundepro vio un alza considerable en la muerte y atentados en contra de los agentes, así como en las sedes policiales.
Para la abogada, cuando se dan respuestas a estas muertes no ocurren de la manera más idónea, pues no se hacen las aprensiones de los responsables, sino que los mismos cuerpos de seguridad entran a los sectores y se desarrollan enfrentamientos, que en muchas ocasiones dan lugar a violaciones de derechos humanos, por la forma cómo terminan muertos los presuntos victimarios.
Ante la opacidad en esta materia, Sandoval explica que la sociedad tiene derecho a estar informada sobre los temas que sean, y más si pueden ser considerados un problema que ameriten solución.
“Sin estadísticas, sin números, no se pueden dar recomendaciones, no se pueden realizar estudios serios. Dar a conocer lo que ciertamente está pasando en los organismos competentes en seguridad ciudadana, que incluso se ven afectados por las bajas físicas y las bajas en la búsqueda de mejores beneficios sociales y económicos. El funcionario policial, lamentablemente, ha sido muy desasistido en muchos aspectos. Pero no nos cansamos de pedir y exigir el mejor de los comportamientos y que actúen apegados a las reglas. Pero nunca nos preguntamos cuáles son sus carencias”, afirma Sandoval.
Patrullar con miedo
Un funcionario de la Policía de Carabobo, a quien se le reserva su identidad pues teme sufrir represalia, señala que en la región la delincuencia ha aumentado y no disminuido como lo afirmó José Ávila, secretario de seguridad ciudadana de la entidad.
De las 26 muertes registradas en este primer trimestre del año, una de las más impactantes fue la del funcionario Alexander Quintana, quien fue asesinado junto a su esposa frente a un centro de salud.
El doble homicidio quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.
“Lo que pasó con el compañero de la Policía de Carabobo nos dejó en shock, fue inesperado, causa temor”, explica el funcionario policial a Efecto Cocuyo.
El funcionario señala que tras las muertes de sus colegas, al salir a trabajar siempre siente miedo a pesar de que en su formación como policías le enseñan a lidiar con esta emoción.
A menos de 48 horas del homicidio de Quintana en Carabobo, mataron frente a su hija a otro funcionario. Ricardo Riera, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, el 22 de febrero.
Desde hace años los funcionarios policiales han denunciado fallas en la dotación de equipos y en los filtros de ingresos a los organismos, lo que ha ocasionado una serie de problemáticas en el desarrollo de las políticas de prevención del delito.
“Mi recomendación es que tienen que crear políticas más seguras para el funcionario policial, también con respecto al porte de armas, mejorar los filtros para el ingreso y la formación de los funcionarios, reubicarlos en zonas seguras, porque no es secreto para nadie que ahorita están viviendo en barrios donde está la delincuencia presente, eso representa un peligro inminente”, dice el entrevistado.
Ante estos homicidios, los policías y militares han optado por desarrollar planes de protección entre ellos mismos. “Nos cuidamos unos a los otros”, comenta la fuente.
Otra de las fallas importante que destaca es que los directores de sedes policiales muchas veces llegan con planes o estrategias que no son adecuadas para brindar seguridad en algunos lugares.
“Los jefes de estaciones o directores no escuchan los proyectos que tienen la misma tropa, o sea quienes tienen jerarquías más bajas y patrullan en las calles, ellos tienen planes o estrategias más efectivas de patrullaje, pero por cuestiones políticas no implementan esas ideas, sino las directrices que mandan directamente desde Caracas, que no están adecuadas a las zonas o a los estado donde se tienen que aplicar”, añade.