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Son 266 funcionarios de seguridad menos que tienen los venezolanos. La violencia en 2018 no cesó, pese a que el Gobierno asegura que los índices delictivos bajaron. La Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) levantó el registro de los asesinatos de policías y militares y determinó que con 45 defunciones, el estado Aragua fue el más golpeado.

Del total de víctimas uniformadas, 209 fueron policías, 54 militares y 3 escoltas. Este monitoreo de medios se hace anual en la organización no gubernamental. Para 2017, la cantidad de funcionarios caídos fue de 309 y en 2016 de 414. Esto representa un descenso en la mortalidad violenta de los policías de 36%.

Así como Aragua, Miranda también perdió un gran número de sus agentes de seguridad. En este caso fueron 43 los fallecidos en manos de la violencia. Le siguen Distrito Capital (31), Zulia (27), Carabobo (23) y Bolívar (20).

Esta proporción coincide con la estadística delictiva en materia de homicidios. Son precisamente los mismos estados que concentran la mayor cantidad de muertes (56,1%) violentas según lo anunciado por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

¿Más seguridad?

Sí. La estadística de Fundepro apunta a una disminución de las muertes policiales. Sin embargo, la misma ONG explica que este descenso poco puede atribuírsele a una política de seguridad efectiva.

«Es nuestra percepción que dicha disminución no obedece a políticas de seguridad
implementadas en los organismos involucrados o a cuidados extremos que estén realizándose, si no efectivamente a la carencia de funcionarios que están registrando estas instituciones, bien sea por renuncia o deserción», indicó Fundepro en el informe publicado este 16 de enero.

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Aunque el balance no lo expone, en 2018  11 periódicos cerraron según el registro que lleva el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela. Esto altera el monitoreo diario de las organizaciones no gubernamentales que recurren a la investigación hemerográfica como fuente de datos.

Condiciones laborales

Fundepro denuncia la violación de derechos humanos de 150.000 integrantes de cuerpos de seguridad del Estado. Argumenta que no tienen protección a su integridad física; así como no se le garantizan sus derechos laborales ni de seguridad social.

«La ausencia del cumplimiento en forma cabal de este derecho afecta tanto a los policías, militares y sus familiares, se encuentran protegidos por tratados internacionales de derechos humanos y por normas internacionales de trabajo, como son la asistencia médica, prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones de invalidez, prestaciones de sobrevivientes, entre otras», expone Fundepro.

La ONG señala que los funcionarios tampoco tienen garantías judiciales, son víctimas de detenciones arbitrarias y hay fallas en el derecho a la defensa.

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