Ochenta por ciento de los trabajadores universitarios de Lara no consiguen tratamiento médico para sus enfermedades crónicas. Según datos preliminares de la Encuesta del Observatorio de Universidades, 79% de docentes y 81% de empleados administrativos en las universidades públicas y privadas de Lara no pueden conseguir medicinas o su salario no es suficiente para adquirirlas. Más del 30% de la población de trabajadores universitarios padece enfermedades crónicas.
La encuesta también señala que el 49% de los docentes universitarios del estado Lara no se realiza un chequeo médico o exámenes de rutina desde hace más de un año.
#18Dic 49% de los docentes universitarios del estado Lara no se realiza un chequeo médico o exámenes de rutina desde hace más de 1 año según encuesta de condiciones de vida de la población universitaria #ENOBU2019#Barquisimeto #Lara #Venezuela
— Observatorio de Universidades (@OBUniversidades) December 18, 2019
El salario de un profesor universitario varía de 300 mil bolívares a 600 mil, en el mejor caso en las universidades públicas. En las universidades privadas de Lara, el sueldo es incluso más precario, ya que estos contratan a profesores a medio tiempo, pues no pueden costearlos a tiempo completo.
Sin atención médica
Muy por debajo de la canasta alimentaria (7 millones 500 mil bolívares), el salario de los profesores no alcanza para comer, mucho menos para una cita médica de una clínica privada.
La Ucla es una de las universidades venezolanas que cuenta con su propio hospital universitario. El hospital Antonio María Pineda está al servicio de todo público, pero no está exenta de la crisis hospitalaria. Nelly Vásquez, vicerrectora académica y rectora encargada dijo que están intentando canalizar las necesidades médicas del personal de la Ucla a través del hospital con asistencia de los profesores de postgrado de Ciencias de la Salud, por lo menos en emergencias.
En cambio, cuando se requiere de una atención médica especializada “es difícil”, dijo la rectora, ya que muchos médicos especializados también han migrado.
Sin medicamentos
Cuando se trata de medicamentos, el acceso también se dificulta, a pesar del esfuerzo de organizaciones no gubernamentales.
“Tengo un trabajador que es insulina dependiente, y es más costoso pagarlo en dólares en Venezuela que comprarlo afuera… una de mis estudiantes se fue a vivir a Bogotá para poder pagar el tratamiento de su papá con cáncer, su padre se murió y tuvo que regresar a tomar los estudios”.
Estos factores médicos perjudican el funcionamiento de la universidad e inciden en las inasistencias y fuga de toda la población universitaria. Por este motivo la profesora Nelly Vásquez pretende presentar los resultados de la encuesta de condiciones de vida de este observatorio en la próxima reunión con el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
“En las tres últimas sesiones del CNU, el profesor Bonucci –rector de la Universidad de Los Andes-ha pedido al ministro –César Trompiz- que se incluyan en el sueldo y salario de los trabajadores, la previsión social, la seguridad laboral y providencia estudiantil” que son temas que competen a la Oficina de Presupuesto del Sector Universitario (Opsu).
“Si yo no tengo recursos para garantizar el funcionamiento de la universidad, ¿quién está incumpliendo? El propio gobierno”, dijo Velásquez.
En exigencia de los derechos
De acuerdo a Nelson Freites, profesor de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), las convenciones colectivas del sector universitario están desactualizadas. El sueldo que se firmó en el contrato no se ha podido equiparar con la galopante inflación, en especial cuando de por sí el salario mínimo venezolano (150 mil bolívares) es insuficiente para garantizar la adquisición de la canasta básica.
Sin embargo, también la credibilidad en las federaciones de trabajadores está bastante afectada, ya que en un principio el Estado solo atendió a federaciones que lo favorecían en la contratación colectiva y desconoció a otros movimientos sindicales.
“Los gremios de las asociaciones de profesores tienen baja incidencia, muy baja capacidad de convocatoria. Su capacidad para cohesionar al conjunto de docentes es muy baja”, dijo Freites.
Para el abogado, en la actualidad se requiere de articulación del movimiento profesoral para garantizar sus derechos. Un trabajo que tienen adelantado es la denuncia de sus condiciones de vida ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Observatorio de Universidades publicó datos similares sobre el año 2018 el pasado julio, los datos del 2019 fueron recopilados recientemente con una muestra más ambiciosa y están siendo condensados para publicarse próximamente.