Maduro pasará a la historia no sólo como un dictador que llevó a niveles inimaginables la destrucción de Venezuela, sino también como un ex dirigente sindical que persiguió, encarceló y mandó al exilio a dirigentes sindicales y aumentó la miseria de los obreros y sus familias.

Su gobierno se ha caracterizado por perpetrar graves violaciones a los derechos humanos, lo cual obliga a la comunidad internacional a afianzar el monitoreo de la situación política, económica y social en el país.

La Organización Internacional del Trabajo que forma parte de la estructura de las Naciones Unidas y se encarga de promover y vigilar el cumplimiento de los convenios que en materia de relaciones de trabajo han suscrito los Estados, también está preocupada por lo que viene ocurriendo y de qué manera afecta al sector de empleadores y trabajadores.

En ese sentido, se ha pronunciado reiteradamente ante las violaciones a la libertad sindical y las normas sobre salario. Desde hace varios años viene advirtiendo al gobierno de Maduro que sus prácticas y medidas son incompatibles con garantizar trabajo y salarios dignos, promover el diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores así como contrarias al ejercicio de la libertad sindical. Múltiples recomendaciones ha realizado para que el gobierno rectifique.

A no prestar atención a las recomendaciones, la OIT decidió activar la llamada Comisión de Encuesta. La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación más alto que posee la Organización Internacional del Trabajo, y se designa cuando un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los Convenios Internacionales del Trabajo ratificado. Desde su fundación en 1919 y hasta el presente, la OIT ha establecido 13 comisiones de encuesta (Portugal 1962; Liberia 1963; Grecia 1968; Chile 1975; Polonia 1982; República Dominicana 1983; Haiti 1983; República Federal Alemana 1985; Nicaragua 1987; Rumania 1989; Myanmar 1996; Bielorusia 2003; Zimbabwe 2010; y Venezuela 2018.

 La Comisión de Encuesta para analizar la situación de Venezuela  fue establecida en marzo de 2018 por el Consejo de Administración, para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La queja denunció la inobservancia de los Convenios de la OIT núm. 26 (Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928), núm. 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) y núm. 144 (Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976) y alegaba, en particular, actos de violencia, agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a Fedecamaras, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social. Los denunciantes agregaron que estos problemas afectaban también a las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), vino a Venezuela, se entrevistó con empresarios, trabajadores y representantes del gobierno y se comprometió a publicar un Informe.

Dicho informe lo publicó el pasado lunes 30 de septiembre. Las conclusiones de la Comisión de Encuesta alertan sobre el persistente hostigamiento a FEDECAMARAS y sus afiliados, y a sindicatos no afines al Gobierno; una situación de impunidad en relación con actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, “así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros”. Asimismo, alerta sobre prácticas de favoritismo y promoción de organizaciones paralelas y de “discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines, e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores”.

Durante 2018 las principales víctimas de situaciones de amenaza y hostigamiento, registradas por Provea en su Informe Anual, fueron los trabajadores y dirigentes sindicales, movilizados en defensa de los salarios y las convenciones colectivas.

Sólo la Guardia Nacional Bolivariana acumuló un total de 571 denuncias de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de empresas públicas y privadas que participaron o encabezaron huelgas y movilizaciones en demanda de reivindicaciones laborales.

Desde 1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. Algunos han sido juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica. Varios de ellos llevan más de siete años en régimen de presentación ante tribunales. Pero además tienen otras restricciones como la no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales.

Entre noviembre y diciembre de 2018 un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, entre otros.

Como posiblemente Maduro y su cúpula desconozcan las recomendaciones realizadas de buena fe por la OIT, se ampliará el control y vigilancia sobre las políticas anti obreras y anti gremiales del gobierno de facto, información que servirá para ser considerada por la Misión de Determinación de Hechos creada recientemente por la ONU en el análisis del contexto general sobre el cual realice sus investigaciones.

Varios organismos internacionales con competencia para investigar violaciones a los derechos humanos en Venezuela adelantan su trabajo y las informaciones y labor de cada uno retroalimentará la acción de los otros para una mayor efectividad en los resultados.

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