La participación de más de 1.000 funcionarios de cuatro órganos de Seguridad del Estado, dos de ellos de inteligencia, uno militar y otro preparado desde hace más de un año para enfrentar a la delincuencia armada; el corte de las comunicaciones y electricidad de los alrededores; el uso de lanzacohetes, dos tipos de fusiles de guerra, una subametralladora y un helicóptero artillado son algunas de las pistas que permiten deducir que la Operación Gedeón (nombre asignado al operativo por las autoridades) no tenía el objetivo de detener a las 12 personas resguardadas en el chalet de El Junquito, Distrito Capital.
Así fue presentado el procedimiento ante la opinión pública por Néstor Reverol, ministro para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, quien después de 24 horas fue que dio un balance de los resultados del operativo que perseguía desmantelar una “banda de terroristas”: nueve asesinados, entre ellos un agente del Estado y un civil líder de un grupo armado oficialista, cinco detenidos y seis policías heridos.
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Entre los relatos guardados a través de los siglos en la Biblia se encuentra el de Gedeón, que en hebreo significa el destructor. Su historia comienza en el capítulo 6 y termina en el 12 del libro de Jueces. El ejército de israelitas, que comandaba de 32.000 hombres, se redujo a 300 para atacar a sus enemigos, los madianistas.
Una noche, Dios manda a Gedeón a bajar al campamento enemigo para que escuchara y viera lo que allí ocurría. Más tarde, el ejército de 300 hombres fue dividido en grupos, que se dispusieron alrededor del sitio donde se encontraban los madianistas y en la madrugada sus gritos y ruidos espantaron a los contrarios.
Tal fue la confusión que se asesinaron entre sí, e incluso los líderes de esas tropas murieron en la contienda y fueron entregadas como trofeos a Gedeón.
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No es casual la nomenclatura del Gobierno. Esta anécdota bíblica ilustra lo que ocurrió el 15 de enero de 2018 en el kilómetro 16 de El Junquito. Ya la labor de observación y escucha había sido realizada con dos semanas previas y con más precisión, un día antes. Un grupo pequeño pernoctó en el sector El Cujicito de la urbanización Araguaney, se ubicaron alrededor del chalet donde se ocultaba Óscar Pérez y los suyos, y a las 4:00 am comenzó el ataque.
Esta narración fue construida a través de los vecinos del sector caraqueño que Efecto Cocuyo pudo conseguir, quienes además agregaron que los tiroteos pararon a la media hora de haber iniciado, luego pararon como por dos horas y a las 7:00 am se reanudó, hasta culminar a las 11:00 am.
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Contaron cerca de 10 detonaciones que hacían vibrar el piso y ventanas, aún cuando las viviendas estuvieran ubicadas a más de 500 metros. Los vecinos más cercanos al chalet pudieron ver la onda expansiva en el movimiento de los árboles.
Las tanquetas entraron a la urbanización en el transcurso de la mañana, pero no pasaron al sector donde se enfrentaban Óscar Pérez y los suyos -que no superaba las 20 personas-, contra cientos de hombres armados con granadas y diferentes armas con potencia bélica. El camino era angosto y empinado, además de que servía de entrada y salida al sitio de confrontación.
“Fue una emboscada por la posición estratégica de los hombres con AT4 y los francotiradores, además del grupo de acercamiento que estuvo una noche antes en la zona. En caso de que se escapara alguno, se podrían rastrear fácilmente a distancia o con el helicóptero. Tenían la zona asegurada”, indicó un agente de inteligencia militar, que ha participado en operativos similares.
A esta estrategia militar se le conoce como técnica Balalaika, según explicó el funcionario. Resulta de la ubicación de más de tres equipos armados en diferentes puntos, los cuales disparan en alternancia de tiempos. Se estima que esto cause confusión en el enemigo y permite un aprovechamiento de los recursos.
El cambio de orden
En el material audiovisual que difundió el propio Óscar Pérez se observa su postura hacia la negociación. Afirma reiteradas veces que se quería entregar. En un video que circuló vía mensajería instantánea se escucha una conversación entre un uniformado y los hombres escondidos en una casa de El Junquito. El efectivo, mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), le asegura que no quiere “que se ponga violento esto”. Sin embargo, él y seis de sus aliados resultaron asesinados.
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Para Rocío San Miguel, experta en materia militar y derechos humanos, el uso desproporcionado de la fuerza marcó un cambio en las órdenes de los funcionarios. “En el intermedio hubo un cambio de comando y cambia toda la operación de forma radical ¿Qué pasó ahí?”, inquiere la abogada.
Ella apunta a que el procedimiento fue iniciado por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la PNB, unidad creada para desmantelar bandas delictivas y no células terroristas, tal como señala el Gobierno al grupo de Óscar Pérez. Le llama la atención que luego intervengan otros cuerpos de seguridad.
Asegura que por la categoría de terrorista, adjudicada al exfuncionario de la policía científica de Venezuela, se debió garantizar su vida. Señala que ese es el actuar internacional en este tipo de operaciones, debido a la necesidad de obtener información de los miembros de ese tipo de grupos.
En la medida en la que el conjunto subversivo responda a la fuerza de los órganos del Estado, en esa medida se debe ir subiendo el tono de la fuerza letal. “Es como si el gato le disparara al ratón cuando ya lo tiene acorralado. ¿Por qué lo hicieron si él tenía que salir”, observó San Miguel.
Llamó la atención sobre el lugar del enfrentamiento. Una zona boscosa, con viviendas separadas por amplia distancia y una sola vía de acceso.
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Al uso del lanzagranadas ella lo cataloga como un uso desmedido de los medios y métodos, pues una vez que se determinó cuál era la potencia armamentística de Óscar Pérez, se debió trabajar en función de la proporcionalidad. Señaló que al no haber civiles en riesgo, la fuerza mortal tuvo que ser menor pues no había riesgos de daños a la ciudadanía.
Criticó también la destrucción de la vivienda en la que se escondía el exfuncionario. Desde su experiencia, éste lugar representaba una fuente ideal de evidencias para investigar a profundidad la supuesta célula terrorista que Pérez conformaba.
San Miguel recordó que en este episodio no se puede utilizar el Estatuto de Roma ni los convenios ni protocolos de Ginebra, los cuales establecen los derechos humanos mínimos a respetar durante un conflicto armado.
¿Por qué? Porque lo que se vivió el 15 de enero en El Junquito no es una guerra, estrictamente hablando. “Para llegar a eso, se debe tener una declaratoria de guerra pública e internacional, la cual puede ser un llamado de atención a otro país o incluso a grupos internos”, explicó.