En la reciente emisión del espacio de entrevistas Con la Luz, el abogado y especialista en temas judiciales, Zair Mundaray, ofreció detalles exclusivos sobre la reactivación del juicio por la trama de corrupción conocida como «PDVSA-Cripto».
Durante la conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Mundaray alertó que el proceso, que involucra a 64 acusados —entre ellos el exministro Tareck El Aissami, Samark López y Hugbel Roa—, se está llevando a cabo bajo un esquema de opacidad absoluta que violenta la Constitución.
Un juicio «oral pero no público»
Mundaray destacó que, aunque el proceso penal venezolano exige que los juicios sean orales y públicos para garantizar la transparencia y la contraloría social, las audiencias celebradas en el Tribunal Cuarto de Juicio con competencia en terrorismo y corrupción han sido estrictamente privadas.
«Estamos viendo un juicio privado, lo cual es una causa de anulación. No se entiende por qué, en un tema de interés nacional donde hay un daño patrimonial masivo, se impide el acceso a la prensa y al público», señaló el abogado.
Inconexión y debilidad en la «teoría del caso»
Uno de los puntos más críticos expuestos por Mundaray es la torpeza procesal del Ministerio Público. Explicó que la fiscalía ha intentado agrupar a los 64 acusados (que incluyen desde altos jerarcas hasta contratistas de servicios menores e incluso civiles sin vinculación clara) en una sola estructura criminal sin lograr establecer qué hizo cada quien.
- Falta de pruebas contables: Según Mundaray, no existe una experticia contable presentada por la Procuraduría o la Fiscalía que determine con exactitud a cuánto asciende el daño patrimonial.
- Investigación «al revés»: El abogado reveló que, según las actas, la investigación comenzó formalmente el 17 de marzo de 2023, el mismo día de las detenciones. «Primero detuviste y después te pusiste a investigar; eso es contrario a cualquier estado de derecho».
Torturas y defensas políticas
Mundaray trajo a colación la declaración de Hugbel Roa, quien afirmó en audiencia haber sido torturado frente a los fiscales para obligarlo a grabar videos responsabilizando a El Aissami.
Asimismo, llamó la atención sobre la estrategia de defensa de El Aissami, cuya abogada ha optado por un discurso político en lugar de técnico. Según los informes recibidos por Mundaray, la defensa argumenta que la «revolución le falló» al exministro y que este es víctima de un pase de factura política por ser percibido como una «amenaza» debido a su peso dentro del chavismo.
La hipótesis de la «caja vacía»
Para el analista, la reactivación del caso en este momento tiene un trasfondo preelectoral. Mundaray sostiene la hipótesis de que, al buscar fondos para la campaña y el gasto público, el entorno de Nicolás Maduro se encontró con que «la plata no estaba».
«Mi tesis es que esto sirvió para acabar con uno de los polos de poder más importantes que estorbaba. Independientemente de que el delito ocurrió —porque el dinero se desvió mediante la Ley Antibloqueo y el uso de criptoactivos—, el juicio actual parece diseñado para descabezar un grupo político más que para recuperar los activos de la República», concluyó.
Claves del caso según Mundaray:
- Salud de los detenidos: Se reporta que tanto El Aissami como Hugbel Roa muestran un deterioro físico notable tras su reclusión en El Rodeo I.
- Delitos imputados: Apropiación de patrimonio público, concierto con contratista, legitimación de capitales y traición a la patria.
- Próximos pasos: El juicio continuará este miércoles, bajo la presión de los abogados defensores para que se permita el acceso a los expedientes y la publicidad del debate.