El viernes 15 de diciembre la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, introdujo una reclamación por vía de hecho y un amparo cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de que el máximo juzgado del país confirme que no existe una inhabilitación en su contra, por cuanto nunca fue notificada del procedimiento ni pudo ejercer su derecho a la defensa.
Para los abogados Gustavo Manzo, constitucionalista, y Alí Daniels, codirector de la ONG, Acceso a la Justicia, el TSJ está «demorado» en su respuesta a la dirigente de Vente Venezuela.
¿Por qué hay demora?
«Está demorado el TSJ porque Machado introdujo un amparo cautelar. Cuando se trata de violación de derechos constitucionales, todos los días y horas son hábiles y debe ser respondido con celeridad, en 48 horas. La medida cautelar es para que el tribunal dicte una medida para evitar que se produzcan males mayores derivados de los derechos que se están violando», explicó Manzo a Efecto Cocuyo.
El profesor universitario reiteró que la exdiputada nacional recurrió a ese tipo de recurso judicial al alegar que nunca ha sido notificada de la sanción en su contra y no existe ningún documento que avale que se le abrió un procedimiento que condujo a una inhabilitación de 15 años, tal como anunció la Contraloría General de la República en junio de 2023. Esto, a raíz de una solicitud del diputado de 2020, José Brito, para que el organismo aclarara la situación de Machado previo a las primarias.
«Esa inhabilitación de la Contraloría no ha sido publicada en ninguna parte, es un rumor propagado por el gobierno, entonces cómo podía defenderse Machado», acotó Manzo.
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución «la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso y toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa».
Manzo también citó el artículo 26 de la Carta Magna, que establece que «toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente». Se añade que el Estado debe garantizar una justicia «imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente sin dilaciones indebidas».
Razones políticas, no jurídicas
Para Daniels, el alto tribunal debió haber anunciado su decisión el lunes 18 de diciembre y si tomara en cuenta días hábiles, debería hacerlo a más tardar este jueves 21 de diciembre.
Recordó que el TSJ «atiende a razones políticas y no jurídicas», por lo que basado en ello es que se puede esperar una decisión sobre el asunto. Tampoco descarta que el alto tribunal demore aún más según el vaivén de las negociaciones políticas.
«Si admitiera el recurso de María Corina Machado, por lo menos, ya sería un milagro porque la regla es que rechace todos los recursos de opositores. Aún así después de admitido debe responder con celeridad y hasta podría hacerlo en la misma admisión», indicó.
En medio de las liberaciones de presos políticos estadounidenses en Venezuela y su intercambio por el empresario colombiano, Alex Saab, tal como lo confirman la agencia de noticias AP y la abogada Ana Leonor Acosta de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, se ha especulado que tras la liberación de Saab el TSJ podría emitir un primer pronunciamiento sobre las inhabilitaciones políticas.
Manzo tampoco duda que haya elementos políticos en la demora del TSJ relacionado con las negociaciones políticas y el acuerdo de Barbados, que según la Plataforma Unitaria establece el levantamiento de las inhabilitaciones mientras Miraflores lo niega.
«La influencia de la política está clara. De acuerdo con las encuestas, una candidatura presidencial de María Corina Machado le lleva una enorme ventaja a la de Nicolás Maduro que tiene el peso del descontento social encima. Aunque quiera, el TSJ no podrá darle muchas largas a la decisión porque hay un proceso internacional (negociaciones) con obligaciones pendientes, puede venir una exigencia más clara de Estados Unidos para que el gobierno cumpla con los acuerdos», añadió Manzo.