Pasada la renovación parcial del Poder Ciudadano, el siguiente poder público que entra en el radar de los cambios impulsados por el interinato después de los eventos del 3 de enero es el Judicial.
El 21 de abril, la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo activó la ruta para designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin informar cuántas vacantes serán cubiertas. Nombró una comisión preliminar de 11 diputados —la mayoría de diputados del Psuv— para la designación del Comité de Postulaciones Judiciales, que está en proceso.
Posteriormente, el TSJ habla de ocho jubilaciones de magistrados (versiones extraoficiales dicen que son más los que salen) y anuncia la conformación de la directiva para 2026-2027, encabezada por la ratificación de Caryslia Rodríguez en la presidencia del máximo tribunal de la República. Esto debió hacerse a inicios de año.
Analistas consultados por Efecto Cocuyo parten de la opacidad con la que se inicia el proceso de designación de magistrados, el antecedente de los nombramientos en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo y la limitada y excluyente aplicación de la Ley de Amnistía, para apuntar a que los cambios no serán profundos o indicativos del inicio de un proceso de transición política en Venezuela.
Otro indicio es que la AN decidió en la sesión ordinaria del 5 de mayo reformar de nuevo la Ley Orgánica del TSJ para volver a aumentar a 32 el número de magistrados. El interinato, se advierte, procura control de una mayoría en la toma de decisiones en cada una de las Salas, principalmente la Constitucional, dado que no se descarta, por línea del tutelaje, dar cabida a otras corrientes de la sociedad o a otros “socios” en esa ampliación de puestos.
Vuelta al “modelo Chávez”
El 27 de abril, el TSJ anunció las jubilaciones de los magistrados Elsa Gómez, Maikel Moreno (ambos de la Sala Penal), Edgar Gavidia (Sala de Casación Social, SCS), Luis Damiani Bustillos (Sala Constitucional), Henry Timaure (Sala de Casación Civil), Carmen Alves (Civil igualmente), Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares (estos dos últimos de la Sala Político Administrativa, SPA).
Pero la ONG Transparencia Venezuela advirtió sobre otras cuatro vacantes “claras” por ser “absolutas” desde hace más de un año. Se trata de los magistrados Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega de la Sala Constitucional (SC). La expresidenta del TSJ está jubilada desde 2024 y se incorporó a su suplente, mientras que el también exdiputado de la AN colgó la toga para ocupar el puesto de embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2022 y jamás regresó.
Una tercera vacante es la de la magistrada Bárbara César Siero de la SPA, de la que nunca se supo si renunció o se jubiló. La ONG alertó que dos de sus hermanos (militares) fueron detenidos acusados de conspiración en 2024. La tercera vacante es la del ahora ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, en la SCS.
«La opacidad en el número de magistrados a sustituir afecta la transparencia del proceso y la falta de transparencia incide negativamente en la calidad de la renovación institucional en términos democráticos. Esa información debió quedar clara desde el principio”, señaló el abogado constitucionalista Gustavo Manzo.
Al profesor universitario tampoco le suena bien que desde el Parlamento se anuncie una nueva modificación de la Ley del TSJ para volver a 32 magistrados, cuando en 2022 ese número se redujo a 20.
“Es volver al modelo de Hugo Chávez de control político en el TSJ. El objetivo es tener control, asegurarse mayoría en la toma de decisiones de las salas Lo que debería ocurrir es la modificación profunda del sistema de justicia que lo acerque a los venezolanos y que sea independiente, no sometido a ideología política alguna, desconcentrar al TSJ en Caracas con cortes regionales y que la SC sea un tribunal aparte”, planteó Manzo.
Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo, la lectura es que se pasa a estos magistrados a retiro para “acomodar” posiciones que puedan ser ocupadas por personas que aterricen el mantenimiento del statu quo de una manera más potable o hacia una mayor apertura.
“La lectura política concreta es que aquí hay una oportunidad para ampliar el número de socios del proceso actual, ya que podría haber una mayor participación de otros factores políticos y sociales en ese tribunal ampliado”, apuntó.
“Solución provisional”
Actualmente, la AN se encuentra en fase de designación del Comité de Postulaciones Judiciales conformado por los 11 diputados de la comisión preliminar que a su vez escogen a 10 postulados en representación de la sociedad civil. El diputado y almirante, Giuseppe Alessandrello, del partido de gobierno, Psuv, vuelve a presidir el grupo, de mayoría chavista, al igual que lo hizo para las anteriores renovaciones del Poder Electoral, Poder Ciudadano y TSJ desde 2021.
Entre los preseleccionados por la sociedad civil se encuentran dos postulados por el Foro Cívico, Carlos Molina —también apoyado por el rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago— y Jose Rafael Pena, en un intento por incidir en el proceso. En la lista de 65 escogibles publicada por la AN este 7 de mayo, predominan personas ligadas al chavismo.
Esta misma semana, el TSJ informó finalmente sobre la designación de la directiva de 2026 con cuatro meses de retraso. La magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez repite como presidenta del máximo tribunal del país, que en 2024 avaló la proclamación de Maduro como presidente reelecto sin ordenar al Poder Electoral que publicara las actas de votación para demostrar el supuesto triunfo. El magistrado Elías Rubén Bittar Escalona es el primer vicepresidente y la magistrada Tania D’Amelio Cardiet la segunda vicepresidenta.
“En la primera etapa del cambio del Poder Ciudadano, se mantuvo a Tarek William Saab en una posición elevada, aunque disminuida. Aunque presumimos que se confía en la magistrada Rodríguez para hacer lo que esperan del TSJ, las tendencias en el poder, y evitar demasiados desequilibrios, pueden ser simplemente una solución provisional mientras se define la nueva correlación”, señala Aveledo sobre la ratificación de la exconcejala del Psuv al frente del TSJ.
A Manzo le parece “lógica” la ratificación de la presidenta por responder al “signo gobernante” bajo el tutelaje de Estados Unidos y su plan de tres fases para Venezuela (estabilización, recuperación y transición). Recordó que bajo su presidencia y bajo el reconocimiento de Washington, se declaró a Delcy Rodríguez como presidenta encargada por la ausencia de Maduro, sin declarar falta temporal o absoluta.
“¿Esto significa el desmontaje de la justicia previa al 3 de enero? No sabemos hacia dónde vamos; pareciera que es EEUU el que debe ponerle nombre y apellido a las cosas, porque hasta ahora, bajo el tutelaje, se dan pasos hacia adelante y hacia atrás en la toma de decisiones desde el poder. Hay que esperar los nombramientos definitivos en el TSJ para evaluar si se ponen o no más obstáculos a la transición”, advirtió Manzo.
De la expectativa a la frustración
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, hermano de la interina, ha abogado por lograr los “consensos necesarios” para renovar el TSJ y eventualmente el Poder Electoral.
¿Qué esperar del proceso que involucra al TSJ? El consultor político, Ricardo Ríos, basado en algunos hitos que deben cumplirse como “trazadores” hacia el camino a la transición, es pesimista en cuanto a los resultados.
“Esta semana en particular han ocurrido dos cosas que hablan de un estancamiento hacia la transición. Un tema es todo lo que tiene que ver con el TSJ, que apunta a ratificar que no se trata de una renovación real de poderes. Así como pasó con la Fiscalía, que simplemente pasó de estar encabezada por un aliado de Maduro (Saab) a un aliado de Delcy Rodríguez (Larry Davoe). Aquí está pasando algo similar en cuanto a la no renovación, que parte de la ratificación de Caryslia Rodríguez en la presidencia del TSJ”, expresó Ríos.
Sostuvo que en enero, el principal sustento de Delcy Rodríguez para mantenerse en el poder en condiciones estables era la expectativa sobre los cambios que pudiera impulsar bajo el tutelaje de la Casa Blanca —hasta habló de una reforma judicial—, pero que dicha “euforia” está pasando a una fase de “frustración” por lo que viene sucediendo y que incluye la situación de los presos políticos.
“Esa renovación es cosmética porque se anuncia el aumento del número de magistrados, pero no hay ningún cambio sustantivo en la directiva; sigue exactamente con Caryslia Rodríguez, no hay cambio de actores. Se le acaba a Delcy Rodríguez el margen de maniobra y tiene que negociar; no puede simplemente imponer como lo hizo en la Fiscalía, en Pdvsa y por eso aumenta magistrados, para incorporar a gente de su línea”, dijo.
También alertó sobre otro aspecto. El antecedente que tiene el nuevo encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, en Guatemala como interventor de la designación de magistrados, algo que fue denunciado por el presidente de ese país. A su juicio, no es casual que ahora se acometa una renovación del TSJ en Venezuela.
“No creo que esto tome por sorpresa a Barrett y quizás esto haya sido parte de la negociación. Las últimas declaraciones de la Embajada de EEUU y de Barrett son completamente ajenas a estos temas del TSJ y lo que sucedió con el preso político Víctor Quero Navas, quiere decir que hay un juego en marcha y no se puede ignorar el rol del tutelaje”, añadió Ríos.
Para Aveledo todavía hay una oportunidad: Que las tendencias en el poder faciliten el paso a magistrados de tendencia heterodoxa o aperturista.
“No espero de inmediato un vuelco de 180 grados en la conducta del Tribunal, y aunque puedo temer, de manera más pesimista, simplemente un maquillaje de la continuidad, la oportunidad está abierta para generar algunas voces distintas. Es muy temprano para decirlo, falta la conformación del Comité de Postulación (Judicial), y el proceso, en todo caso, está supeditado a las negociaciones internas dentro de las facciones del Psuv”, acotó.