Varias iniciativas de reforma del sistema judicial se han producido en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder hace más de dos décadas. A juicio de juristas y defensores de derechos humanos el balance siempre es el mismo: no hay avances significativos y grandes males como la falta de independencia, la corrupción, el uso del sistema contra la disidencia política, el retardo procesal y el hacinamiento carcelario, persisten.
«Esta semana estaremos instalando la gran consulta nacional por la nueva justicia», expresó la gobernante encargada Delcy Rodríguez, el pasado 19 de abril.
Durante un acto oficial, la interina avalada por Estados Unidos, propuso avanzar hacia un sistema que no criminalice la pobreza. También pidió que las reformas judiciales no se limiten a hechos de violencia política, aunque alabó la aplicación de la Ley de Amnistía, a partir de la cual gozan de libertad plena algunos dirigentes políticos y ciudadanos comunes.
ONG reclaman que aún existen más de 600 presos políticos en cárceles y centros de detención sin que ninguna prueba los inculpe en los delitos atribuidos, por lo que la amnistía ha sido “excluyente”.
Los abogados expertos en derecho penal, Magaly Vásquez y Eduardo Torres, consultados por Efecto Cocuyo, no ven señales de que un nuevo proceso de reforma judicial, esta vez de la mano del interinato, ni la escogencia de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Asamblea Nacional (AN), vaya a dar resultados distintos. La forma como se seleccionó recientemente al fiscal general y la defensora del pueblo en el Parlamento, advierten, es un mal precedente.
No hay voluntad política
“Delcy Rodríguez hizo un anuncio genérico, se desconocen detalles de la consulta nacional y cuáles serán los temas a tratar. Una reforma del sistema de justicia implica muchas cosas más allá de los operadores, debe ser integral y abarcar todos los ámbitos, desde lo laboral, el funcionamiento de los tribunales, la conducta y desempeño de los jueces, el sistema penitenciario, el Ministerio Público. No solo es el TSJ”, señaló Vásquez.
La doctora en Derecho recuerda procesos pasados, el más reciente, la creación de la comisión especial para «la revolución judicial», designada por el exgobernante Nicolas Maduro y que encabezaron Diosdado Cabello y Cilia Flores como presidente y vicepresidenta, respectivamente. El objetivo, según Maduro, resolver el hacinamiento en los centros de detención preventiva en el país, en un plazo de 60 días. También debían entregar una propuesta de reforma de leyes de justicia y creación de nuevos instrumentos jurídicos.
“Esos procesos solo quedaron en declaraciones y reformas de leyes, no hemos visto nada más. Reformar una ley es secundario si la forma de operar es la misma. Hasta ahora no hay ninguna razón, nada que indique que se puede avanzar. Es un tema de voluntad política y no la hay. Somos escépticos, ojalá se dieran buenas señales hacia un nuevo sistema de justicia, pero de momento no las vemos”, admitió la jurista.
En el periodo 2021-2025, la AN dominada por el chavismo aprobó una reforma puntual de la Ley Orgánica del TSJ para reducir el número de los magistrados de 32 a 20, los que se escogieron en 2021. Además se sancionaron reformas al Código Orgánico Procesal Penal, Código Orgánico Penitenciario, Ley de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los DDHH, entre otras. ONG como Acceso a la Justicia han señalado que “poco o nada” se ha avanzado en la aplicación de dichas normativas por parte de las autoridades.
Para Torres, la negativa del rodrigato a liberar a la totalidad de los presos políticos pese a que permanecen encarcelados injustamente, la indolencia ante las denuncias de los familiares y abogados sobre tratos crueles e inhumanos, torturas y casos de estados graves de salud sin atención médica en las cárceles y centros de detención, son indicativos de que Miraflores no avanza hacia el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho sino hacia la consolidación del poder por todos los medios a su alcance; el sistema judicial es uno de ellos.
“Purga” en el TSJ
La AN nombró este 21 de abril, a la comisión preliminar de diputados que se encargará de designar al Comité de Postulaciones Judiciales, cuya tarea es la escogencia de nuevos magistrados del TSJ. El grupo lo preside nuevamente, el diputado chavista y militar retirado, Giuseppe Alessandrello, quien ha dirigido los procesos de “renovación” de los integrantes del Poder Judicial, Electoral y Moral desde 2021 con resultados ya conocidos.
El presidente de la AN, Jorge Rodriguez no dijo cuántos cargos de magistrados están vacantes, solo que el Parlamento activa el proceso por causas como jubilaciones, renuncias y terminación del periodo de 12 años. El exfiscal venezolano, Zair Mundaray ha señalado que 12 magistrados renunciaron a sus cargos, lo que interpreta como una “purga” para salir de quienes son afines a la diputada detenida en Estados Unidos, Cilia Flores.
“Llama la atención que la AN inicia el proceso sin que oficialmente haya una información sobre la necesidad de cubrir cargos en el TSJ, lo que hay hasta ahora son rumores y los pocos detalles que dio el presidente de la AN. Aquí lo que se aprecia es falta de transparencia en el proceso”, apuntó Vasquez sobre la decisión del Poder Legislativo.
La excandidata a fiscal general recordó que la selección del fiscal general y la defensora del pueblo se dio a partir de la renuncia de Tarek William Saab y de Alfredo Ruiz ante el Parlamento, pero en el caso del TSJ se desconoce oficialmente cuántas son las vacantes y los motivos.
“Lo mínimo que se esperaría es que la AN de a conocer un cronograma, que se siga el proceso establecido en la Constitución, la lista de postulados, el lapso para presentar objeciones, el derecho a la defensa de los objetados, el baremo de selección y que no se repita lo que ocurrió con la designación del fiscal y la defensora”, sostuvo.
El Parlamento designó como titular del MP al abogado Larry Devoe, quien ha sido defensor del Estado venezolano ante organismos internacionales de DDHH y ha negado crímenes de lesa humanidad en Venezuela. También se le considera cercano a Delcy Rodriguez. Analistas y ONG alertaron, a partir de este hecho, sobre la negativa de Miraflores a cooperar con una transición democrática en Venezuela.
“Delcy Rodriguez, además de ocupar el cargo de presidente de la República de manera ilegítima, no goza de credibilidad, tampoco la AN porque es dominada por el Psuv. Un TSJ como lo establece la Constitución, nacerá una vez que se rescate la rama legislativa, mediante elecciones libres que también sirvan para reinstitucionalizar el Poder Público nacional en todas sus ramas e instituciones. Esa es la única vía legítima, constitucional y estabilizadora para recuperar el estado de derecho”, recalcó Torres.
Según El País de España, citando a fuentes ligadas al TSJ, en la docena de magistrados salientes están Edgar Gavidia, primer vicepresidente del TSJ y excuñado de Cilia Flores y la segunda vicepresidenta Tania D’Amelio. Asimismo, los magistrados de la Sala Constitucional, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez Anderson y Michel Velásquez, igualmente “afines” a Flores.
También estarían por salir el expresidente del TSJ, Maikel Moreno, Henri Timaure de la Sala de Casación Civil, así como Juan Carlos Hidalgo y Malaquías Gil, ambos de la Sala Político Administrativa. Tampoco se descarta la separación del cargo de la actual presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, quien llegó a desempeñarse como concejal del partido de gobierno (Psuv) y exjefa de gobierno encargada del Distrito Capital.
También se ha señalado que deben nombrarse sustitutos para la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez y el exdiputado Calixto Ortega y Barbara Cesar. No ha pasado desapercibido además que el TSJ que el 3 de enero designó a Delcy Rodriguez como presidenta encargada sin declarar la falta temporal o absoluta de Nicolas Maduro, no nombró a su directiva para 2026, atribuido al impacto de los eventos del 3 de enero.
“Los grandes males” a erradicar
Vasquez resalta que los ciudadanos no tienen confianza en el sistema de justicia porque no es expedita ni oportuna, porque “no hay acceso a la justicia”. Lo atribuye a la “desidia” del sistema político. Señala por ejemplo que si solo se cumplieran los lapsos procesales establecidos en las leyes, sin necesidad de una gran reforma judicial o de hacer nuevas normativas, no hubiera retardo procesal y por ende hacinamiento carcelario.
“Si se va a una reforma profunda, hay muchos factores que se deben abordar, la falta de autonomía del Poder Judicial, de los magistrados del TSJ y los jueces, que parte de la forma como son designados. Desde hace varios años se suspendieron los concursos para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, el número de jueces provisorios es elevado (90%) y corren riesgo de ser removidos fácilmente. La naturaleza de la función judicial es la autonomía, la independencia”, subrayó la jurista.
Otro de los grandes males señalados por la abogada es la “corrupción galopante” en el sistema de administración de justicia con “tasas” establecidas “para todo”. Advirtió que esta situación alcanza al MP y al sistema penitenciario.
“Hay mucho desconocimiento en las interpretaciones, la aplicación de los procedimientos porque quienes ejercen cargos -no hay que generalizar pero sí hay muchos -no tienen la preparación para ello, no cumplen con los requisitos y están supeditados a instrucciones. Lo que se esperaría de esa consulta nacional es que se escuche a verdaderos expertos que tienen mucho que aportar en materia de reforma judicial, a los ciudadanos”, añadió.
En el contexto de la aplicación de la Ley de Amnistía, ONG defensoras de DDHH han denunciado que hay jueces que se niegan a cumplir con la normativa por “instrucciones políticas” incluso en los casos no excluidos en el artículo 9 de la ley. También ocurre que los recintos carcelarios incumplen boletas de excarcelaciones emitidas por los juzgados.
“Si de verdad quieren hacer una reforma judicial, deben comenzar por investigar a los jueces violadores de DDHH, del acceso a la justicia, del debido proceso legal, destituirlos y castigar penalmente a los que corresponda hacerlo y no limitarse a un nuevo reparto de cargos en el TSJ, como se reparten todos los cargos en los Poderes Públicos desde hace 26 años, entre las mismas cúpulas. Lamentablemente eso es lo que parece que va a pasar, las esperanzas son casi nulas”, manifestó Torres, abogado de presos políticos.