Que el poder político en Miraflores permita que la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, se inscriba como candidata presidencial para las elecciones de 2024 sigue estando en el campo de lo improbable, de acuerdo con analistas políticos.
Se está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la reclamación por vía de hecho y un amparo cautelar que interpuso Machado el pasado 15 de diciembre, con el objetivo de que el máximo juzgado del país confirme que no existe una inhabilitación en su contra por 15 años, tal como lo anunció la Contraloría General de la República (CGR) en junio de 2023.
Para algunos abogados el TSJ ya debió haber respondido a la ganadora de las primarias opositoras del 22 de octubre por tratarse de una situación de violación de derechos constitucionales, pero este miércoles 20 de diciembre, el alto tribunal anunció sobre la notificación que envió a la CGR con fecha del día anterior, para que en un plazo continuo de tres días consigne información relacionada con la inhabilitación de la exdiputada nacional.
El plazo se vence este sábado 23 de diciembre.
«A efectos de emitir un pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la demanda y eventualmente acerca de la procedencia de la solicitud del amparo cautelar, resulta necesario solicitarle a la Contraloría General de la República la remisión de los antecedentes administrativos del caso, con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos mediante el cual le fue impuesta la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machado», señaló la Sala Político Administrativa del TSJ.
TSJ debía solicitar información a la Contraloría
Consultado por Efecto Cocuyo, el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, sostuvo que sin la información que la mencionada Sala solicita a la Contraloría no puede decidir si admite o no el amparo y la demanda de Machado por lo que el procedimiento a seguir era pedir al organismo contralor el documento.
Una vez que la CGR responda al TSJ no le quedará más remedio que pronunciarse, pero recordó que el tiempo de esa respuesta lo determinarán razones políticas y no jurídicas.
«Así como van las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela sería un error para el gobierno acabar de una vez con el tema de María Corina Machado, ratificando el TSJ que está inhabilitada, por lo que le es más fácil diferir lo más que pueda la respuesta y emitirla en un mes por decir un plazo. Todo lo que se decida está impactado por las negociaciones, de lo contrario hubiera respondido rápido. Vamos a ver hasta dónde llegan», dijo.
Advirtió que al no existir el documento que certifique la inhabilitación por 15 años contra Machado, la Contraloría solo enviará la respuesta al diputado de 2020, José Brito, quien solicitó información sobre la situación de Machado previo a las primarias o la medida que se le impuso por un año en 2015 y que ya expiró.
«Si hubo un procedimiento intermedio que llevó a la inhabilitación por 15 años ella (Machado) nunca lo supo porque no le fue notificado y no pudo defenderse. Si la Contraloría no demuestra que siguió el procedimiento para inhabilitarla y ese documento no existe, pues el TSJ deberá decidir que no está inhabilitada y no se le puede perturbar su candidatura», subrayó Rafalli.
Indicó que si el TSJ solo toma en cuenta la respuesta a Brito para decidir contra Machado sería una «barbaridad» y sería propinarle «un hachazo» a la posibilidad de acuerdos en momentos en que las negociaciones políticas parecen estar fluyendo con el reciente intercambio del empresario colombiano, Alex Saab, por 24 presos políticos en Venezuela, concretado entre EEUU y Miraflores con la mediación de Catar.
«El TSJ no tiene necesidad de salir a acabar con la demanda de Machado de una manera irresponsable, inventando cualquier excusa, todavía puede esperar a ver cómo fluyen las cosas entre EEUU y Venezuela. Si admite el amparo quiere decir que las cosas van por buen camino, de lo contrario se estaría jugando una especie de ajedrez perverso para mantener la inhabilitación», agregó.
Respuesta «progresiva»
Este 21 de diciembre, Machado reaccionó en rechazo a la liberación de Saab por parte del gobierno de Joe Biden, pero admitió que fue producto de una negociación «complementaria» de la mesa de Barbados, entre Caracas y Washington, esta vez con la mediacion de Catar, en la que si bien no participa se ha «involucrado» como parte de la ruta para lograr el cambio político en Venezuela.
El jefe de la delegación negociadora de Miraflores, Jorge Rodríguez, negó cualquier intervención de Machado en las conversaciones directas con la Casa Blanca que indicó, comenzaron en mayo para traer a Saab a Venezuela.
«No es descartable una habilitación de María Corina Machado, pero no es lo más probable porque significaría un momento de euforia que no es conveniente para el gobierno porque se sabe y el gobierno lo sabe, que los números de María Corina son muy positivos (encuestas), triplica y un poco más a Nicolás Maduro o cualquier candidato del oficialismo», sostuvo el consultor político Ricardo Ríos.
Apuesta a una respuesta «progresiva» sobre el tema de su habilitación que a su juicio, le permitiría al gobierno avanzar en las negociaciones con logros en áreas como la petrolera y la gasífera, producto de la flexibilización de sanciones, en lugar de cerrar de lleno la puerta de la negociación con EEUU. De Miraflores, señaló, podría esperarse más excarcelaciones de presos políticos y otras concesiones que no toquen de momento el tema de Machado.
En paralelo, cree que mientras Machado presiona porque se elimine la medida en su contra debe evaluar, al menos en privado, una alternativa a su candidatura, aprovechando igualmente el enorme capital político con el que cuenta actualmente, producto de las primarias.
Diferencias internas
Ríos alertó igualmente que las negociaciones con Catar en el medio, que de momento ocasionaron el canje de prisioneros podrán condicionar a la mesa de Barbados en la que sí participa la Plataforma Unitaria Democrática y viceversa, por cuanto, recalcó, cada espacio tiene su peso. Señaló además, en coincidencia con Raffalli, que la solicitud del TSJ a la Contraloría no puede aislarse de este contexto.
«Hay quienes hacen análisis jurídico pero sabemos que este es un tema de coyuntura política que va más allá del deber ser institucional y jurídico, de modo que no lo pondría en el tema meramente procedimental sino su significación política y ocurre en el marco de estas negociaciones que conducen a soltar a Saab y a los presos políticos», dijo.
En el último día (30 de noviembre) del plazo dado por Estados Unidos al gobierno de Maduro luego del acuerdo de Barbados del 17 de octubre, para que se facilitara una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales, se anunció que el TSJ revisaría las inhabilitaciones a solicitud de los interesados.
Otro aspecto tocado por Ríos es que no debe descartarse que la «demora» o el manejo que esté haciendo el poder político del tema de la inhabilitación de Machado sea impactado por diferencias internas en el círculo de Miraflores.
«Entendiendo que cada una de las instituciones es gobernada por diferentes grupos y aunque en general todo lo que involucra el tema jurídico, Contraloría, Procuraduría, TSJ, algunas Salas, tienen una gran influencia de Cilia Flores, no es descartable que se estén generando algunas tensiones entre grupos», acotó.