Juicio a Maduro. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio recibieron la notificación de la Asamblea Nacional que autorizó seguir el antejuicio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, por los supuestos delitos de corrupción y legitimación de capitales, tras la querella en su contra por el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
La información la dio a conocer el alto juzgado desde su cuenta en la red social Twitter, donde mostraron las imágenes de la notificación oficial, el paso que necesitaban los jueces para fijar la nueva fecha para continuar el proceso que se comenzó contra el primer mandatario nacional.
“Recibimos el acta debidamente firmada por la directiva de la @AsambleaVE. Se procede a agregarla al expediente. Continuamos el proceso de antejuicio de mérito contra @NicolasMaduro”, fue uno de los tweets con los que dieron a conocer que está en sus manos el acta de la sesión de la AN, celebrada el pasado martes 17 de abril, cuando 105 diputados de la oposición dijeron sí a la continuación de este juicio.
El documento, que tiene fecha de este lunes 23 de abril, fue firmado por el secretario del Parlamento venezolano, Negal Morales, quien les remitió una copia del acuerdo por el que los parlamentarios de las distintas fracciones que adversan a Maduro, aprobaron “el acuerdo sobre la solicitud de autorización para continuar el proceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro”.
Este domingo 22 de abril, día en que comenzó la campaña electoral para las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo, el TSJ en el exilio hizo la petición formal a la AN de la notificación oficial, lo que ahora les permitirá proseguir el juicio.
Sobre esta decisión, hay críticas de abogados expertos en derecho constitucional y también politólogos que consideran los magistrados en el exilio no son la totalidad del TSJ, que tiene asiento oficial en Caracas, por lo que el proceso tendrá un peso político, pero en lo jurídico no tiene el piso jurídico suficiente.
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No obstante, otros abogados como Perkins Rocha y José Vicente Haro consideran que al aprobarse el juicio, el presidente Maduro quedó inhabilitado para ejercer la Presidencia mientras dure el proceso, además de que no puede optar a un cargo de elección popular durante el desarrollo del juicio; es decir que no podría ser candidato en los comicios del mes de mayo.
En contraposición, Juan Manuel Raffalli recordó que un juicio de esta naturaleza o cualquier otro proceso jurídico conlleva a la efectiva aplicación de las decisiones que de él se emanen, entre las que ya el TSJ en el exilio decidió como la separación del cargo por parte de Maduro y su arresto preventivo.
“Ahora la pregunta clave es ¿quién va a ejecutar el fallo? Si el presidente es removido del cargo por ese TSJ en el exilio, mientras dure el proceso se le pide separarse del cargo hay alguna autoridad pública qué va a ejecutar ese fallo, hay alguna autoridad internacional que pudiera ejecutar un arresto del presidente ?” se preguntó Raffalli la semana pasada.
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