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El abogado experto en materia constitucional, Juan Manuel Raffalli, analizó la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, quienes decidieron que existen los méritos para llevar a juicio al presidente de la República Nicolás Maduro por los supuestos delitos de corrupción y legitimación de capitales.

La medida, que fue anunciada este lunes 9 de abril desde el Senado colombiano, donde sesionaron los jueces, es una decisión que para ser efectiva en el derecho, debe constituir lo que se conoce como «la cosa juzgada material y su ejecutoria«, es decir cuando «las sentencias de un tribunal son ejecutables en la práctica y eso se da cuando tienen capacidad de hacerlo coercitivamente a través de la fuerza pública», explicó para el jurista.

Sin embargo, todavía la Asamblea Nacional no ha decidido si llevar adelante el juicio, porque debe discutirse y aprobarse con la mitad más uno de los parlamentarios, en una sesión que se anunció se llevará a cabo en la sesión el martes 17 de abril del Parlamento.

Raffalli dijo que otra interrogante a resolver es esperar qué hará la AN. Si decide aprobarse el juicio al jefe de Estado, habrá que ver si el TSJ en el exilio continuará el proceso y tal como ocurrió en mayo del año 1993 contra Carlos Andrés Pérez, con la posibilidad teórica de que ocurra la separación de Maduro de la presidencia.

«Ahora la pregunta clave es ¿quién va a ejecutar el fallo? Si el presidente es removido del cargo por ese  TSJ en el exilio, mientras dure el proceso se le pide separarse del cargo hay alguna autoridad pública qué va a ejecutar ese fallo, hay alguna autoridad internacional que pudiera ejecutar un arresto del presidente ?» se preguntó Raffalli.

Aclaró que los jefes de Estado tienen inmunidad y no pueden ser arrestados como cualquier persona, porque además Interpol es un organismo que existe por la cooperación entre las naciones y quienes ejecutan arrestos cuando existen los llamados códigos rojos de alerta internacional, son los propios cuerpos de seguridad dentro de los mismos países.

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«La Interpol se la imagina la gente como una policía de la ONU, pero en la realidad es una red de comunicación internacional de los cuerpos policiales de todos los países del mundo. Esto hace un poco ilusorio que alguna autoridad internacional pueda ejecutar ese fallo sin ser (ese tribunal en el exilio) una corte de carácter internacional. Si alguna autoridad pública en Venezuela está dispuesta a ejecutar ese fallo sería absolutamente sorprendente«, expresó Raffalli.

Para Raffalli la anormalidad que viven las instituciones venezolanas, hará que el Tribunal Supremo de Justicia en el país ratifique las sentencias sobre el Parlamento, sobre su supuesto desacato por el tema de los diputados de Amazonas, que después de dos años de haberse dado un fallo en contra de estos parlamentarios, aún no resuelve el máximo juzgado venezolano.

«Estamos casi a tres años, más de dos años y medio, es decir a la mitad del periodo del Parlamento y todavía no ha habido una decisión sobre esos diputados. Eso revela que ese proceso de juzgamiento perseguía anular a la Asamblea Nacional«, recordó.

Añadió que ya la comunidad internacional está clara sobre lo que ocurre en Venezuela, primero con lo que han hecho en contra del Parlamento y el intento de anular sus facultades, pasando después por la escogencia de una irregular Asamblea Nacional Constituyente y ahora con la convocatoria a unas elecciones presidenciales, que no tienen las garantías para un proceso transparente, lo que debe ser motivo suficiente para los países que ya han repudiado ese evento

Raffalli sostuvo que este proceso servirá más para generar una falsa percepción de la gobernabilidad al Ejecutivo venezolano, porque «la anormalidad del funcionamiento de las instituciones públicas continúa y el que haya un tribunal en el exilio integrado por magistrados constitucionalmente designados por la AN, solo da cuenta de cómo se han materializado diversas decisiones para maniatar al Parlamento».

Foto: Prodavinci

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