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La asociación civil Transparencia Venezuela emitió un comunicado en el que alerta que la falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios –activos y retirados- del gobierno interino, así como los hallazgos que aportan diversos reportajes periodísticos, “presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas” por parte del interinato que dirige Juan Guaidó.

“Los reportajes recogen, entre otras cosas, las denuncias de supuestos sobornos para la recuperación de activos y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior. Señalan también la inexistencia de canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interino”, expone la organización que forma parte de la red mundial de lucha anticorrupción.

Señalan que la Asamblea Nacional, electa en 2015, no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia, contraloría y rendición de cuentas por las denuncias de malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta conocidas en 2019.

Defensa de activos en peligro

En la sesión del 28 de septiembre, el procurador designado por el gobierno encargado, Enrique Sánchez Falcón, alertó que la Asamblea Nacional de mayoría opositora “no ha atendido sus obligaciones de proveer la aprobación de los recursos económicos para el pago de los abogados requeridos para la protección de los activos en el exterior”.

De acuerdo con el abogado, se requiere la aprobación de un presupuesto por 40 millones de dólares para defender activos valorados en 24 mil millones de dólares.

Procurador del gobierno interino advierte que activos en el exterior están en riesgo

Sobre esto, Transparencia Venezuela advierte: “La Comisión Delegada de la AN compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea y para la apertura de investigaciones de la Procuraduría Especial”.

Monómeros

La organización también se refiere a la intervención de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos S.A que es objeto actualmente de una medida de control por parte de la Superintendencia de Sociedad de Colombia que alega incumplimiento de protocolos que previenen el blanqueo de capitales, entre otras irregularidades.

Claves sobre Monómeros y por qué el manejo de este activo pone en entredicho al gobierno interino

“Ni la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control especialmente si se considera que el Estatuto de la Transición señala que las medidas respecto de empresas ubicadas en el extranjero están dirigidas a su protección”.

¿Rendición de cuentas?

En el comunicado argumentan que las rendiciones de cuentas que han hecho funcionarios del interino son incompletas y no están soportadas por informes públicos. Se mencionan los casos de la juntas administradoras ad hoc de Pdvsa, de Pequiven, de Bandes y del Consejo de Administración del Gasto, responsable del Fondo de Liberación.

“Aún no conocemos las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia”, cuestiona Transparencia.

“Se suman a las debilidades en las rendiciones, la omisión o falta de publicación de la memoria de gestión y resultados de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores y los representantes diplomáticos en el exterior, así como los magistrados en el exilio. La Asamblea Nacional, a la que el Fondo para la Liberación le asignó 14 millones de dólares también está en deuda con la transparencia en la administración de estos recursos”, agrega.

Riesgo de corrupción

La organización subraya que “la opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción. Es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático”.

En el comunicado exigen al gobierno interino publicar los informes con soportes y en formatos abiertos que sustentan las rendiciones de cuentas y promover investigaciones independientes sobre las denuncias hechas contra funcionarios y dirigentes políticos.

“Luego de más de dos años de gestionar recursos públicos, se debe encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública superando el argumento de cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores, para no revelar datos y detalles relevantes. La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente”.

Lea el comunicado completo AQUÍ.