El Ministerio Público venezolano recibió una sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que asegura que los jueces de esta instancia piden a la fiscal general de la institución, Fatou Bensouda “mantener un diálogo constructivo” con Venezuela.
Este martes 15 de junio, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado tras recibir el falla de la petición de control judicial que introdujo el organismo ante la CPI el pasado 27 de mayo, cuando se quejaron de un supuesto trato discriminatorio de la fiscal Bensouda.
A pesar de que la funcionaria rechazó estas acusaciones, la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI, según el Ministerio Público en Venezuela, ratifica “la incuestionable colaboración tan fructífera de Venezuela”, en el marco del examen preliminar que abrió la Fiscalía de la CPI para determinar si el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido o no crímenes de lesa humanidad durante su gestión.
“La República Bolivariana de Venezuela considera positiva esta decisión que valora su colaboración con la oficina de la Fisca de la CPI y muestra su satisfacción ante la petición de que esta ejerza una mayor colaboración y tome una dirección más constructiva y seria para los próximos pasos del examen preliminar”, dice el comunicado del Ministerio Público.
La semana pasada en una entrevista con la agencia de noticias Efe, Bensouda dijo que su oficina sí ha colaborado con el gobierno de Maduro.
“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa de La Haya, según Efe.
Este 15 de junio Bensouda entregará su cargo a Karim Khan, un abogado británico que fue designado para el cargo durante los próximos nueve años.
Cuáles son los crímenes que juzga la CPI
La fiscal debe pronunciarse sobre si avanza o no la investigación sobre Venezuela. Desde el año 2018 la Fiscalía de la CPI analiza un expendiente sobre el país. Ya en noviembre pasado aseguró que existen razones para creer que en el país se cometieron crímenes que son competencia de la institución.
La CPI analiza solo los crímenes que considera graves o mayores cuando en el país donde hubo estos delitos no hay verdadera disposición de la justicia para enjuiciar a los responsables. La CPI, según el Estatuto de Roma, juzga genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión.
En el caso venezolano hay dos expedientes. El primero de ellos se centra en analizar si se cometieron crímenes de lesa humanidad y el gobierno de Maduro introdujo una denuncia en contra de Estados Unidos por crímenes de agresión, sobre el que aún no se pronuncia la CPI.
Si Bensouda decide continuar la averiguación contra el gobierno de Maduro no necesitaría la aprobación de los jueces de la Corte Penal, debido a que seis países -Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá- remitieron la situación venezolana al tribunal en 2018, aunque Argentina retiró su solicitud recientemente.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI es uno de los cinco órganos de funcionamiento de la Corte, que debe estar integrada por no menos de seis jueces, según el Estatuto de Roma.