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La asociación civil Súmate analizó la ubicación de 709 puntos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recepción de las manifestaciones de voluntad que se requieren para activar el referendo revocatorio en contra el mandatario Nicolás Maduro, y concluyó que la distribución se hizo con “sesgo político”.

De acuerdo con los datos que aporta Súmate, de los 709 puntos estudiados, 479 (67,5 %) están ubicados en parroquias que han tenido un comportamiento electoral en las últimas elecciones a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Los términos y condiciones que aprobó e impuso el CNE hacen imposible cumplir con el requisito mínimo del 20 % de los electores en el ámbito nacional, exigido por el artículo 72 de la Constitución. Los términos favorecen al funcionario de elección popular que se pretende revocar en detrimento del derecho a revocar de los electores”, cuestiona el comunicado.

Adicionalmente, señalan que el órgano comicial violó la normativa que había aprobado en 2007 para regular el ejercicio de este derecho y que contempla, entre otras cosas, un lapso máximo de tres días para la jornada de recepción de las manifestaciones de voluntad y no uno como se estableció en esta oportunidad.

¿Lista Tascón?

Súmate también cuestiona que los rectores no se hayan pronunciado sobre las declaraciones de los directivos del Psuv, concretamente Diosdado Cabello, quien adelantó que solicitarán al CNE la lista de las personas que firmaron a favor del revocatorio.

“El CNE está en la obligación de garantizar el resguardo de las identidades de los electores para evitar que se construya una nueva lista con los firmantes que ocasionó lamentables episodios de persecución política posteriores al referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004”.

Este antecedente es conocido como la lista Tascón, pues el entonces diputado Luis Tascón pidió la divulgación de los datos de los solicitantes del revocatorio presidencial contra Hugo Chávez lo que provocó el despido de quienes trabajan en instituciones del Estado y otros daños colaterales.