OVP: Tres mujeres privadas de libertad murieron en cárceles venezolanas durante septiembre

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señala que septiembre cerró con el fallecimiento de tres mujeres reclusas bajo custodia del Estado venezolano. Las muertes se registraron en tres centros penitenciarios que, en conjunto, albergan a más de 800 personas y vuelven a poner en evidencia las precarias condiciones de reclusión y las deficiencias en la atención médica de la población penitenciaria femenina.

OVP indica que el 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo (anexo femenino de Tocuyito), donde permanecen más de 300 mujeres. La causa reportada fue un infarto agudo de miocardio.

Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente I, en el estado Táchira, que alberga a más de 250 reclusas. Se reportó como causa un paro cardiorrespiratorio.

A estos dos casos se suma la muerte de Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio. Permanecía detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques (estado Miranda), centro que también acoge a más de 250 mujeres.

Según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones, sus solicitudes de traslado a un centro asistencial fueron ignoradas hasta que su estado de salud se tornó crítico.

En Venezuela hay más de 2.300 mujeres privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios, indica el OVP, que recuerda que el artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y obliga al Estado a proteger la vida de las personas privadas de libertad.

Asimismo, los artículos 83 y 272 reconocen la salud como derecho fundamental y establecen que el sistema penitenciario debe garantizar los derechos humanos de las personas recluidas.

El organismo exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias de estas tres muertes, para determinar qué atención médica recibieron, cuál era su estado de salud previo y si existieron omisiones por parte de las autoridades responsables de su custodia.

También instó al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a garantizar atención médica oportuna y adecuada, especialmente a quienes requieren seguimiento o enfrentan emergencias de salud. “La privación de libertad no extingue el derecho a la vida, a la salud ni a ser tratadas con dignidad”, subrayó el Observatorio Venezolano de Prisiones.