Solicitan medida humanitaria para director de Fundaredes preso en el Sebin

POLÍTICA · 23 AGOSTO, 2021 15:13

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Ibis Leon | @ibisL


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Medida humanitaria. La condición de salud del director de Fundaredes, Javier Tarazona, se deteriora tras cumplir 53 días en el Sebin de El Helicoide, denuncia el defensor de derechos humanos, Alonso Medina Roa.

El abogado advierte que el activista requiere una medida humanitaria porque presenta un cuadro de diabetes, arritmia cardiaca e hipertensión. “Se le ha hecho saber tanto al Ministerio Público como al tribunal de la causa (Tercero de control con competencia en terrorismo) de su condición de salud preexistente y esto ha sido confirmado por los médicos del Sebin. Se han visto en la necesidad de trasladarlo al área médica, por lo menos, tres veces”, señala.

“Se pidió que se le hiciera una evaluación médico forense la cual se estaría practicando en el transcurso de esta semana”, agrega.

Medina también alerta que a Tarazona y a los dos activistas que fueron imputados con él por los supuestos delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo, Rafael Tarazona y Omar García, se les viola su derecho a la defensa porque no les permiten elegir un abogado de confianza.

El pasado viernes 20 de agosto, familiares de Tarazona marcharon en el estado Táchira, de donde es oriundo, para exigir su liberación, pues afirman que su detención se debe a una persecución política.

Fue detenido en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón, a donde acudió, el viernes 2 de julio, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de Polifalcón.

Por los delitos que se le atribuyen podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. El Código Penal Venezolano establece una pena de 20 a 30 años solo por el delito de traición a la patria en su artículo 128.

Medidas cautelares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió el 18 de junio de 2020 la Resolución 30/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Tarazona y su familia, en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.