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Los dos sobrevivientes de la masacre de El Amparo, Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, familiares de 14 pescadores asesinados y activistas de derechos humanos, encabezados por la ONG Provea, realizaron una concentración a las puertas del Ministerio Público para exigir justicia, a 34 años de este crimen.

«Después de más de tres décadas de impunidad, con todos los anuncios que han hecho las autoridades actuales, acerca de la supuesta voluntad para sancionar estas violaciones de derechos humanos emblemáticas del pasado, la verdad es que esta situación continúa sin poderse esclarecer y sancionar a los autores materiales e intelectuales», expresó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

Desde Parque Carabobo, el defensor de DDHH rechazó la impunidad reinante en este y otros casos. Exigió que se eliminen las trabas burocráticas y administrativas que impiden actualmente que el proceso judicial de El Amparo continúe. Recalcó que el sistema de justicia tiene la obligación de dar respuesta a las víctimas y sus familiares.

«Han pasado más de 30 años y las víctimas de delitos contra los DDHH no deberían esperar tanto tiempo para esclarecer su situación», dijo.

Sigue pendiente el juicio

Hace 34 años la versión oficial dio cuenta de la muerte de 14 supuestos guerrilleros al enfrentarse con comisiones del Ejército venezolano, la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y la policía política Disip, cerca del pueblo de El Amparo en el alto Apure, el 29 de octubre de 1988.

Posteriormente se supo que se trató de pescadores, entre ellos padres, hijos y amigos de la comunidad, versión corroborada por los dos sobrevivientes.

Uzcátegui recordó que fue el primer caso venezolano de este tipo llevado ante instancias internacionales y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció (2010) a favor de las víctimas y en contra del Estado venezolano, de allí, la importancia, subrayó, de los organismos internacionales de protección de derechos fundamentales.

«Se ordenaron dos cosas y solo se ha cumplido una pequeña parte que es la indemnización material a familiares y sobrevivientes y todavía queda el inicio de un juicio contra los responsables materiales e intelectuales», acotó el activista.

Lea más en: Diez aspectos claves de la masacre de El Amparo 1988

«Masacraron a personas inocentes»

«Nosotros perdimos a nuestros compañeros, personas inocentes y por eso seguimos luchando, porque masacraron a personas inocentes. Si yo, sobreviviente Wolmer Gregorio Pinilla hubiera sido un vagabundo, jamás me presento ante las autoridades del Estado venezolano, cómo van a creer que un subversivo se va a entregar, un subversivo agarra el monte porque tiene que escapar, nosotros al contrario fuimos a la justicia venezolana, nunca hemos huido, seguiremos adelante para seguir luchando por este caso», expresó Pinilla.

El pescador relató que la vida les cambió a raíz de lo que se conoce como la masacre de El Amparo, pero que también se llenaron de fortaleza para exigir justicia hasta obtenerla con un veredicto final sobre el caso en los tribunales correspondientes. Agradeció a los abogados y defensores de derechos humanos que los han acompañado en esta larga travesía.

Reclaman respuestas por ejecuciones extrajudiciales

Acompañaron también la concentración en Parque Carabobo, el Movimiento Madres Poderosas y familiares de víctimas de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), en las que se ha denunciado ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad venezolanos, porque la «lucha es la misma».

«En mi caso llevo 16 años que un funcionario del Cicpc mató a mi hijo con un tiro en la espalda, él en una oportunidad fue condenado y ocho meses después fue anulado el juicio. Ha sido un trabajo constante, yendoa los tribunales, con el juicio interrumpido y sigue el libertad. Hoy el juicio está por concluir y sigo aferrada a una justicia, las madres con hijos vilmente asesinados necesitamos respuesta porque eran inocentes y los acusaron de delincuentes», dijo Daisy Contreras del movimiento de madres.

De acuerdo con la ONG, Cofavic, desde 2012 hasta julio de 2022, se han registrado al menos  14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

Con información de Mairet Chourio