Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

3

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Aún no está definido quien ese el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero independientemente de quien triunfe, internacionalistas creen que la política de sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro no sufrirán grandes variaciones. Recuerdan que es una postura bipartidista, es decir, entre republicanos y demócratas, solo que los segundos son «más flexibles».

 El directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Iván Rojas y el diplomático de carrera, Gerson Revanales, estiman que de lograr Donald Trump la reelección, su estrategia para presionar a la administración chavista no cambiará sino que será profundizada con, por ejemplo, mayores sanciones contra individualidades y para impedir que empresas trasnacionales negocien bienes con el Ejecutivo venezolano.

Al respecto advierten que si se quieren mejorar los resultados y presionar a Maduro para que acepte negociar unas elecciones presidenciales libres y democráticas en Venezuela, la administración Trump deberá coordinar una estrategia conjunta con países de América Latina, Europa e incluso Canadá.

 Profundización de sanciones

 El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el 25 de septiembre la prohibición de entrada a Estados Unidos de funcionarios de Venezuela e Irán, medida que se extiende también a sus familiares. Esto fue interpretado como un nuevo incremento de la presión. EEUU mantiene las recompensas monetarias para quienes aporten información que facilite la captura de miembros de la administración venezolana, entre ellos el mismo Maduro, por quien se ofrecen 15 millones de dólares.

Para Revanales, de repetir Trump en la Casa Blanca, se sentirá con mayor libertad para ir con más fuerza contra Maduro, por lo que anticipa más sanciones, tanto del tipo individual como las que buscan mayor presión económica, tales como el congelamiento de activos y cuentas dirigidas a realizar transferencias para pagar deudas. También, las medidas contra empresas trasnacionales que comercialicen bienes con Venezuela.

Recuerda que durante su gestión en 20014, Barack Obama dio la primera orden ejecutiva contra violadores de DDHH en Venezuela y eso vino en escalada durante el gobierno del empresario, por lo que no es una política nacida desde su llegada al gobierno en 2016.

 «Espero una posición más fuerte de un segundo gobierno de Trump hacia el régimen de Maduro y los adversarios como Irán que colaboren con él. Pero al mismo tiempo hay que recordar que Trump tiene una política del garrote y la zanahoria, es decir, amenaza, incluso por la vía militar, pero siempre pone sobre la mesa la zanahoria, que es la negociación», señala Revanales a Efecto Cocuyo.

 Rojas advierte que sancionar a los funcionarios no es suficiente, la presión debe estar dirigida también al entorno del gobierno de Maduro para que acepten cooperar, considera que ha faltado claridad en ese sentido para llegar a algo concreto.

Lo que se debe cambiar

«Si gana Trump debería armonizar los objetivos con los aliados de la Unión Europea, que también han hecho un gran esfuerzo, pero falta trabajo conjunto, con el Grupo de Lima también falta coordinación, con Canadá. El objetivo está claro, pero no cómo llegar hasta allí, ha faltado cierta claridad estratégica», expresa Rojas.

 Otro ejemplo, menciona, es el patrullaje estadounidense en el Caribe, pero  falta coordinación con el gobierno de Colombia, asegura, para ejecutar otras medidas contra las actividades del narcotráfico.

 «Cuando el gobierno de un país viola derechos humanos, la comunidad internacional debe cooperar, pronunciarse y actuar para que ese gobierno respete los tratados internacionales que firmó en esa materia. En América Latina, Colombia y Brasil son los más activos en ese sentido, pero otros como México y Uruguay se mantienen neutrales, el apoyo para restablecer el orden democrático en Venezuela no debe ser solo un asunto de EEUU», cuestiona Revanales.

Otro aspecto que debería evaluar tanto el bipartidismo en el Congreso, como una eventual segunda gestión de Trump, a juicio del analista, es el impacto de ciertas sanciones económicas en la población venezolana. Revanales indica que es hora de admitir que medidas como impedir la llegada de combustible profundizan la crisis humanitaria que padecen los ciudadanos dentro del territorio.

 «Presionar al gobierno de Maduro no está mal solo que deberían pensarse más los efectos en la población y no asumir que el cambio político debe ocurrir con el sacrificio de todos, incluyendo a los vulnerables. Maduro sabe aprovechar esa situación a su favor y emplea su maquinaria de propaganda al hacer creer que el culpable de la crisis venezolana es EEUU y su bloqueo», sostiene.

Señales

 El representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, declaró el 29 de octubre que con el fin de aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la administración estadounidense se ha movido para bloquear los canjes de diésel por petróleo que venía realizando la estatal Pdvsa y que se habían permitido hasta este mes de octubre.

ONG venezolanas advierten que el diésel es utilizado por los vehículos de carga pesada para el traslado de insumos desde los puertos y aeropuertos a las ciudades, transporte de animales vivos hacia los mataderos industriales y otros alimentos. Alertan que de faltar el combustible se paralizaría el transporte y con él, «el traslado de insumos indispensables para la supervivencia de millones de familias venezolanas”.

 Rojas agrega que habrá que esperar, de ser reelecto Trump, si se hacen cambios en su Gabinete, en cuanto a los funcionarios claves al frente de la política exterior estadounidense, entre ellos, Elliott Abrams.

 «Si cambian a Abrams sería una señal de revisión, aunque sea parcial de la ruta seguida con respecto a Venezuela, aunque es normal que los segundos mandatos se renueven cargas, se refresquen los objetivos y se muevan fichas dentro de la gestión», aclara.