La directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, alertó que “ha sido una constante que en periodos electorales aumenten los patrones represivos en contra de la sociedad civil” para restringir el espacio cívico.
El aparato institucional, explicó Romero, ha sido adecuado para reprimir. “Los patrones de criminalización aplicados contra disidentes o personas percibidas como opositoras pasaron a ser aplicadas contra integrantes de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos”, señaló.
La especialista fue una de las panelistas del foro Situación del Espacio Cívico y Democrático en Venezuela, organizado este jueves 9 de noviembre por Amnistía Internacional, Wola y organizaciones aliadas en Washington.
Destacó que hay una política de criminalización, represión y control a todas las actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos. En este marco, el sistema de justicia se usa para perseguir, y el Poder Legislativo para promulgar normativas, contrarias a estándares internacionales, para dar una apariencia de legalidad a los patrones represivos, cuestionó.
“De cara a 2024 y 2025 cuando las organizaciones de derechos humanos van a tener un papel muy importante en la documentación, seguimiento y acompañamiento (de procesos electorales) podrán enfrentarse a un aumento de la criminalización en su contra”, advirtió.
Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, también mostró preocupación por “el avance del cierre del espacio cívico y democrático en el país”.
El observatorio documentó, en los primeros 10 meses del año, más de 6 mil manifestaciones de carácter pacífico a nivel nacional.
Destacó que no hay una conducción política detrás de esas manifestaciones sociales, esto revela que los venezolanos se están organizando y articulando cada vez más para defender sus derechos pese a la criminalización.
Carlos Lusverti, representante de la Comisión Internacional de Juristas, reiteró la falta de independencia del Poder Judicial que pasó de no actuar en resguardo de los derechos a “ser un elemento más de la estrategia de restricción de derechos”, en especial el de la libertad de asociación.
El abogado explicó cuáles deben ser los primeros pasos para la reinstitucionalización del Poder Judicial. “Lo más importante es el fortalecimiento y restablecimiento del Estado de derecho, esto pasa por el resguardo de garantías que aseguran independencia e imparcialidad de los magistrados. Las leyes venezolanas aseguran esto, lo que hay es un problema de falta de independencia de facto”, sostuvo.
“Deben cesar los nombramientos de jueces y fiscales provisionales, deben ser designados por concursos públicos de oposición. Es necesario que se derogue la legislación identificada como lesiva y restrictiva de los derechos y que Venezuela de cumplimiento a las recomendaciones de distintos mecanismos de Naciones Unidas, incluida la Misión de Determinación de los Hechos”, agregó.
Ramiro Orias, de la Fundación para el Debido Proceso, subrayó que no solo se trata de asegurar el derecho al voto, sino de una perspectiva más holística en la se respeten las condiciones mínimas de libertad de expresión, de asociación, de acceso a la información en condiciones no discriminatorias. «Si los temas de corrupción y de violaciones de derechos humanos no van a ser parte del debate electoral, estamos lejos de hablar de una elección libre y justa”, manifestó.
Paula Mora, especialista en derechos humanos, afirmó que «hay una privación generalizada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así mismo, subrayó el riesgo «muy alto» que enfrentan sindicalistas, activistas y defensores de derechos en el país.
«La protección de la libertad sindical cumple una función social crucial porque permiten conservar o mejorar las condiciones de vida de las personas y con ello la realización de otros derechos humanos», expresó.
