El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la extensión del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, este viernes 7 de octubre.
La renovación de este mecanismo “es un acto de justicia para las víctimas”, en opinión de Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia y defensor de derechos humanos.
“El hecho de que la votación haya sido tan aplastante nos hace entender por qué el tono de las amenazas del gobierno venezolano. Esperemos que esas amenazas no se concreten porque no tienen ninguna racionalidad, sobre todo esta que tiene que ver con cerrar la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH (ACNUDH )”, declara a Efecto Cocuyo.
La delegación diplomática de Venezuela advirtió, ante el Consejo, que la aprobación de la resolución a favor de la misión podía “incidir negativamente en los procesos de diálogo entre actores políticos del país”. Pero además, señaló que pone en peligro la cooperación con la Oficina de la ACNUDH que hasta ahora tiene presencia en el país.
Para el gobierno de Nicolás Maduro, los hallazgos de la misión son una “ficción” creada por los expertos de la ONU que viola los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Daniels considera que, además de irracionales, las advertencias son contradictorias: “Sancionar a la oficina no tiene ningún sentido, el gobierno venezolano, cuando se hablaba de la misión, contraponía el argumento de que colaboraba con la oficina, entonces menos racionalidad tiene que cierre la oficina con la que dijo colabora por lo que haya dicho la misión”.
Continúa la impunidad
Sara Fernández, abogada especialista en derecho internacional y miembro del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) considera que la aprobación de la extensión del mandato “significa que el Consejo de DDHH escuchó a las víctimas y a los venezolanos sobre la necesidad de mantener este mecanismo”.
La votación evidencia, en su opinión, las razones que dieron origen a la misión; es decir, la impunidad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persisten y por eso es importante renovar la misión.
La abogada destaca los 19 votos a favor versus los cinco votos en contra de la prórroga. Sobre las abstenciones manifestó: “La mayoría de las abstenciones son países del bloque asiático y africano y es usual que haya este número de abstenciones cuando son países que no están directamente afectados por la situación. Pero la abstención es la que permite, en gran medida, que se aprueben las resoluciones, por eso no le damos una lectura negativa”.
Para Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, “la prórroga constituye una victoria de las víctimas y del movimiento de derechos humanos en Venezuela”.
“La aprobación era indispensable para que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos vieran esperanza en que se va a combatir la impunidad de esas graves violaciones”, expone.
El experto argumenta que tanto la misión de determinación de los hechos como la Oficina de la ACNUDH son mecanismos complementarios de la investigación abierta por la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que busca establecer responsabilidades individuales en las cadenas de mando por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Implicaciones
“La misión ha contribuido a que se establezca la verdad recogiendo evidencias que podrán ser útiles para la CPI, se viene un periodo electoral y la experiencia indica que la persecución contra las personas opositoras o que son percibidas como tal se acrecienta”, apunta Ávila.
La abogada Fernández destaca que la decisión del Consejo de DDHH tiene un impacto muy importante porque la investigación de la misión puede ser usada por el fiscal de la CPI como un indicio para crear su estrategia de investigación.
Adicionalmente, explica que la investigación del fiscal de la CPI está pausada mientras espera que la Sala de Cuestiones Preliminares le autorice continuar. En este sentido, la misión adquiere especial relevancia porque tiene un rol de preservar pruebas que pueden ya no estar disponibles cuando el fiscal reanude sus funciones.
Sobre los temas que requieren investigación de la misión, Fernández destaca que en el primer informe identificaron seis estructuras de represión y hasta ahora solo han profundizado en dos.
“Pueden ahondar en las estructuras de represión del Estado, en posibles patrones de persecución en el marco del periodo electoral (presidenciales 2024) y en las violaciones que ocurren en el marco de la explotación minera y que afectan de forma diferenciada a las mujeres y pueblos indígenas”, explica.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, adelantó que harán monitoreo a las violaciones de derechos humanos que ocurran en el marco del proceso electoral presidencial previsto para 2024.
Justicia penal internacional
Daniels subraya que la documentación de la misión enriquece la investigación del fiscal de la CPI y ratifica que Karim Khan tiene competencias para actuar ante la impunidad y persistencia de violaciones de derechos humanos en el país.
La CPI solo puede actuar si demuestra “más allá de toda duda razonable” que el Estado venezolano no puede o no quiere condenar a máximos responsables y garantizar justicia a las víctimas.