Ver más de

La relatora especial de las Naciones Unidas Alena Douhan concluyó, en su informe preliminar, que las sanciones de Estados Unidos a las industrias del petróleo, oro y minería, así como el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias, lo cual ha tenido un efecto devastador en toda la población venezolana». 

En una conferencia de prensa realizada este viernes 12 de febrero, la experta independiente advirtió que las excepciones humanitarias existentes son ineficientes e insuficientes y «están sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipo y maquinaria necesarios para mantener y restaurar la economía y los servicios públicos».

La relatora observó que la reticencia de socios, bancos y compañías de transporte extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha tenido como resultado la imposibilidad de adquirir equipo médico y tecnológico, reactivos y repuestos para la reparación y mantenimiento de los sistemas eléctrico, de gas, agua, transporte público, teléfonos y comunicaciones, escuelas, hospitales viviendas y otras instituciones públicas.

Douhan alertó que los intentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra (equivalentes a casi 2.000 millones en oro) para comprar medicina, vacunas, equipos de protección personal y equipos médicos fueron «infructuosos» como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales. 

Informe preliminar de la relatora Alena Douhan sobre Venezuela by Efecto Cocuyo on Scribd

Corrupción

No obstante, la abogada reconoce que la crisis económica comenzó en 2014 en Venezuela y está asociada a varios factores, entre ellos, a la mala gestión gubernamental, la corrupción y los controles de precios por parte del Estado. 

Entre sus recomendaciones insta al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolanos, así como las sanciones secundarias impuestas a terceros países, y abstenerse de imponer sanciones respecto al suministro de diésel «que pudieran provocar una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes»