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El exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa en el gobierno de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, denunció el allanamiento de su vivienda en Venezuela por parte de los funcionarios de seguridad bajo las órdenes de la administración de Nicolás Maduro.

«Me persiguen y agreden, utilizando la justicia como instrumento de justificación y coacción, judicializando la política, un triste mecanismo que se ha ensayado en nuestra región», aseguró el exfuncionario, a quien la justicia en Venezuela acusa de varios delitos de corrupción cuando estuvo al frente de la industria petrolera en el país.

Ramírez detalló que el allanamiento ocurrió este jueves, 25 de febrero. En una extensa carta dijo que fue la vivienda familiar por más veintiún años, donde crecieron sus hijos. Aseguró que en la residencia había adultos y dos niños, pero «poco les importó» a quienes ejecutaron la medida.

Equiparó este hecho con procesos judiciales contra expresidentes latinoamericanos como Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Lula Da Silva y Rafael Correa.

«Abuso de poder»

El exministro acusó a Maduro de «abusar de todo su poder como jefe de Estado, y de su control sobre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el monopolio de los medios de comunicación social para perseguirme, amenazar y destruir toda posibilidad de mi regreso (a Venezuela)».

El pasado jueves, 18 de febrero, el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre un nuevo caso en contra de Ramírez. Aseguró que el exministro y su primo, Diego Salazar Carreño, solicitaban sobornos a empresas para otorgarles contratos de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

TSJ pidió extradición de Ramírez en 2020

El pago de sobornos salpica a una empresa española llamada Ingelec, dedicada a la fabricación de generadores de energía. Según Saab la compañía, con sede en Sevilla, habría pagado 2,7 millones de euros en comisiones tanto a Rafael Ramírez como a su primo con la finalidad de obtener adjudicaciones públicas.

Además, el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó solicitar a Italia la extradición de Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)”.

En su carta, Ramírez añadió que el allanamiento de su vivienda lo informó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. «Hago responsable de mi vida y la seguridad de mi familia a Nicolás Maduro y Tarek William Saab, por ser instigadores directos de la violencia en mi contra, violadores de mi derecho a la presunción de inocencia, de mi derecho a la dignidad y a la vida».