En menos de 48 horas se anunciaron las detenciones de los alcaldes Keyrineth Fernández (electa en el municipio Jesús María Semprú, del Zulia) y Carlos Rafael Vidal (electo en el municipio Independencia, de Anzoátegui).
Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) son implicados en los delitos de tráfico de drogas y contrabando de combustible respectivamente.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 87, los funcionarios deben ser sustituidos “por el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”.
Solo si se produce una sentencia firme en contra de los alcaldes, antes de que se cumpla la mitad de su mandato, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría obligado a convocar una nueva elección: “Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”, dice la normativa.
Las ausencias absolutas establecidas en la Ley son las siguientes: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.
Según datos policiales, la alcaldesa Keyrineth Fernández llevaba seis panelas de drogas con un peso total de 7,120 kilogramos e iba acompañada por una diputada no identificada. Ambas fueron arrestadas en una alcabala del municipio Zamora, en Falcón, el 28 de enero.
Un día después, el 29 de enero, el vicepresidente sectorial de economía, Tarek El Aissami, informó la detención del alcalde Carlos Rafael Vidal, quién presuntamente formaba parte de una “red de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustible en el estado Anzoátegui” en complicidad con el fiscal superior del estado Bolívar, Manoel Junior Gil Da Silva.
Esta red también estaría integrada por el capitán de la GNB, Antonio José Barrios González, y los ciudadanos Virginia María Azocar y Junior Enrique Nicolás Peréz.
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Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) son implicados en los delitos de tráfico de drogas y contrabando de combustible respectivamente.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 87, los funcionarios deben ser sustituidos “por el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”.
Solo si se produce una sentencia firme en contra de los alcaldes, antes de que se cumpla la mitad de su mandato, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría obligado a convocar una nueva elección: “Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”, dice la normativa.
Las ausencias absolutas establecidas en la Ley son las siguientes: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.
Según datos policiales, la alcaldesa Keyrineth Fernández llevaba seis panelas de drogas con un peso total de 7,120 kilogramos e iba acompañada por una diputada no identificada. Ambas fueron arrestadas en una alcabala del municipio Zamora, en Falcón, el 28 de enero.
Un día después, el 29 de enero, el vicepresidente sectorial de economía, Tarek El Aissami, informó la detención del alcalde Carlos Rafael Vidal, quién presuntamente formaba parte de una “red de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustible en el estado Anzoátegui” en complicidad con el fiscal superior del estado Bolívar, Manoel Junior Gil Da Silva.
Esta red también estaría integrada por el capitán de la GNB, Antonio José Barrios González, y los ciudadanos Virginia María Azocar y Junior Enrique Nicolás Peréz.