¿Qué busca la Ley Antibloqueo presentada por Nicolás Maduro a la Constituyente?

POLÍTICA · 30 SEPTIEMBRE, 2020 17:53

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Deisy Martínez │@deicamar


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El mandatario Nicolás Maduro entregó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el proyecto de Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

De acuerdo con Maduro, la propuesta busca reactivar la economía ante las sanciones internacionales lideradas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos por temas de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Por eso pidió a la ANC, este martes 29 de septiembre, darle urgencia reglamentaria al texto para poder aplicarlo en los próximos tres meses “y hasta que cese el bloqueo” contra su gestión. Esto, pese que el artículo 187 de la Constitución establece que la aprobación de leyes es competencia de la Asamblea Nacional, actualmente presidida por Juan Guaidó.

El instrumento jurídico se refiere a las sanciones de Estados Unidos como “medidas coercitivas unilaterales”, asumiendo el concepto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las define como “medidas económicas, comerciales u otras adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro Estado, o para presionar a individuos grupos o entidades de los Estados seleccionados para influir en su curso de acción”.

Ayudar a sancionados

De acuerdo con Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó, la administración de Maduro busca a través de la Procuraduría General asistir con fondos públicos a “víctimas” de las sanciones, pero no a cualquier ciudadano, sino a los afectados de manera individual por las medidas internacionales.

“Este instrumento está destinado a que los corruptos defiendan su botín”, expresó en su cuenta de Twitter. 

Los más recientes sancionados por EE. UU. fueron la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, y el rector José Luis Gutiérrez por “interferir” en la realización de elecciones transparentes en Venezuela. La medida del 4 de septiembre de 2020 también alcanzó al procurador del gobierno chavista, Reinaldo Muñoz.

 Una “excusa”

 De acuerdo con una campaña desplegada por el canal del Estado, VTV, la llamada Ley Antibloqueo tiene como finalidad: proteger al pueblo venezolano, mitigar los impactos de las sanciones, compensar los daños causados por las sanciones y garantizar la vigencia de los DD- HH.

 También “generar recursos a la nación, impulsar la economía productiva, proteger los activos y recursos del país y blindar la economía frente a los ataques y amenazas, derivadas de la aplicación de sanciones” y “afirmar la soberanía venezolana”.

 “Es instrumento legal, de carácter constitucional, dotará al Estado de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir los efectos e impactos de la política criminal de sanciones por parte de EEUU”, se expresa en una nota de prensa.

 “Con la excusa de enfrentar el bloqueo, proteger el salario y los derechos humanos, mejorar la productividad y la infraestructura, el Proyecto de Ley Antibloqueo confiere enormes poderes a Maduro y crea un cuarto oscuro que impide conocer documentos y procesos”, advirtió el abogado Juan Manuel Rafalli, en su cuenta de Twitter.

¿Qué medidas implica la ley ?

Entre las acciones para lograr los objetivos, el proyecto de ley contempla la protección de los activos venezolanos internos y externos de posible confiscación, con medidas financieras y jurídicas, alianzas con sectores productivos dentro y fuera de Venezuela para desarrollar sectores económicos como hidrocarburos, minería, producción industrial y agrícola, entre otras.

Además, se señalan mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos, atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional, flexibilizando, por ejemplo, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas. También, propiciar incentivos laborales y tributarios, estabilidad jurídica y potenciar el criptoactivo petro. 

Actualmente el Gobierno interino de Guaidó ha logrado la recuperación de activos congelados en el exterior, gracias a su reconocimiento como presidente encargado. Por ejemplo en Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, para aplicar medidas como el Bono Héroes de la Salud, dirigido al personal sanitario venezolano. Otros activos en el Reino Unido (33 toneladas de oro) están en litigio, fuera del alcance, por ahora, de la administración de Maduro.

Efectos esperados o promesas

La Ley Antibloqueo asegura que los recursos que se generen estarán destinados a desarrollar sistemas compensatorios del salario de los trabajadores, financiar el sistema de protección social, recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, impulsar la capacidad productiva nacional, especialmente en las industrias estratégicas. De igual forma, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública.

Se habla igualmente de aplicar “mecanismos financieros para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores”. 

Corresponderá directamente al Consejo de Estado la supervisión y seguimiento de la aplicación de la Ley, así como la verificación del cumplimiento de sus fines. Todos los actos públicos dictados como parte de su implementación quedan sometidos a control posterior por parte de la Controlaría General de la República.

Se advierte que todas las ramas del Poder Público estarán sujetas a esta ley y deberán contribuir con su aplicación, así como las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en todo el territorio nacional.

 A modo de incentivo también plantea estabilidad laboral a los trabajadoras de sectores que participen en proyectos desarrollados a partir de esta ley.

Sin control legislativo

 Rafalli, quien también es profesor del Instituto de Estudios Superiores y de Administración (Iesa) alertó que el proyecto de ley permite desaplicar normas, suscribir contratos y cualquier acto o negocio jurídico sin autorización legislativa, solo bajo la lupa la parcializada Contraloría General de la República, dirigida por Elvis Amoroso. Además, el ente supervisor de la aplicación de la ley es el Consejo de Estado que es un órgano Consultivo del mandatario.

 “Esta ley permite acudir a mercados financieros internacionales para obtener recursos y endeudar más a la República sin controles ni autorizaciones previas. Además los fondos que se obtengan no entran en el control Presupuestario lo que supone que se podrán gastar discrecionalmente”, cuestionó.

Otras irregularidades que el abogado detecta en la propuesta de ley es que abre la posibilidad de otorgar contratos incluso en actividades reservadas al Estado, obviando leyes como la del Régimen de Concesiones y la de Contrataciones Públicas. Señala que además se crearía un mecanismo de reserva confidencial de documentos, archivos y expedientes, lo cual limita el derecho a la información y fomenta la autocensura.

 “Algo positivo pero discrecional, sería la posibilidad de reversar expropiaciones y ocupaciones de empresas privadas e incluir cláusulas contractuales de protección de inversiones, como por ejemplo la solución alternativa de conflictos que incluye el arbitraje”, agregó.