La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de instalar próximamente una oficina en Venezuela “es un logro” para el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui.
El propósito de la oficina es cooperar con las autoridades venezolanas en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y así velar por el cumplimiento del Estatuto de Roma del que Venezuela es signataria.
Fiscalía de la CPI tendrá una oficina en Caracas
“Esta investigación y cooperación lo que hace es ratificar, una vez más, que las autoridades venezolanas no tienen ni la voluntad ni las capacidades para investigar o sancionar los hechos ni para implementar medidas de no repetición de los mismos”, expresa Uzcátegui en un video difundido a la prensa este viernes 1 de abril.
El sociólogo y activista de derechos humanos considera que la profundidad del deterioro institucional en el país y la impunidad que continúa vigente “amerita la actuación de todos los mecanismos de protección con roles complementarios”.
“Su mandato (el de la oficina de la CPI) debe ser robusto para que finalmente los procesos judiciales en nuestro país sean significativos, genuinos y efectivos. Esperamos que esta oficina pueda comprometer a las autoridades a no tomar represalias contra quienes colaboremos con ella”, manifiesta el representante de Provea.
Desde Provea celebran el anuncio de la instalación de una oficina del fiscal de la CPI en Caracas pues consideran que es un “logro” para las víctimas y sus familiares.
“Reconocemos el compromiso que las autoridades estatales han realizado en no colocar obstáculos para el ingreso de miembros designados por la fiscalía para trabajar sobre el terreno”, expresa Uzcátegui.
La presencia de funcionarios de la CPI en el país se suma a la de los oficiales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que trabajan en el terreno actualmente.
“Desde las organizaciones de derechos humanos vamos a seguir exigiendo el ingreso de otros mecanismos a los cuales se les ha impedido venir como la misión de determinación de hechos de la ONU, los relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluye el activista.
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