¿Por qué las sanciones afectan la importación de alimentos y medicinas si hay excepciones humanitarias?

POLÍTICA · 28 FEBRERO, 2021 14:30

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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Aunque las operaciones para la compra de alimentos y medicinas, así como cualquier insumo considerado ayuda humanitaria, están exentos de las sanciones impuestas por Estados Unidos, su importación termina siendo afectada por las medidas coercitivas sobre Venezuela.

El economista Manuel Sutherland enumera una serie de razones que explican los daños colaterales.

“Se supone que la importación de estos elementos está eximida de castigo y persecución, el asunto es que para instrumentalizar su importación necesitas exportar petróleo para tener divisas y esto está prohibido (por las sanciones), necesitas cuentas en el extranjero para hacer los pagos y todos los bancos prácticamente le cierran las puertas al gobierno para evitar ser vistos como sospechosos, nadie quiere arriesgarse a vincularse con un gobierno que está señalado por narcotráfico”, expone.

“Lo tercero es que para importar harina de trigo, por ejemplo, necesitas fletes, contratar seguros y pagar a un montón de gente y esas cosas no están exentas de las sanciones, lo que obliga al gobierno a buscar a terceros que cobran altas comisiones por hacer operaciones de triangulación que generan incentivos para la corrupción y terminan reflejándose en el sobreprecio de los productos”, explica.

Sanciones secundarias

El economista destaca un factor clave: el overcompliance o sobrecumplimiento de la medida que, en palabras sencillas, es la decisión que han tomado bancos, empresas y otros actores públicos y privados de inhibirse de hacer cualquier tipo de operación que pueda ser considerada por Estados Unidos como una acción de “cooperación” con el régimen de Nicolás Maduro por temor a ser sancionados también. Esto ha afectado incluso al sector privado venezolano y a organizaciones no gubernamentales.

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) registra que el trabajo de al menos seis organizaciones de la sociedad civil ha sido obstaculizado por el sobrecumplimiento.

El director de la Asociación civil Convite, Luis Francisco Cabezas, advierte que algunas organizaciones que realizan trabajo humanitario han tenido dificultades para abrir cuentas en el extranjero porque “muchos bancos limitan de manera importante su relacionamiento con clientes venezolanos”.

Esto se debe, entre otros factores, a la orden ejecutiva 13.692 del 5 de agosto de 2019  que abre la posibilidad para que el secretario del Tesoro de EEUU bloquee bienes y propiedades en Estados Unidos de personas o entidades extranjeras si determina que han asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a cualquier persona vinculada a Maduro.

El internacionalista Mariano de Alba califica esta estrategia como sanciones secundarias: “son aquellas que buscan ejercer presión sobre terceros para que limiten o cesen sus actividades con las personas o entidades sancionadas. Esta presión se concreta con la amenaza de cortarle a esos terceros su acceso al país o el bloqueo de bienes”. 

Un ejemplo de esto son el banco ruso Gazprombank y la compañía petrolera Rosneft y su filial TKN Trading International SA, que fueron sancionados por intentar facilitar operaciones a Pdvsa.

Inseguridad alimentaria

Aunque las medidas coercitivas obstaculizan el ingreso de alimentos y medicinas al país, la causa de la pobreza y los niveles cada vez más alarmantes de inseguridad alimentaria y desnutrición tienen su origen en una corrupción sin parangón.

“Se derrocharon enormes cantidades de ingresos petroleros y se destrozó al agro local en manos de una importación fraudulenta y sobrefacturada y la fuga de capitales más grandes en la historia reciente del país”, afirma Sutherland.

“¿Por qué Venezuela no produce sus alimentos ni medicinas?, por qué no usaron parte del millón de millones de dólares que ingresaron entre 1999 y 2015 para construir una industria farmacéutica estatal?, la importación de medicinas alcanzó la grotesca cifra de 3.200 millones de dólares en el 2013 cuando en 1998 apenas fue de 222 millones de dólares. Con 222 millones de dólares se satisfacía la totalidad del mercado local y no había la escasez de medicinas que ya en 2013 se podía apreciar”, expone el economista en su investigación titulada Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela (2019).

La caída de la exportación petrolera y, en consecuencia, de los ingresos en divisas que necesita el país para adquirir los bienes y servicios, tampoco tiene que ver con las sanciones, aunque estas sí exacerban la debacle de la estatal Pdvsa y cortan aún más el acceso de divisas al Estado.

“El feroz derrumbe de la industria petrolera se puede apreciar como un tobogán que arranca en 2009, casi nueve años antes de las sanciones petroleras. El gobierno dilapidó la renta petrolera, endeudó a Pdvsa de forma exagerada y al no realizar las inversiones en mantenimiento que esta empresa requería terminó provocando una caída del 70% en la extracción de petróleo”, agrega.

Corrupción generalizada

El director para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Geoff Ramsey, coincide en que el origen de la crisis humanitaria del país es la gran corrupción y la mala gestión del gobierno nacional.

En ese sentido, el internacionalista considera que el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas Alena Douhan “pone un énfasis desproporcional en las sanciones y no en la mala gestión económica” como causa de la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

No obstante, subraya que la experta independiente apenas presentó un informe preliminar y es necesario esperar sus conclusiones finales que serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“El problema principal no es la visión sesgada de una sola persona sino el hecho de que el régimen solo permite la entrada de algunos relatores especiales y de otros no (como los que tienen el mandato de investigar sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales)”, señala.

Falta de datos confiables

Alena Douhan afirma en su informe que “los impedimentos para la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo, han traído como consecuencia el crecimiento progresivo de la desnutrición en los últimos seis años”, consultado sobre esto, Ramsey responde:

“Por la falta de datos confiables es muy difícil establecer la relación entre las sanciones y la desnutrición. Si es cierto que las sanciones han contribuido a un descenso en las importaciones, el valor del promedio de las importaciones públicas mensuales disminuyeron un 46% en 2019 y un 50% en 2020 después de la imposición de las sanciones petroleras y eso es porque el país ha tenido una relación cercana entre las importaciones y el ingreso petrolero, eso está cambiando porque los actores privados ya no son tan dependientes del Estado para tener acceso a dólares, pero está cambiando muy lentamente”.

La propia relatora admitió no poder ofrecer estimaciones específicas sobre la dimensión del impacto de las sanciones en esa área ni en otras.

Ramsey también destaca el efecto negativo de las medidas contra el diésel. La administración Trump prohibió la importación de este hidrocarburo a Venezuela desde octubre de 2020, a pesar de que un grupo de ONG envió una carta al gobierno estadounidense en la que argumenta lo crucial que es este insumo para fines humanitarios como la generación de energía y la agricultura.

“Más del 70% de la población depende del transporte público de carga para adquirir alimentos y medicinas. El transporte público depende del diésel, es clave para el sector eléctrico, para las plantas de generación de energía en las clínicas y hospitales del país. Es un recurso importante para el país, por eso la misma administración de Trump permitió su importación, fue una excepción humanitaria. La decisión de terminar con esa excepción fue tomada por un análisis falso de que podría tener un impacto mayor para el régimen que para la población en general”, opina.

La Cámara de Transporte del Centro del País calcula que el 95% de los insumos (alimentos, medicinas y demás bienes) son trasladados por vía terrestre, por lo que necesitan diésel.

Sanciones individuales vs generales

Las recientes sanciones de la Unión Europea contra 19 altos funcionarios del gobierno reavivaron el debate en algunos sectores políticos del país sobre los estragos que causan.

Sutherland aclara que las sanciones individuales (que implican la revocatoria de visas y congelamiento de activos) no tienen impacto alguno en la economía, son las sanciones financieras (contra el BCV y bloqueo de cuentas en el extranjero) que iniciaron en 2017, y las económicas y petroleras de mayor calado en 2018 y 2019 las que generan consecuencias para todos los venezolanos.

En su opinión, estas sanciones económicas deben ser levantadas porque profundizan el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la población.

“Las sanciones en casi ningún país del mundo han ayudado a producir un cambio político, tienen que ser sustituidas por un marco de amplia colaboración internacional para frenar el avance de la crisis humanitaria y la pobreza atroz. Se debe abrir el país al mundo y crear mecanismos para que los ingresos provenientes de las exportaciones sean administrados bajo la supervisión de organismos internacionales y actores de la sociedad civil para que se audite hasta el último centavo”, expone.

Ramsey coincide en la poca efectividad que tienen estas medidas para provocar transiciones políticas hacia la democracia. El analista señala que estudios sobre el uso de sanciones económicas en el siglo XX han determinado que logran los resultados deseados en una minoría de los casos, con una tasa de éxito de entre 10% a 34%.

Sostiene que para que sean efectivas deben evitar el impacto general en la población, ser producto de una estrategia multilateral y no unilateral, estar sujetas a objetivos concretos y las condiciones para su levantamiento deben comunicarse claramente.