Las organizaciones Control Ciudadano y Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, respaldadas por más de 300 ciudadanos colombianos y venezolanos, incluidas 60 organizaciones no gubernamentales de ambos países, piden a la Organización de Naciones Unidas (ONU) designar un enviado especial para la atención de la crisis fronteriza.
Los firmantes exigen la implementación de un mecanismo institucional para la protección de los derechos humanos de los habitantes de la frontera con apoyo de la ONU.
Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados colombianos, en el estado Apure, han provocado el desplazamiento forzado de más de 4.000 venezolanos que huyen al departamento de Arauca para preservar sus vidas.
“Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca ocurridos esta semana, como excusa para un escalamiento de tensiones. En este momento debe rescatarse la racionalidad entre la dirigencia de ambos países para trabajar en la solución de los muy graves problemas de seguridad, pues la ausencia de la institucionalidad la aprovechan grupos armados al margen de la Ley, afectando ambos lados de la frontera”, reza el comunicado.
Algunas de las exigencias concretas de las organizaciones de la sociedad civil son:
- Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia dado que desde hace casi dos años no tienen relaciones diplomáticas ni consulares, mientras la dinámica fronteriza esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas que viven en esas zonas fronterizas.
- Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia.
- Ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria urgente frente al desplazamiento y éxodo poblacional forzado desde Venezuela por la violencia y por la crisis humanitaria compleja, así como a la población colombiana retornada.
- Garantizar el intercambio de información epidemiológica, así como el diálogo entre las respectivas autoridades de ambos países y la coordinación de una adecuada respuesta a la pandemia.
- Ayudar a eliminar las minas antipersonas y los restos de municiones usados o sin explosionar, plantadas por grupos armados ilegales y que se han convertido en un grave problema de seguridad fronteriza.
- Promover y facilitar los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, mercancías, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela.