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El Poder Legislativo rechazó el Plan de Recuperación Económica que anunció el presidente Nicolás Maduro. Los diputados opositores aprobaron un acuerdo que ordena suspender de manera inmediata la implementación de este programa y los «factores de corrección» que impulsa el Ejecutivo, en la sesión de este martes 4 de diciembre.

La aceleración de la hiperinflación y su impacto erosivo en la capacidad adquisitiva de los venezolanos motivaron a los parlamentarios a aprobar el documento.

El diputado José Guerra intervino en la plenaria y alertó que el salario mínimo equivalía a 30 dólares, cuando se anunció el ajuste el pasado 17 de agosto, y ahora vale 9 dólares a pesar del nuevo incremento  a Bs. 4.500. «No hubo tal aumento, aquí hubo una disminución de salarios», expresó.

«En septiembre se materializó la tasa de inflación más alta en un mes en todo el continente americano en la historia: 233% fue la tasa de inflación mensual en septiembre», advirtió el también economista.

Guerra insistió en que para superar la crisis económica del país es necesario:

1.- Aplicar un plan de estabilización macroeconómica para detener la hiperinflación
2.- Estabilizar el control de cambio
3.- Refinanciar la deuda externa: Venezuela tiene 6.500 millones de dólares impagos
4.- Reactivar la producción petrolera
5.- Implementar una nueva política social que estimule el trabajo.

La diputada Manuela Bolívar acusó al Gobierno de Maduro de querer «dominar» al venezolano al provocar la crisis económica. «Ellos están pensando en el control social (…) Para lograr la libertad necesitamos más que nunca la unidad de propósito», manifestó.

Ángel Alvarado denunció que el Gobierno, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), pretende solicitar un nuevo crédito a la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 500 millones de dólares.

«La CAF no está financiando a una República sino a una dictadura, se hace cómplice del hambre del venezolano», sentenció.

Agregó que el crédito será firmado por Calixto Ortega Sánchez, quien usurpa el cargo de presidente del BCV, y, por lo tanto, «el crédito será nulo y la República no lo reconocerá en un futuro».

La directiva del Parlamento nombró, además, a los integrantes de la comisión especial que investigará hechos de corrupción y el caso que implica al extesorero Alejandro Andrade y al presidente de Globovisión Raúl Gorrín.

Los integrantes son: Sergio Vergara, Edgar Zambrano, Jorge Millán, Nora Bracho, Manuel Teixeira, Mariela Magallanes, Leonardo Regnault y Juan Pablo García.

Un diferimiento de ley

La segunda discusión de la Ley de Recuperación de Activos Productos de la Corrupción fue diferida por segunda vez en menos de dos semanas. Desde la presidencia se ordenó incorporar el contenido al sistema automatizado de leyes para su debate, lo que puso de manifiesto que los diputados no tenían conocimiento del proyecto de ley aunque era su segunda discusión.

El presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, explicó que el objetivo de la normativa es recuperar parte de los 400 mil millones de dólares que fueron saqueados del país para atender la crisis humanitaria.

En la sesión también se discutió y aprobó el proyecto de Ley Especial Sobre el Régimen de Pensiones de Vejez no Contributivo y se aprobó, en primera discusión, el proyecto de Ley de Migración de Retorno.

Ésta última norma prevé el concepto amplio de refugiado y la garantía del retorno voluntario por diferentes causas.

Los parlamentarios también denunciaron la criminalización de la protesta y la judicialización de dirigentes sindicales. Según la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) actualmente 15 sindicalistas están bajo régimen de presentación.

Bajo régimen de presentación 15 dirigentes sindicales, denuncia la CTV

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Foto (imagen referencial): europapress.es