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Como parte de su respuesta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, la Asamblea Nacional (AN) aseguró que realizará una consulta nacional antes de proceder a subsanar el vacío de poder en el Ejecutivo, solicitado por los magistrados del máximo tribunal constituido en el exterior.

«La Asamblea Nacional debe realizar una amplia consulta nacional sobre esa materia con la participación de representantes de organizaciones políticas y sociales diversas (…) Se debe incluir a la Fiscal General de la República sobre actuaciones que pudieran emprenderse desde el punto de vista jurídico». Con estas palabras la Consultoría Jurídica de la AN, hace pública su decisión al emplazo del TSJ en el exilio que realizó la primera semana de julio de este año.

El TSJ en el exilio aseguró en su fallo del 4 de julio que, además, el presidente Nicolás Maduro habría incurrido en una “renuncia tácita” atras optar por otro cargo público indebidamente asignado, al haberse postulado en la convocatoria a elecciones del pasado 20 de mayo.

El magistrado Antonio Marval, integrante del TSJ autodenominado «legítimo», dijo dos días después que es un deber de la AN nombrar el reemplazo del Presidente de la República para «llenar ese vacío de poder«.

Marval explicó en ese momento a EFE que los magistrados en el exilio consideraron en un fallo que «en Venezuela no hay Presidente«. Esta decisión viene concatenada con la decisión del 9 de enero de 2017 de la AN, en la que determinó que hubo «abandono del cargo» por parte de Maduro.

La consulta que propone la AN prevé incluir a las academias nacionales, universidades, las organizaciones no gubernamentales, iglesias, gremios y federaciones laborales y empresariales, entre otros sectores. Esto para «rescatar la vigencia de la Constitución y del orden democrático (…) Y definir con el mayor consenso posible la manera de lograr ese objetivo», explicó la Consultoría Jurídica.

También expuso que se debía «reconocer la realidad de que si esa decisión no se ha ejecutado es porque estamos ante un régimen de hecho, de fuerza, y no ante la vigencia del estado de derecho«.

Eso es lo que «ha impedido que los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia designados legítimamente por la Asamblea Nacional, puedan tomar posesión de sus cargos, y no es porque ellos no han tenido la voluntad de hacer valer sus designaciones», indicaron.

Un llamado a “actuar con coraje” enfrentó a los opositores en la AN