¿Qué es un estado de conmoción interior? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo afecta la cotidianidad de los venezolanos?, son algunas de las preguntas que se han hecho los ciudadanos desde que el presidente Nicolás Maduro asomara con activar este mecanismo de continuarse presentando “hechos de golpismo” en el país.
Sin embargo, para poder entender este nuevo anuncio del mandatario nacional, es necesario comprender el funcionamiento de un estado de excepción.
Según lo consagrado en el artículo 337 de la Constitución, los estados de excepción funcionan como un mecanismo que,”en momentos en el que el país se enfrente a circunstancias extraordinarias de orden social, político y económico que atenten contra la seguridad de los ciudadanos e instituciones”, podrá ser aprobado para otorgarle nuevas facultades al Presidente de la República con el fin de combatir la crisis.
De esta manera, se entiende, un estado de excepción solo podrá declararse en momentos de suma gravedad, donde resulten insuficientes los medios habituales que posee el Estado para afrontar un problema.
Asimismo, conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción (Loee), el Presidente podrá “dictar todas las medidas que estime convenientes en aquellas circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la Nación” y “dictar medidas de orden social, económico, político o ecológico cuando resulten insuficientes las facultades de las cuales disponen ordinariamente”.
Por lo tanto, el jefe de Gobierno estará habilitado para, entre otras cosas, racionar el uso de servicios públicos, disponer del Tesoro Nacional para tomar medidas no incluidas en la Ley de Presupuesto, ordenar movilizaciones de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional y confiscar bienes de propiedad particular que sean necesarios para garantizar la seguridad.
En ese sentido, por ejemplo, si un ciudadano cuenta con un negocio de repuestos para automóviles, el Gobierno nacional podrá apropiárselo si considera que el establecimiento atenta contra “la seguridad del país” o este permite solventar parte de la emergencia para lo cual fue declarado el estado de conmoción.
Estados de excepción: cuáles y en qué se diferencian
Se distinguen cuatro maneras de aplicar un estado de excepción: 1. estado de alarma, en casos de catástrofes naturales; 2. estado de emergencia económica, durante circunstancias económicas que afecten la vida económica de la Nación ; 3. estados de conmoción interior, en caso de conflicto interno, que ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos ; 4. estado de conmoción exterior, para conflictos externos.
De acuerdo a la Carta Magna, el efecto de los decretos varía dependiendo de las circunstancias que afronte el país. No obstante, cada estado de excepción cuenta con un lapso de tiempo determinado.
Por un lado, el estado de alarma tendrá una duración de 30 días; el estado de emergencia económica, 60; y 90 los estados de conmoción interior y exterior. Asimismo, cada resolución contará con una prórroga de la misma cantidad de días correspondiente.
¿Qué implicaciones trae un estado de conmoción interior?
Las facultades con las que podrá contar el Presidente de la República a la hora de aprobarse un estado de excepción dependerá de las circunstancias que afronte el país.
De este modo, el estado de conmoción interior, al aplicarse bajo una alteración del orden público interno, lo lógico es que resulten afectados solo los derechos políticos y civiles, entre ellos el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, por lo que quien los realice se expone a ser sancionado, incluso con la detención.
Por ende, se puede suponer que, con la aprobación de este decreto, quedarían prohibidas movilizaciones de protesta y otro tipo de actividades vinculadas a la expresión popular, por ejemplo.
¿Se pueden suspender elecciones con un estado de excepción?
Los reglamentos de la Loee son claros: no podrá ser suspendido el derecho a la participación, el sufragio y el acceso a la función pública. Del mismo modo, el Estado permanecerá sometido a las regulaciones y controles de la jurisdicción. Dicho de otra manera, las medidas que dicte el Presidente tendrían un límite impuesto por la ley.
Además, se especifica que la declaración de un estado de excepción no podrá interrumpir el funcionamiento de los diferentes órganos del Poder Público. En otras palabras, durante el lapso de excepción, las instituciones que conforman el Estado venezolano, dígase el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Ciudadano y Electoral, seguirán cumpliendo con su competencia respectiva.
¿Qué deben hacer las personas que se encuentren dentro de un territorio en estado de excepción?
Conforme al artículo 17 de la Loee, “toda persona natural o jurídica, está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso”.
De negarse a cumplir con las autoridades, los ciudadanos pueden ser sancionados de acuerdo a lo referido en la ley, por ejemplo, por desacato a la autoridad.
Por el contrario, si el incumplimiento viniera de parte de la autoridad, este resultaría removido del ejercicio de su cargo. No obstante, de tratarse de autoridades electas por voluntad popular, es decir, mediante elecciones, se procederá acorde a lo contemplado en la Constitución y las leyes.
Trayecto de un estado de excepción
Desde el año 2015 el jefe de Estado ha decretado 4 estados de excepción. El primero, el 22 de agosto del año pasado, lo hizo en seis municipios del estado Táchira para combatir “el contrabando de extracción”. En la segunda ocasión, 20 días luego, extendió el decreto hacia los municipios fronterizos de los estados Amazonas, Apure y Zulia.
Posteriormente, durante el pasado mes de enero, el Presidente pidió la aceptación de un decreto de emergencia económica que, a pesar de haber sido rechazado por el Poder Legislativo, fue puesto en marcha en el mes de marzo tras ser aprobada la constitucionalidad del decreto por el órgano judicial.
Acto seguido, el 13 de mayo declaró un nuevo estado de excepción, del cual no ofreció más detalles, y solicitó la extensión del decreto de emergencia económica por 60 días más. Cuatro días luego, el 17 de mayo, se repitió la historia: el Parlamento negó el decreto, pero el 19 del mismo mes el Tribunal Supremo de Justicia lo aprobó. Este pudiera ser el tránsito de un eventual nuevo decreto.
Foto: Globovisión