El padre Alfredo Infante (sj) dijo estar en paz con su conciencia, con Dios y con el país, y sentirse fiel al mandamiento sagrado: «No matarás». «Desde Lupa por la Vida no hemos hecho otra cosa que defender el derecho a la vida», aclaró.
Las ONG Provea y Lupa por la Vida, el pasado mes de marzo, dieron a conocer su informe sobre ejecuciones extrajudiciales que cometen cuerpos de seguridad, civiles y militares en Venezuela y, entre otras cosas, solicitaron al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, que ordene una investigación sobre los asesinatos en los que está inmerso el cuerpo de la policía estadal.
En respuesta, Lacava, demandó por difamación al padre jesuita Alfredo Infante y al coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado, este 16 de mayo.
Horas después, Infante padre de la parroquia San Alberto Hurtado, en La Vega, y experto en derechos humanos y derecho humanitario, escribió en la cuenta de Twitter @ParroquiaSanAl4 que «especialmente de los jóvenes de nuestros barrios son víctimas de una alta letalidad por parte de los operativos policiales.
«El señor Marino Alvarado y mi persona hemos exigido se investigue las elevada cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 1.414 en 2021, todas de jóvenes de sectores populares. Si calláramos esta injusticia y el dolor de tantas madres, estaríamos en pecado mortal. Es, pues, también, para mí, un asunto de conciencia y de fe».
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, informó que este lunes 16 de mayo recibieron una notificación de un tribunal penal del estado del centro del país, donde les detallaban los motivos de la demanda.
«Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», dijo Alvarado en un video en sus redes sociales.
De inmediato, José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó en su cuenta de Twitter «toda mi admiración y solidaridad con los defensores de ddhh @marinoalvarado y el @centrogumilla».
Y exhortó que debía informarse de inmediato al fiscal de las Corte Penal Interamericana (CPI), Katim Khan «este vulgar amedrentamiento/encubrimiento».
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El padre Alfredo Infante (sj) dijo estar en paz con su conciencia, con Dios y con el país, y sentirse fiel al mandamiento sagrado: «No matarás». «Desde Lupa por la Vida no hemos hecho otra cosa que defender el derecho a la vida», aclaró.
Las ONG Provea y Lupa por la Vida, el pasado mes de marzo, dieron a conocer su informe sobre ejecuciones extrajudiciales que cometen cuerpos de seguridad, civiles y militares en Venezuela y, entre otras cosas, solicitaron al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, que ordene una investigación sobre los asesinatos en los que está inmerso el cuerpo de la policía estadal.
En respuesta, Lacava, demandó por difamación al padre jesuita Alfredo Infante y al coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado, este 16 de mayo.
Horas después, Infante padre de la parroquia San Alberto Hurtado, en La Vega, y experto en derechos humanos y derecho humanitario, escribió en la cuenta de Twitter @ParroquiaSanAl4 que «especialmente de los jóvenes de nuestros barrios son víctimas de una alta letalidad por parte de los operativos policiales.
«El señor Marino Alvarado y mi persona hemos exigido se investigue las elevada cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 1.414 en 2021, todas de jóvenes de sectores populares. Si calláramos esta injusticia y el dolor de tantas madres, estaríamos en pecado mortal. Es, pues, también, para mí, un asunto de conciencia y de fe».
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, informó que este lunes 16 de mayo recibieron una notificación de un tribunal penal del estado del centro del país, donde les detallaban los motivos de la demanda.
«Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», dijo Alvarado en un video en sus redes sociales.
De inmediato, José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó en su cuenta de Twitter «toda mi admiración y solidaridad con los defensores de ddhh @marinoalvarado y el @centrogumilla».
Y exhortó que debía informarse de inmediato al fiscal de las Corte Penal Interamericana (CPI), Katim Khan «este vulgar amedrentamiento/encubrimiento».