Con la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, el panorama político cambió en Venezuela. Aunque desde Miraflores, donde ahora despacha la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insisten en que llevan adelante un proceso de reconciliación nacional, que ha traído una “ley de Amnistía”, persiste el temor a que en cualquier momento el régimen pueda echar mano de las leyes creadas para la persecución de la disidencia.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien entre sus responsabilidades tiene la dirección de los cuerpos policiales del país, advirtió esta semana que la llamada Ley de Amnistía “no protege contra delitos futuros”. Sobre quienes buscan acogerse a la medida, dijo que tienen “un grave problema” si asumen que pueden actuar impunemente. “No estoy amenazando, estoy haciendo un favor para evitar confusiones y fomentar un clima político más estable”, espetó
En atención a esta preocupación, un grupo de organizaciones no gubernamentales y gremios está impulsando ese debate. “Provea junto con otras organizaciones hemos estado exigiendo la derogación de un conjunto de leyes que forman parte, a nuestro juicio, de un andamiaje jurídico paralelo a la Constitución y que fue instrumentalizado para perseguir y para reprimir a los venezolanos que piensan distinto, que actúan distinto a la narrativa oficial, que no es otra cosa que la imposición de un modelo autoritario”, sostiene Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Señala que en este momento que atraviesa el país debe traducirse en el fortalecimiento del ideal interamericano de una democracia integral, que brinde las garantías plenas para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. A su juicio, hay un conjunto de leyes que resultan contrarios a ese ideal.
“Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es la eliminación, de hecho, del pluralismo y del disenso como condiciones inherentes a la búsqueda de soluciones a los problemas de un país. Es decir, no se puede debatir un país si no hay garantía para el ejercicio de la libre expresión, del disenso y del pluralismo, y este conjunto de leyes, hacen, imposible que podamos avanzar hacia un restablecimiento de las garantías constitucionales”.
Las leyes polémicas
Murillo explica que las leyes en cuestión son: La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. “Es una ley que tiene bastante tiempo, pero que vino a poner unas alcabalas y unos filtros a la protesta social en las empresas del Estado. Es decir, tenía una funcionalidad política”, comentó.
La ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, que considera ha sido aplicada con tal discrecionalidad que Venezuela lidera las causas penales imputadas por una ley de antiterrorismo en América Latina.
La Ley contra el Odio, que a juicio del propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha sido empleada con excesos, por lo que anunció su reforma.
La ley contra las ONG, la ley Simón Bolívar y la Ley antibloqueo también forma parte de los instrumentos legales que consideran debe derogarse.
El odio a la libertad de expresión
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) es otra de las organizaciones que están impulsando la eliminación de los instrumentos legales. A la lista mencionada, la secretaria general del gremio, Delvalle Canelón, agrega la necesidad de que se supriman los artículos que contemplan el vilipendio y los delitos de desacato en el Código Penal, y la ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Explica que ese conjunto de leyes limitan la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y de opinión.
En los casos abiertos contra disidentes políticos destaca el uso común de la denominada la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en Venezuela. Con ella se envía a prisión a un ciudadano solo por expresar su punto de vista.
En un detallado trabajo, la organización Acceso a la Justicia, desgranó los preceptos que tachan como inconstitucional a esa ley, aprobada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente en 2017, una instancia creada para anular la voluntad popular que dio mayoría calificada a la oposición en el Parlamento en el año 2015.
Entre otros preceptos, señala que la misma no es constitucional porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, por mencionar algunos: la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
Explica que castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio. Sanciona con quitarles la licencia a los medios que emitan mensajes de odio y también con bloquear páginas web, así como obliga a quien emita por las redes sociales un mensaje de esta índole a eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes, so pena de ser sancionado.
Obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del Gobierno, bajo riesgo de sanción. “Está claro que si los medios no pueden expresarse libremente, los ciudadanos tampoco pueden estar debidamente informados, y si la información es del Gobierno y obligatoria, puede transformarse en propaganda política”, advierte la ONG.
“No solamente es una ley altamente restrictiva, es una ley una ley que en vez de ser contra el odio, promueve el odio. Es altamente punitiva. Es una ley además discrecional al funcionario que detenga a la persona o al periodista”, argumenta Delvalle Canelón.
Añade que ha servido para extorsionar a la población venezolana, como lo confesó el diputado del Psuv, Jorge Arreaza, al comentar la práctica de organismos policiales que instalan alcabalas para revisar los teléfonos de los ciudadanos.
Pero además, este instrumento limita el trabajo periodístico. “Promueve la censura previa, algo que está prohibido en la Constitución”, asevera Canelón. “Es altamente dañina no solamente para el ejercicio del periodismo, sino para la libertad de expresión en general en Venezuela”, opinó.
Pavimentando la redemocratización
Para Óscar Murillo, “la democracia o lo que vamos a construir para llegar a la democracia, debe hacerse con instituciones, con normas, con leyes, con resoluciones que respeten los derechos humanos. Entonces, ¿para qué nosotros pedimos la derogación de esta ley o la revisión o la modificación de esas leyes? Bueno, porque necesitamos reformar el sistema de justicia, porque necesitamos garantizar la participación de la sociedad civil y porque es un paso clave en el desmantelamiento del aparato represivo. La amnistía es insuficiente”.
En ese sentido, considera que la declaración del ministro Cabello es “inoportuna, es saboteadora, es absolutamente imprudente” y “devela esa resistencia de un grupo en el poder que ha hecho de la represión su única fuerza para mantenerse en el poder”.
“Lo que a mí me convence, lo que a mí me motiva y yo creo que eso es un sentimiento nacional, es que los anhelos de libertad, los deseos de libertad y de justicia, es decir, de un verdadero cambio por la democracia y no una simulación, definen el sentimiento de una Venezuela que está expectante, pero que exige sensatez y decisiones que trasciendan en el ahora”, dijo Murillo.
Por su parte, la secretaria general del CNP explicó que esa organización está trabajando conjuntamente con las organizaciones que participan en la Alianza por la Libertad de Expresión, entre las cuales está el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Ipys y el Ininco, para presentar esos instrumentos legislativos y ya están en conversaciones con algunos representantes del Legislativo para revisar estas leyes.