Pese a la promesa del presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 y jefe de la bancada del chavismo, Diosdado Cabello, según la cual, la ley para regular y fiscalizar a las ONG quedaría sancionada este 21 de mayo, la plenaria sólo sometió a la segunda discusión nueve artículos del instrumento legal (de 39) y difirió la materia para una próxima sesión.
“Pudo haber dos razones para que no se aprobara de una vez. La primera para asustar, intimidar, para abrir espacio de negociación con la participación de Estados Unidos o no hay consenso interno para avanzar en estos temas, sobre lo delicado del contenido y los efectos que pueda tener esta ley”, expresó el codirector de la ONG Civilis, Mario D’ Andrea, consultado por Efecto Cocuyo.
Para el también abogado, codirector de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels, es difícil establecer los motivos del diferimiento porque no se dijeron en la sesión de la AN, pero también coincide en percibir que pueda deberse una falta de acuerdos en el seno del gobierno.
“O simplemente se trató de utilizar la discusión como un medio de amenaza a las organizaciones, para dar a entender que, así como pararon, pueden aprobarla en cualquier momento, como esos escenarios pueden haber otros tantos”, dijo.
“Ninguna ONG se escapa”
El proyecto aprobado en primera discusión por el Parlamento con mayoría del chavismo en enero de 2023, fue extendido de 17 artículos a 39 y dos disposiciones transitorias en el informe para segunda discusión, tras el proceso de consulta pública que ONG denunciaron, estuvo parcializado hacia grupos progobierno. Los cambios partieron desde el mismo título: Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. La frase organizaciones sociales sustituyó a la palabra “afines”.
D´ Andrea indicó que el cambio en el título implica ampliación del alcance del instrumento legal hacia fundaciones.
Advirtió que no está claro si incluirá medios de comunicación algunos legalmente registrados como asociaciones civiles o fundaciones, aunque recordó que los medios se rigen por una ley especial y entraría en las exclusiones de la ley que establece el artículo 2 aprobado este martes en sesión ordinaria.
“Los colegios privados son asociaciones civiles, pero se rigen por la ley de Educación, pero si tienen una fundación esta entraría en la ley, al igual que un gremio como Fedecámaras, mas no las empresas afiliadas. Esto no cambió, estaba en el proyecto aprobado en 2023” apuntó D´ Andrea.
Daniels afirmó que la idea es que ninguna ONG se “escape” del texto legal, por cuanto puede haber organizaciones que no trabajen bajo el velo de asociación o fundación y la intención es incorporar a todas, independientemente de la forma particular de asociarse.
“Que todas las ONG, independientemente de su forma social estén incluidas. No tiene sentido incorporar a partidos políticos porque ellos ya tienen su ley, los sindicatos tampoco porque tienen su ley especial. Esa expresión lo que busca es tener la seguridad de que todas las ONG estén involucradas por la ley”, acotó.
“El Estado no quiere ONG incómodas”
La mayoría de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) hace énfasis en la regulación del financiamiento (la palabra se agregó a los artículos 1 y 3 sobre el objeto y finalidad) internacional que reciben las ONG como objetivo principal de la ley.
A juicio de voceros como Cabello, dichos recursos, de al menos 62 ONG, estarían siendo utilizados por las organizaciones para supuestamente inyectárselos a partidos políticos y costear “actividades terroristas” contra el país y “hay que legislar para frenarlo”.
Durante el inicio de la segunda discusión en el Palacio Legislativo, el diputado Julio García Zerpa (Psuv) sostuvo que Venezuela está “bajo el acecho” de Estados Unidos, país de donde provienen principalmente los recursos que reciben las ONG para ayuda humanitaria, para justificar la necesidad de la ley. Aseguró que las que realizan “verdadera acción social” no debían preocuparse, en cambio, las que a su juicio incurren “en malos manejo de fondos”, sí.
En el segundo bando ubicó a una ONG que recibe financiamiento de la Fundación Simón Bolívar para trasplantes infantiles, dependiente de Citgo y hoy es manejada por sectores de Voluntad Popular (VP).
También a la ONG Convite (dedicada a la atención de personas de la tercera edad) por presuntamente recibir financiamiento estadounidense y de manejarlo “irregularmente”. En la primera discusión de 2023, Cabello ya había mencionado a organizaciones como Provea y Súmate.
“La excusa de la ley es el tema del financiamiento, pero sobre esto sólo hay tres artículos y son más de 30, entonces a cuenta de qué tienes el resto de los artículos. El peligro es que esta ley vaya a ser utilizada con fines de persecución y sanción de las organizaciones, porque primero establece la regla de que las que ya están constituidas tienen que hacer el registro otra vez y a partir de allí el gobierno puede pedir requisitos y legalizar sólo aquellas organizaciones que considere menos molestas”, subrayó Daniels.
D’ Andrea recordó que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y sus instituciones no funcionan con base en el Estado de derecho, además de estar permeadas por la corrupción, por lo que no son capaces de ofrecer respuestas y ayuda a los ciudadanos, quienes las buscan, afirmó, en las ONG, fundaciones y demás organizaciones sociales, la cuales, a su juicio, son las que “dan la cara” por el Estado.
“El Estado no quiere ONG que velen por los derechos humanos, que denuncien en la Corte Penal Internacional, no quiere ONG incómodas”, subrayó el abogado.
Resaltó además la intencionalidad de vincular a las ONG con partidos políticos de oposición para ir contra ellas.
Alcabalas y trabas
El capítulo II del proyecto de ley por el cual partirá la continuación de la segunda discusión (artículo por artículo) está referido por un nuevo registro al que deben someterse las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) que será el órgano competente para otorgar personalidad jurídica (artículo 11).
Las ONG han señalado que ya existe un registro para las organizaciones de acuerdo con el Código Civil venezolano, además de que declaran la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que demuestra que ya están registradas para el Estado.
D’ Andrea advirtió que un registro adicional generará una carga económica importante para las organizaciones que no rinden utilidades al final de año como una empresa privada, además supone una nueva “alcabala” por parte del gobierno nacional.
Entre los artículos que faltan por ser sancionados resalta el 23 que establece prohibiciones para las ONG: Recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones; realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos; promover el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia o cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico.
El incumplimiento de dicho artículo es causal de disolución ordenada por un tribunal, según el artículo 28, incluyendo la falta de pago de cualquier multa impuesta por incurrir en “ilícitos formales” que van de entre 100.000 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (artículos 35 y 36).
Régimen sancionatorio «abusivo»
“Tiene un régimen sancionatorio tan abusivo que por ilícitos formales, que es no entregar un documento, pueden imponer una multa que puede ser de 100 a 500 dólares y si eso vuelve a ocurrir, la multa puede ser de 500 hasta 5.000 dólares y si no tienen esa cantidad pueden ser disueltas. Al final, lo que demuestra es que el proyecto de ley tiene un fin absolutamente punitivo”, rechazó Daniels.
Ambos abogados alertaron de nuevo sobre el carácter discrecional que puede tener la aplicación de la ley puesto que puede considerarse fascismo que es causal de disolución, a las ideas conservadoras, ideales neoliberales y cualquier afirmación que denigre de las instituciones, según la ley contra el fascismo, aprobada en primera discusión por la AN de 2020.
“La ley tiene un fin punitivo y no de proteger la libertad de asociación. El gobierno en vez de ver a las ONG como aliados, porque todas tienen como metas el bien común, las ve como enemigas del Estado y esa es la visión con la que está hecha este proyecto de ley, a pesar de que las ONG lo que quieren es lo mejor para los ciudadanos”, aseguró Daniels.