El jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Diosdado Cabello, presentó ante la cámara una propuesta de ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela.
La iniciativa legislativa de 17 artículos y dos disposiciones transitorias fue aprobada en primera discusión en la sesión ordinaria de la AN de 2020 este 24 de enero, con el voto salvado de la Alianza Democrática, que aseguró -en palabras de José Brito- que se necesita una discusión amplia con todos los sectores del país.
Cabello, también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) partió de la premisa de que existen ONG venezolanas que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al gobierno y es «hora de legislar» para frenarlo. Aseguró que las organizaciones dedicadas a la labor humanitaria «no tienen nada que temer».
«Tengo una lista de 62 ONG que operan con fines políticos en el país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones. El fin no es humanitario ni social sino de imponer lo que ellos interpretan como democracia», señaló el alto vocero del chavismo.
Entre las organizaciones que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
A algunas de ellas como Futuro Presente y Lidera las asoció con partidos de la oposición venezolana como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular, al asegurar que son fachadas de estas organizaciones para generar desestabilización.
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El voto salvado
Cabello indicó que dicho listado de ONG que advirtió, no dependen del gobierno venezolano pero sí de la administración de Estados Unidos y por lo tanto no pueden llamarse ONG, ha recibido 3.000 millones de dólares y no se sabe quién los administra ni a quiénes beneficiaron.
«Las ONG no nacen de la nada, detrás hay caras, nombres, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. ¿Quién se ha aprovechado de esa plata? Si revisamos los nombres, viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo», sostuvo.
Brito, por su parte, aseguró que tenía una lista más larga que la presentada por Cabello, quien se rió ante la aseveración del legislador de la Alianza Democrática.
“Quiero hacer énfasis en esto. Por unos pocos vividores, que los hay, que han desviado el propósito humanitario y altruista, llegando a desestabilizaciones, no pueden pagar justos por pecadores. Hay revuelo en la opinión pública, sin embargo, nadie puede oponerse a que ocurra un registro, fiscalización y una rendición de cuentas”, sostuvo el también disidente de PJ.
Al justificar el voto salvado, propuso una comisión nacional de consulta con representación de todos los actores de la sociedad para evaluar el texto legal y al igual que Cabello advirtió: “El que no la debe no la teme”.
“Muchos que manejan esas ONG son los que van a México y discuten entre los que quieren seguir siendo gobierno y los que quieren seguir siendo oposición. Mucho de este financiamiento de los que se sientan con ustedes en México provienen de estas listas”, remató para finalizar su intervención.
“¡A comprar alpargatas..!”
“¡Ay! A comprar alpargatas que lo que viene es joropo”, ironizó el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez antes de que Cabello tomara la palabra para presentar la ley.
Posteriormente, al someter a votación el texto legal, señaló a ONG que no especificó de recibir fondos del Reino Unido para “repartirlos” entre funcionarios del extinto gobierno interino.
“Lo que estamos diciendo es que las cosas deben llamarse por su nombre y si usted quiere hacer política vaya al CNE y se inscribe como partido político, uno de los requisitos para los partidos es que no pueden recibir financiamiento de gobiernos extranjeros, es ilegal, por qué va a ser legal que una ONG que se dedica a lo político sí pueda recibir financiamiento de la Usaid y de la NED, detrás de eso está Estados Unidos”, fustigó.
Este es el segundo intento del Parlamento elegido en 2020 por regular la labor de las organizaciones de la sociedad civil, tras la filtración en 2022 del borrador de una Ley de Cooperación Internacional que sancionaba con eliminación o suspensión a las ONG que directamente o indirectamente promovieran o apoyaran sanciones internacionales contra el país.
La plenaria del Parlamento de 277 diputados también aprobó en segunda discusión la Ley Especial de Trabajadores con Discapacidad, que contempla derechos como el acceso al empleo en igualdad de condiciones, a la no discriminación, formación y capacitación e inamovilidad laboral en el caso de trabajadores con hijos con alguna discapacidad permanente.