Cinco organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron una carta abierta a la Asamblea Nacional para demandar un proceso abierto, verificable y plural en la selección de los titulares de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Las firmantes –Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), Cofavic, Espacio Público, Fundación Centro Gumilla y Provea– alertaron sobre la crisis institucional que atraviesa Venezuela y criticaron la provisionalidad prolongada en cargos clave.
Recordaron que las leyes orgánicas del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo establecen mecanismos claros para suplir faltas absolutas: el vicefiscal debe asumir en la Fiscalía y el director ejecutivo en la Defensoría. Las organizaciones desconocen la justificación legal para designaciones distintas a las previstas en la normativa.
La misiva cuestiona especialmente la composición del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. «Según los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el comité debe integrar el mayor número posible de sectores sociales y procurar pluralidad. Sin embargo, el actual comité está formado exclusivamente por 12 diputados, en su mayoría hombres y con ocho pertenecientes al mismo partido político», señala el comunicado.
«Esta falta de diversidad –sin representantes de universidades, gremios profesionales ni sociedad civil– desvirtúa el principio de representatividad y participación ciudadana que exige la Constitución», agregan.
Las organizaciones insistieron en que la transparencia constituye un requisito indispensable de validez del proceso. «Un procedimiento cerrado impide la contraloría social, afecta la independencia del comité y compromete la legitimidad de origen de los futuros funcionarios. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo desempeñan roles centrales: garantizan el debido proceso, combaten la impunidad, protegen a sectores vulnerables frente a abusos de poder y aseguran el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos», alertaron.
Ante estas irregularidades, las organizaciones exigieron tres medidas principales:
- Un proceso abierto y transparente que incluya la publicación de procedimientos, criterios de evaluación, lista de postulantes con sus credenciales, mecanismos de observación ciudadana, entrevistas públicas y audiencias transmitidas en vivo.
- La reestructuración del Comité de Evaluación para incorporar representantes de diversos sectores sociales, políticos e identitarios, y superar el predominio partidista exclusivo.
- La selección de titulares basada en aptitud profesional, con exclusión expresa de personas vinculadas a prácticas restrictivas o discriminatorias, o que hayan participado directa o encubiertamente en violaciones graves de derechos humanos.
Además, propusieron medidas concretas para fortalecer la participación ciudadana: publicación de resúmenes curriculares de los aspirantes (con resguardo de datos sensibles), apertura de un lapso para recibir objeciones de la sociedad, aprobación pública de baremos de preselección con aportes ciudadanos, divulgación de puntajes obtenidos, realización de foros y entrevistas públicas transmitidas por Antv e internet, y solicitud a los postulantes de una propuesta programática sobre los objetivos institucionales de su eventual gestión.
La carta subraya que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de perfeccionar la participación ciudadana prevista en el artículo 279 de la Constitución, especialmente porque el proceso no partió de una convocatoria formal del Poder Ciudadano.
Hasta el momento, el Parlamento recibió más de 130 postulaciones para ambos cargos, y el proceso continúa en desarrollo tras las renuncias recientes de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz Angulo en febrero de 2026, con designaciones interinas en curso. Las organizaciones esperan que las autoridades atiendan estas observaciones para restaurar la confianza en instituciones clave del sistema de justicia y protección de derechos humanos en el país.