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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria en línea para tratar el tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, a propósito del informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. También se hizo énfasis en que el gobierno de Nicolás Maduro avanza hacia un «fraude electoral» que terminará de acabar con el voto y la democracia.

 El evento fue iniciado por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Joel Hernández, quien se refirió con preocupación al cierre de espacios democráticos en Venezuela y el constante deterioro de los DDHH. Rechaza la persecución contra las ONG que colaboraron con la Misión de la ONU, así como contra periodistas y medios de comunicación que reseñan informaciones que no convienen a la administración chavista.

Advierte que no hay confianza en las elecciones del 6 de diciembre, a partir de lo que viene ocurriendo con la actual Asamblea Nacional desde 2016 y el despojo de sus competencias mediante sucesivas sentencias del Poder Judicial. Añade la irrupción de la Asamblea Nacional Constituyente mediante comicios cuestionados en 2017, para erigirse como sustituta del Parlamento legítimo.

«Hubo crímenes de lesa humanidad»

Los tres expertos de la Misión ONU expusieron ante los distintos embajadores un resumen de los hallazgos de la investigación que realizaron en Venezuela, plasmados en el informe presentado ante el Consejo de DDHH el 23 de septiembre. Reiteraron que existen elementos suficientes para calificar las violaciones de derechos fundamentales como crímenes de lesa humanidad y recomiendan a las naciones iniciar demandas penales para que juzgue a los presuntos responsables.

 La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, destacó que durante el año que duró la investigación no contaron con colaboración alguna de Miraflores ni de ninguna otra institución venezolana ligada al Gobierno.

 «Estas violaciones dan lugar a la responsabilidad del Estado e individualidades. Tenemos para creer que estas violaciones constituyeron crímenes de lesa humanidad ejecutadas como políticas de Estado por autoridades de alto nivel de organismos de inteligencia y del Gobierno», subrayó.

Resaltó las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y otros operativos. Indicó que en 2.500 incidentes constataron la muerte de 4.600 personas a manos de las fuerzas de seguridad en los que se pudo determinar un patrón claro de actuación y echa por tierra las versiones oficiales de resistencia a la autoridad o de supuestos enfrentamientos. Habló especialmente de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)

«Las investigación muestra que no fue así, entraban a las casas de las víctimas y los ejecutaban o se los llevaban, luego aparecían asesinados con disparos a quemarropa. Las autoridades de alto nivel de los cuerpos de seguridad, los ministros tenían conocimiento de los hechos y dieron sus autorización», agregó.

Francisco Cox de Chile hizo alusión a la actuación de organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Faes y la Guardia Nacional Bolivariana. De los organismos de inteligencia dijo que procedieron a detener a dirigentes políticos de alto perfil, militares disidentes, manifestantes y hasta familiares de estos, de forma arbitraria y luego los sometían a interrogatorios sin la presencia de abogados defensores.

Agregó que determinaron detenciones arbitrarias, torturas, incluidas las de tipo sexual y de género en más de 100 protestas. Recalcó que dada la magnitud de los hechos reflejados en el informe se requiere mayor investigación. Para Paul Seils, el tercer experto del Reino Unido, es urgente la revisión del sistema de justicia venezolano, el cual el gobierno de Maduro asegura que sí ha procesado y condenado a responsables de violaciones de DDHH.

Comicios poco confiables

Una segunda parte de la sesión extraordinaria incluyó la participación de dos expertos de Transparencia Electoral de América Latina que advirtieron sobre las irregularidades detectadas en el proceso de organización de los comicios parlamentarios convocados para el 6 diciembre en Venezuela.

Leandro Querido, director ejecutivo, y el venezolano Eugenio Martínez, miembro de la organización, alertaron que Venezuela se aproxima a unas elecciones sin garantías. Luego de describir el comportamiento electoral del gobierno de Maduro desde que en 2015 perdiera la mayoría de la AN, relataron las acciones violatorias de la Constitución producidas desde que el 1 de julio, el Poder Electoral convocara a elecciones para finales de este año.

Entre estas, la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia, los cambios a la normativa electoral y del sistema de adjudicación de cargos que incluyen el aumento en el número de diputados y la eliminación del voto directo, consagrado en el artículo 63 de la Constitución, en la elección de los diputados indígenas y de los parlamentarios que saldrán por una lista nacional de 48 cargos. Aunado a ello, las intervenciones de partidos políticos para imponerles autoridades y crear una «oposición a la medida».

«El proceso tiene las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años, carece de arbitraje imparcial, seguridad jurídica y un marco regulatorio confiable, ahora se suma el COVID-19 (…) El chavismo dice que debe hacer elecciones para no violar la Constitución pero la viola en su organización, a 68 días de la elección se desconocen los detalles del sistema automatizado y se requieren mínimo seis meses para hacer las auditorías necesarias», expresó Martínez.

Países alzan su voz

El Comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, instó a los países no ignorar las violaciones de DDHH para evitar que haya más víctimas como el concejal de Libertador, Fernando Albán, y el capitán Rafael Acosta Arévalo, muertos bajo custodia del Sebin y la Dgcim. Pidió comprender que no se trata de si se apoya o no a Juan Guaidó como presidente interino, sino de un problema de dimensiones humanas que clama por soluciones más allá de la Corte Penal Internacional (CPI).

«Que los países ayuden a renovar mandatos y abrir juicios para que las violaciones de DDHH, el castigo que merecen no solo dependan de la CPI sino de la jurisdicción universal. Más de 40 personas con nombre y apellido son señalados en ese informe de ser autores de estos crímenes», insta.

En nombre del Gobierno interino pide además no avalar el «fraude electoral» del 6 de diciembre y advierte que no puede haber comicios hasta que no se pueda revertir el plan de Maduro para aniquilar el voto y la AN.

Embajadores de EEUU, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Perú y Guatemala, entre otros, ante la OEA respaldaron no solo el informe de la Misión de la ONU sino los planteamientos de Borges y de los expertos electorales. Los representantes de los tres primeros no ocultaron sus dudas sobre un proceso de negociación con el gobierno de Maduro avalado por la Unión Europea y que se pueda lograr un proceso electoral transparente.

«Es increíble que se ignore la naturaleza tiránica del régimen de Maduro después de tantos años y denuncias. En diciembre Maduro eliminará los últimos resquicios de la democracia en Venezuela, Brasil considera que no hay condiciones para elecciones democráticas en Venezuela», dijo el representante de ese país, Fernando Simas.

Con palabras duras, el embajador de Bolivia, Jaime Aparicio, recalcó que hasta que los países del sistema interamericano no entiendan que el gobierno de Venezuela «representa al crimen organizado» no se avanzará en las acciones para combatirlo. Sostiene que el diálogo con Maduro no es posible y que por ello ese país se retiró del Grupo de Contacto. «No nos llamemos a engaño, llegan democráticamente al gobierno y jamás se van por las buenas», advierte.

El embajador Alejandro Ordóñez explicó que la importancia de la sesión de la OEA que propuso convocar estriba en evitar la indiferencia ante la crisis en Venezuela y que la administración madurista no se aproveche de la pandemia para seguir violando derechos humanos. Señaló que ninguno de los países presentes en la OEA está convencido de que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela tienen garantías.