La Asamblea Nacional (AN) de 2020 procedió a pisar el acelerador para aprobar leyes derivadas del referendo consultivo sobre el territorio Esequibo realizado el 3 de diciembre, para demostrar, tal como lo advirtieron altos voceros del chavismo, que los resultados de la consulta popular a favor del sí son «vinculantes».
Este 6 de diciembre, el Parlamento con mayoría del chavismo aprobó en primera discusión la Ley Orgánica para Defensa de la Guayana Esequiba que contempla la creación del nuevo estado ubicado en la zona en reclamación.
Este 7 de diciembre, la Comisión de Política Interior dio inicio a la consulta pública del nuevo instrumento legal en el Palacio Federal Legislativo. Se estima que la ley sea sancionada en una semana en la Cámara.
Pero la propuesta legal del Ejecutivo no se queda solo en la creación del estado Guayana Esequiba, sino que establece prohibiciones a los órganos del poder público para que contraten con empresas que explotan recursos en el territorio Esequibo por autorización de Guyana y hasta inhabilitaciones políticas contra quienes se considere estén a favor de la posición del gobierno del vecino país.
A continuación los aspectos más resaltantes de la iniciativa legislativa que contiene 22 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, más cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones finales:
Categoría de estado a zona en reclamación
Los artículos 2 y 9 de la ley responden a la pregunta cinco del referendo consultivo que planteó la creación del estado Guayana Esequiba, por lo que se le otorga la categoría de estado dentro de la división político territorial de la República de Venezuela y establece el régimen de funcionamiento de los Poderes Públicos de esa entidad (numeral 3).
También se declara (numeral 4 del artículo) que la ley tiene como finalidad la protección y garantía de los derechos humanos de «la población actual y futura» del territorio Esequibo, calculado en 159.000 kilómetros cuadrados, actualmente en disputa con Guyana.
«El Estado Guayana Esequiba tendrá la superficie del actual territorio de la Guayana Esequiba, comprendida dentro de los siguientes límites: Norte: Océano Atlántico; Sur: Brasil; Este: Río Esequibo y por el Oeste: Estados Delta Amacuro y Bolívar», reza el artículo 10 propuesto.
Desconoce jurisdicción de la CIJ
El artículo 6 del instrumento legal establece el desconocimiento expreso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el diferendo limítrofe. En el artículo previo reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único mecanismo para solucionar la controversia de manera pacífica, producto de un diálogo.
«La República Bolivariana de Venezuela no someterá a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros, incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, los asuntos relacionados con su independencia e integridad territorial», reza la propuesta legislativa.
Actualmente cursa un juicio en la CIJ por demanda de Guyana para que se declare la validez del Laudo Arbitral de 1899. La defensa de Venezuela debe presentar en abril de 2024, los argumentos contra la posición del gobierno guyanés. Expertos temen que tras el referendo consultivo, Venezuela se retire del proceso judicial.
¿Quiénes gobiernan en el nuevo estado?
Los artículos 11 y 12 aluden a que el estado Guayana Esequiba tendrá un gobernador y un Consejo Legislativo de siete integrantes, electos por el voto popular, más una contraloría estadal.
Igualmente el artículo 14 señala que la nueva entidad tendrá representación en la AN, elegida por los habitantes de ese territorio.
Sin embargo, al ser un territorio en disputa, las disposiciones transitorias indican que hasta tanto no se realicen elecciones y se resuelva la controversia, el cargo de gobernador (disposición primera) será ejercido por un «jefe de gobierno» designado por el presidente de la República y la sede administrativa estará ubicada en la ciudad de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar (disposición tercera).
El pasado 5 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro nombró al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba.
Asimismo, las funciones de un Consejo Legislativo (disposición segunda) serán asumidas por la AN. En cuanto a la elección de los diputados nacionales, serán escogidos por todos los venezolanos (disposición cuarta) hasta que lo puedan hacer solo los habitantes de ese territorio.
Nuevo mapa político
Nuevos tribunales. De acuerdo con el artículo 16, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) crear tribunales con competencia en el nuevo estado o atribuir dicha competencia a tribunales existentes, «a los fines de garantizar el acceso a la justicia y la protección judicial de los habitantes».
«El mapa político de la República Bolivariana de Venezuela deberá incluir el territorio del Estado Guayana Esequiba como parte integrante del territorio nacional. Este mapa será de uso obligatorio por parte de todos los órganos y entes del Poder Público», establece el artículo 17.
También prohíbe la publicación de dicho mapa sin la incorporación del territorio Esequibo. El siguiente artículo (18) contempla multas entre 1.000 y 100.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela para quienes incumplan la normativa. La sanción será impuesta por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.
Más inhabilitaciones políticas
Uno de los artículos más polémicos de la ley es el 22, que contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra quienes sean señalados de favorecer la posición del gobierno guyanés en la disputa por el Esequibo.
«No podrán ser postulados a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos, las personas que, incumpliendo el deber previsto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, favorezcan públicamente la posición de la República Cooperativa de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios de la Nación», reza el artículo.
Un artículo previo, el número 8 establece la «obligatoriedad» de reivindicar la soberanía de Venezuela sobre el territorio Esequibo por parte de todos los ciudadanos.
Opositores como María Corina Machado, a quienes ya el gobierno tildó de traidores a la patria por no participar en el referendo sobre el Esequibo, han afirmado que la zona en reclamación es venezolana, pero mantienen que dicha posición debe ser defendida ante la CIJ, por lo que, a su juicio, la consulta popular no era necesaria.
Prohibición de contratar con trasnacionales
De acuerdo con el artículo 21, los órganos y entes del Poder Público no pueden celebrar contratos o acuerdos con personas jurídicas que operen o colaboren con la operación (explotación de recursos) en el territorio Esequibo o las aguas pendientes por delimitar entre Venezuela y Guyana, con base en concesiones, autorizaciones «o permisos otorgados unilateralmente» por el Ejecutivo Guyanés en «violación del Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional».
«Queda clarito, que esta ley va en defensa de la Guayana Esequiba», apuntó el primer vicepresidente de la AN de 2020, Pedro Infante (Psuv), sobre este artículo en el inicio de la consulta pública.