Entre las medidas anunciadas por el gobernante Nicolás Maduro para «demostrar» que el referendo consultivo sobre el Esequibo «sí es vinculante», están la creación de una Zona de Defensa Integral en Tumeremo (ZODI), el nombramiento del militar Alexis Rodríguez Cabello como autoridad administrativa de la Guayana Esequiba, más el plazo de tres meses a las trasnacionales para que dejen de explotar recursos en la zona en disputa.
A juicio del internacionalista Lauren Caballero y el experto en derecho internacional, Mariano de Alba, los anuncios dejan más dudas que certezas y no pasan de ser «simbolismos» o una «puesta en escena» tras la consulta popular del 3 de diciembre para mantener el tema del Esequibo en el tapete y usarlo para provecho político en 2024.
Señalan como negativo que esto puede ser usado por Guyana en el juicio que sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la validez o no del Laudo Arbitral de Paría de 1899, al desobedecer el reciente exhorto a las partes por parte del tribunal de Naciones Unidas en su pronunciamiento sobre el referendo, cuando les pidió que se abstuvieran de realizar acciones que agravaran la disputa territorial.
¿Venezuela se retira del juicio en la CIJ?
«De los anuncios queda claro la disposición del gobierno venezolano de no someterse a la CIJ, yo descartaría una defensa jurídica en ese espacio el año que viene, bajo la premisa de desconocer la jurisdicción de la Corte luego del referendo y la aprobación de la pregunta tres. Los anuncios como el nuevo mapa van contra el dictamen de la Corte sobre que las partes se abstuvieran de realizar algún acto que llevara la situación más allá de la Corte», expresó Caballero.
En declaraciones a Efecto Cocuyo el experto en política internacional y democracia, explicó que no queda claro cómo Miraflores implementará ciertas medidas como por ejemplo la creación de parques nacionales en territorio Esequibo. Para ello necesita ejercer una soberanía que actualmente no tiene.
«La amenaza a las compañías trasnacionales para que abandonen la zona en tres meses no queda claro como la ejecutaría, ¿por una vía militar? porque es lo único que puede hacer, enviar buques de la Armada a la fachada atlántica para evitar la explotación de recursos, lo cual parece fantasioso por el peso de las trasnacionales que involucran a potencias mundiales como China», advirtió Caballero.
La constructora Odebrecht de Brasil; la compañía de exploración de oro Guyana Goldfield de Canadá y las petroleras China National Offshore Oil Company (en cuya directiva está un agente del Partido Comunista Chino, apuntó Cabellero) la Shell británica la CGX de Canadá y Anadarko y ExxonMobil de Estados Unidos operan para la explotación de recursos en el territorio Esequibo.
El gobierno venezolano ha denunciado que la actividad de las trasnacionales no solo afectan el área marítima de la zona en reclamación, pendiente por delimitar, sino también aguas reconocidas como venezolanas.
Caballero se pregunta si al llegar a los tres meses y la ExxonMobil no se retira, en represalia Miraflores tomaría medidas contra la Chevron que explota petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, lo cual casi descarta porque el gobierno necesita los recursos y que le sigan levantando la producción.
«Todo esto pareciera la fase dos, luego del referendo, de una puesta en escena para seguir alborotando el nacionalismo porque Tumeremo está lejos de la zona en reclamación con Guyana. Sí, hay movimiento de tropas y vehículos blindados hacia la zona de San Martín, en el estado Bolívar, pero sin atravesar el límite de facto o incurrir en ocupación del territorio, aunque si yo fuera Guyana igual me preocuparía por las demostraciones militares», expresó.
¿Qué preocupa a Guyana?
A juicio de De Alba «por ahora», ninguna medida de las informadas este 5 de diciembre por Maduro en reunión con el Consejo Federal de Gobierno, prevé una ejecución en el territorio en disputa con Guyana.
Resaltó que varias de esas decisiones, incluidas la creación de una oficina para cedular se concretarían en Tumeremo, estado Bolívar, por lo que no pasa de ser un «simbolismo para mantener la disputa en el tapete».
«Por ahora no se puede concluir que Venezuela incumple la primera orden de la Corte que le prohíbe modificar el status quo sobre el territorio disputado. Tumeremo está a 100 kilómetros de la frontera. Pero la denuncia de Venezuela como un país desafiante podría darle réditos a Guyana» observó el abogado.
De allí que Guyana haya informado que acudirá nuevamente a la CIJ para solicitar nuevas medidas provisionales contra Venezuela. A juicio del abogado, lo que más preocupa a Guyana es el plazo de 3 meses a empresas que han recibido concesiones en ese país “para que retiren” sus actividades y dialoguen con el gobierno de Maduro.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, indicó este 6 de diciembre, mediante un comunicado, que llevará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo adopte “las medidas apropiadas”.
También advirtió que la Fuerza de Defensa de Guyana está “en alerta máxima” y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos.
Está por verse mayor escalada
En cadena nacional, Maduro advirtió a Guyana que o «arreglaban el problema por las buenas o lo arreglaban», evitando decir «por las malas».
Para Caballero, acciones como el nuevo mapa venezolano sin las rayas en la zona en reclamación, todo queda en el papel por ahora y no hay indicios claros de la dirección que tomarán los acontecimientos con Guyana.
«Como el nuevo mapa, todo es simbólico, porque no hay un control efectivo del territorio (Esequibo) por parte de Venezuela, demostraciones sin mayor trascendencia a lo interno pero nada en la práctica, lo que sí puede ocurrir es que se entorpezca más cualquier tipo de defensa que pueda hacer Venezuela frente a la Corte si es que se mantiene en el juicio», agregó el internacionalista.
Subrayó que no hay que olvidar que Venezuela debe presentar en abril la contramemoria ante la CIJ, con todos sus argumentos para demostrar que el Laudo Arbitral de París de 1899 no es válido y que al mismo tiempo, no hay un cronograma electoral claro para las presidenciales de 2024.
«Parece que el gobierno maneja los tiempos para una maniobra política. Luego de los tres meses podría provocar una escaramuza contra las trasnacionales y aprovechar la situación de conmoción para suspender elecciones o perseguir a opositores que no se alineen con la causa nacionalista. Otro escenario podría ser un adelanto de elecciones para explotar el patriotismo», acotó.