Una decena de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) escogerá este domingo 10 de septiembre a sus candidatos unitarios en elecciones primarias para los próximos comicios a gobernadores, en una jornada a efectuarse en 19 de los 23 estados del país.
Alrededor de 60 aspirantes tomarán parte en las primarias de la MUD, que no se celebrarán en los cuatro estados (Vargas, Carabobo, Nueva Esparta y Anzoátegui) en los que ha elegido por consenso candidatos únicos para medirse al oficialismo en esas votaciones.
Los partidos con más contendientes en las primarias son Primero Justicia (PJ), del cual son dirigentes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, y el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles; y Voluntad Popular (VP), fundado por el preso político Leopoldo López y del cual es coordinador nacional el vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.
Asimismo, entre quienes aportan más aspirantes está Acción Democrática (AD), del cual es secretario general nacional el expresidente de la Asamblea y veterano diputado Henry Ramos Allup.
Partidos como Un Nuevo Tiempo (UNT), Avanzada Progresista (AP), Copei o La Causa Radical también presentan candidatos a estas primarias de la MUD, que ya seleccionó aspirantes de esta forma para las elecciones presidenciales de 2013, que Nicolás Maduro ganó a Capriles, y para las legislativas de 2015.
Más de 14 millones de ciudadanos están llamados por la oposición a las urnas para estas primarias, para las que se habilitarán 977 centros de votación y más de 3.000 mesas y serán supervisadas por cinco auditorías internas, ya que no contarán, como sí ocurrió en ocasiones anteriores, con el concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El oficialismo ganó en las pasadas regionales, celebradas en 2012, veinte de las veintitrés gobernaciones.
Elecciones pendientes
Las elecciones regionales debían haberse celebrado en diciembre de 2016, pero el oficialismo los aplazó hasta en dos ocasiones antes de anunciar este año que tendrían lugar este mes de diciembre.
La cita electoral fue adelantada después por la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el chavismo gobernante en Venezuela, que la fijó para octubre.
Pese a que figuras de la propia Constituyente han hablado del 15 de octubre como fecha de las votaciones, el organismo electoral encargado del proceso aún no ha anunciado el día en que deben celebrarse de manera oficial, lo que ha provocado las quejas de la oposición.
Diferencias
La oposición se presenta pese a no confiar en el CNE, al que acusa de estar al servicio de Maduro, tras haber inflado los resultados de participación en la elección el pasado 30 de julio de la Constituyente, un fraude denunciado por la MUD y por numerosos actores sociales y confirmado por la empresa que hizo el recuento.
Además, algunos líderes de la oposición no podrán participar en los comicios al estar presos, en arresto domiciliario -como ocurre con Leopoldo López– o inhabilitados para ejercer cargos públicos (caso de Henrique Capriles, que es gobernador del estado de Miranda y no puede aspirar a la reelección).
Estas circunstancias han llevado a dos partidos de la MUD –Vente Venezuela, de María Corina Machado, y Alianza Bravo Pueblo, del alcalde caraqueño detenido Antonio Ledezma– a declararse en contra de participar, debido al acoso del Gobierno a sus adversarios y a no confiar en que se respete una eventual victoria opositora.
Sin dejar de alzar la voz contra “la dictadura“, el resto de formaciones de la MUD sí se han inscrito con vistas a aprovechar la baja popularidad del chavismo gobernante, que sufrió una abultada derrota en las legislativas de diciembre de 2015, las últimas con participación de la oposición celebradas en el país.
Los partidarios de concurrir a las regionales esperan forzar a Maduro y a sus poderes alineados a aceptar unos resultados que prevén desfavorables al chavismo o, en su defecto, a afrontar el coste político de manipular el recuento o no respetar lo dictado por las urnas.
Las amenazas
Maduro pidió el jueves a la Constituyente que destituya de inmediato a todos los gobernadores surgidos de los comicios de octubre que no reconozcan a este suprapoder, considerado por la oposición un instrumento para consolidar el totalitarismo.
La medida obligaría a los gobernadores opositores a plegarse a una autoridad que no reconocen o a afrontar que sean apartados de sus funciones.
Con información de EFE