El Ministerio Público (MP) informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que imputó a 910 funcionarios de seguridad del Estado “por la presunta transgresión de los derechos humanos” entre agosto de 2017 y diciembre de 2021.
Sin embargo, solo se han emitido 229 sentencias condenatorias en esta materia. En los últimos cinco años fueron acusados 1.285 funcionarios de los cuales 619 se mantienen privados de libertad.
Las estadísticas oficiales se presentaron como parte del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos sobre Venezuela que se llevó a cabo este martes 25 de enero, en Ginebra, con asistencia virtual de las autoridades venezolanas.
El MP también ofreció un balance sobre los casos que ha procesado en materia de corrupción. Entre agosto de 2017 y diciembre de 2021, se contabilizaron 46.853 actuaciones, 9.488 actos conclusivos, 4.762 acusaciones, 4.450 sobreseimientos, 276 archivos fiscales, 13.590 imputaciones, 1.881 sentencias condenatorias y finalmente 3.072 personas condenadas.
“El Ministerio Público, de manera continua y permanente, realiza trabajo conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual ha tenido como finalidad ofrecer resolución judicial oportuna y celeridad procesal en los diversos casos presentados, comprometidos en el avance de las peticiones y el intercambio de ideas para afianzar de manera positiva la protección de los derechos humanos, así como líneas de investigación para avanzar en los mismos”, señala el documento oficial presentado ante la instancia de la ONU.
Actualmente, Venezuela es objeto de una investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que encontró fundamentos suficientes para advertir que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, el Estado venezolano intenta probar que castiga a los responsables de estos delitos con la intención de solicitar la inhibición del fiscal Karim Khan.
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El Ministerio Público (MP) informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que imputó a 910 funcionarios de seguridad del Estado “por la presunta transgresión de los derechos humanos” entre agosto de 2017 y diciembre de 2021.
Sin embargo, solo se han emitido 229 sentencias condenatorias en esta materia. En los últimos cinco años fueron acusados 1.285 funcionarios de los cuales 619 se mantienen privados de libertad.
Las estadísticas oficiales se presentaron como parte del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos sobre Venezuela que se llevó a cabo este martes 25 de enero, en Ginebra, con asistencia virtual de las autoridades venezolanas.
El MP también ofreció un balance sobre los casos que ha procesado en materia de corrupción. Entre agosto de 2017 y diciembre de 2021, se contabilizaron 46.853 actuaciones, 9.488 actos conclusivos, 4.762 acusaciones, 4.450 sobreseimientos, 276 archivos fiscales, 13.590 imputaciones, 1.881 sentencias condenatorias y finalmente 3.072 personas condenadas.
“El Ministerio Público, de manera continua y permanente, realiza trabajo conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual ha tenido como finalidad ofrecer resolución judicial oportuna y celeridad procesal en los diversos casos presentados, comprometidos en el avance de las peticiones y el intercambio de ideas para afianzar de manera positiva la protección de los derechos humanos, así como líneas de investigación para avanzar en los mismos”, señala el documento oficial presentado ante la instancia de la ONU.
Actualmente, Venezuela es objeto de una investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que encontró fundamentos suficientes para advertir que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, el Estado venezolano intenta probar que castiga a los responsables de estos delitos con la intención de solicitar la inhibición del fiscal Karim Khan.