El Ministerio Público informó sobre la detención de un defensor público y un fiscal nacional por su presunta vinculación con «una peligrosa banda criminal», con la que «colaboraban y mantenían comunicación».
«Detenidos a solicitud del Ministerio Público (MP/Fiscalía) el exfiscal Renny Amundaraín y el exdefensor público Adys Salcedo para ser investigados e imputados por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir», informó el fiscal general, Tarek William Saab, en su cuenta en X.
Indicó que los funcionarios mantenían supuesta relación con «Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO)», y que el MP recibió fotos y videos que evidencian la comunicación con una banda criminal, aunque no detalló cuál de ellas.
Quiénes son los funcionarios
Según archivos periodísticos, ambos funcionarios del sistema judicial venezolano eran considerados hombres de confianza dentro de los despachos a los que pertenecían.
Amundaraín, fiscal 94° nacional, llevaba, entre los muchos casos que le fueron asignados, hechos polémicos como el asesinato del capitán Rafael Ramón Acosta Arévalo; el caso Carlos Lanz; la muerte del general Raúl Baduel y la investigación contra Javier Tarazona.
También fue encargado de investigar unas agresiones que sufrió la exdiputada Delsa Solórzano el año pasado.
El abogado Zair Mundaray recordó además que Amundaraín apresó y procesó al periodista Nicmer Evans, perseguía periodistas y que mantenía relaciones con los líderes negativos de muchas cárceles en Venezuela.
«De acuerdo a informes preliminares, mantenía contactos con pranes, a quienes vendía información sobre los casos. Maneja mucha información sobre las mafias de corrupción del sistema de justicia, algunos deben estar muy asustados», expresó Mundaray
Salcedo, por su parte, es uno de los funcionarios de confianza del defensor público nacional.
«Es de los que imponen cuando se impide la designación de defensa privada. Se prestó para ser ‘defensor’ de los acusados del caso Gedeón y asegurar que no tuvieran pruebas a su favor y más recientemente lo impusieron como defensor del preso político Víctor Venegas. Todo un instrumento de persecución», añadió Zair Mundaray.