El panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que analiza la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie investigaciones contra personas específicas por estos delitos en el país.
«La recomendación del panel es que la fiscalía de la CPI participe de forma urgente de forma más profunda para examinar la naturaleza de estos delitos constantes y que abra investigaciones en contra de personas específicas y que haga avanzar estas causas ante la Corte para que haya órdenes de aprehensión», dijo una de las miembros del panel, Joanna Frivet, este viernes 3 de mayo.
Este grupo lo integran, además de Frivet, Irwin Cotler, Manuel Ventura Robles y Santiago Cantón, quienes presentaron su tercer informe sobre las investigaciones que adelantan por la violación de derechos humanos en Venezuela.
«Instamos a la Fiscalía de la Corte para que se concentre en sus investigaciones en aquellos perpetradores de nivel medio y alto en forma urgente para evitar más comisión de delitos», agregó Frivet.
Qué contiene el informe del panel de la OEA
Santiago Cantón se preguntó que hubiera pasado si la OEA hubiera tomado decisiones antes de la llegada de Luis Almagro a la secretaría general del organismo hemisférico, lo que a su juicio pudo haber evitado estos crímenes.
«Hasta el año 2017 se hablaba de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y los posibles crímenes de lesa humanidad. No se hablaba de la existencia de esos crímenes», recordó Cantón.
Reiteró que el primer informe de un organismo sobre crímenes de lesa humanidad en el país fue la OEA con el panel de expertos que se creó ese año.
Cantón recordó que el objetivo final del informe era demostrar que «dentro de la justicia penal venezolana no se está avanzando para encontrar los responsables de los principales crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, si no está avanzando dentro de Venezuela solamente queda la Corte Penal Internacional para tratar de intervenir».
Dijo que investigaron qué hacía la justicia venezolana sobre los crímenes simbólicos y si había personas detenidas.
«Se confirmó que el 70 % de las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos cometidos no se había acusado a ningún autor o responsable. Asimismo se observó que a pesar de que se habían reportado 1.500 casos de tortura de 2014, investigadas, no se habían tomado medidas en el 83 % de los casos», detalló.
El documento también aborda la persecución contra los líderes políticos de la oposición venezolana, que aunque existía en las últimas dos décadas, ha tenido un agravamiento por la cercanía del proceso electoral del 28 de julio.
Investigación con víctimas como testigos
Mientras que Manuel Ventura destacó que a diferencia de otras investigaciones en el mundo, esta es una de las pocas donde las propias víctimas son testigos del caso.
«Todas las víctimas son todos los testigos. Esto no es usual en materia de derechos humanos, en la labor que han venido haciendo por años los tribunales internacionales de derechos humanos», sostuvo.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, realizó una visita a Caracas la semana pasada, en la que reiteró al gobierno de Nicolás Maduro que continuará las investigaciones, después de que en marzo pasado la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la petición de Miraflores de impedir el proceso.
«Al mismo tiempo, y sin demora, continuaremos con nuestras investigaciones independientes sobre la situación en Venezuela, en particular tras la confirmación por parte de la Sala de Apelaciones, el 1 de marzo de 2024, de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares mediante la que se autoriza la reanudación de la investigación de la Fiscalía», se publicó en un reporte sobre su cuarta visita al país el pasado 24 de abril.