De pie junto a su curul, el diputado Oscar Ronderos sacó un documento que mostró a las cámaras y afirmó: “Con 98 millones de dólares en sobornos, Venezuela es el segundo país con mayor cantidad después de Brasil”.

El parlamentario se refería a los pagos ilegales que desembolsó la constructora brasileña Odebrecht para obtener y retener contratos de obras públicas en Venezuela.

El integrante de la comisión de Contraloría denunció que “el delito está confeso”, pero los funcionarios responsables no han sido castigados.

Su denuncia fue respaldada por su compañero de bancada Julio Montoya desde la tribuna de oradores. El político señaló que más de 20 millones de dólares se “perdieron” en obras inconclusas.

Dip.@juliocmontoya: el país está lleno de obras inconclusas y con sobreprecio, sin que nadie asuma responsabilidad ni pague por ello. pic.twitter.com/zbuuz4eXHG

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 31, 2017

“En vez de investigar a sus propios magistrados por corrupción, el TSJ se empeña en perseguir a esta Asamblea Nacional”, se quejó el diputado José Luis Pirela desde su silla.

En el debate no intervino ningún diputado del Psuv porque todos estuvieron ausentes del hemiciclo. Antes de que las curules de la bancada chavista quedaran nuevamente vacías, Willian Gil dejó constancia que no habían asistido por el supuesto desacato en el que incurre la Asamblea Nacional.

Mientras acusaba a la directiva de ser usurpadora, los parlamentarios de la MUD lo abucheaban. Alguien grito: “¿Dónde están los diputados de la Patria?” y Gil increpó: “Están trabajando en las catacumbas del pueblo y esperamos que ustedes dejen de hacer el ridículo”.

Ismael García agregó a la extensa lista de obras inconclusas la construcción del Ferrocarril del Centro, el “segundo proyecto más grande del país”, como lo refirió el parlamentario. “Para la obra se pagaron 5 mil millones de dólares para comenzar y ahora piden casi 16 mil millones más para terminarla”, expresó.

El punto de discusión terminó con la aprobación de la propuesta hecha por el diputado Juan Guaidó de iniciar una investigación sobre el caso Odebrecht en la comisión de Contraloría.

Los diputados también debatieron el desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional y vulneración de los derechos de los parlamentarios.

Luis Florido inició la intervención rechazando que los funcionarios de Gobierno sí tienen pasaporte diplomático, pero los diputados que ejercen diplomacia parlamentaria no.

“Como representantes del pueblo, la Constitución nos protege y nosotros protegemos la voluntad del pueblo que nos eligió (…) Le rendimos cuenta al pueblo de Venezuela y no al usurpador TSJ”, sentenció la diputada Delsa Solórzano.

Dip.@delsasolorzano: decisión del TSJ pretende acusarnos de conspiradores, porque para el Gobierno, alzar la voz en protesta es conspirar. pic.twitter.com/mdqLlImQQR

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 31, 2017

El expresidente de la AN, Henry Ramos, fue el encargado de cerrar el debate con una intervención subida de tono en la que acusó al Gobierno de ser “de facto y no democrático”.

“Hay un grupo hamponil que ejerce el Poder. No vamos a tranzar el voto popular ni vamos a entregar nuestra investidura (…) El TSJ lleva 43 sentencias en las que nos declaran incursos en desacato”, manifestó.

La Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo en memoria de las víctimas del Holocausto. Tomás Osers, representante de la Comunidad Judía de Venezuela, fue el orador de orden.

“Este país abrió sus puertas sin miramientos al pueblo que huyó del Holocausto. La cédula venezolana le devolvió su identidad a las víctimas que dejaron de ser una cosa y volvieron a ser humanos”, expresó.

Tomás Osers: Estamos obligados a difundir los testimonios de nuestros abuelos. Estamos marcados con esa verdad. #SesiónAN pic.twitter.com/BFN7TQ643T

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