La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 23 de abril de 2026 que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática “llega a su fin”. La declaración se produjo durante la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, dos meses después de la aprobación de la norma por la Asamblea Nacional, el 19 de febrero de 2026.
La ley, promulgada tras la salida de Nicolás Maduro del poder, buscó conceder amnistía general por hechos políticos ocurridos entre 1999 y febrero de 2026, con el fin declarado de promover la reconciliación y la convivencia democrática. Según cifras oficiales, benefició a más de 8.600 personas con libertades plenas. No obstante, la norma no estableció una fecha de caducidad ni contempló su terminación unilateral por parte del Ejecutivo.
La organización Provea reaccionó de inmediato y calificó el anuncio como “una medida arbitraria e inconstitucional”. La ONG recordó que la derogatoria de una ley corresponde exclusivamente al Parlamento o al Tribunal Supremo de Justicia, no al Ejecutivo Nacional.
“Esta decisión no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”, señaló Provea en su cuenta de X.
Provea consideró que, pese a sus limitaciones y exclusiones, la Ley de Amnistía representó un primer paso para desmontar el entramado represivo que afectó los derechos de la población venezolana en los últimos años.
La organización insistió en que esta norma debe formar parte de un proceso más amplio de reinstitucionalización del país, pero no constituye un requisito previo para la liberación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) documenta que más de 670 personas continúan privadas de libertad por razones políticas en las cárceles venezolanas. Provea exigió la liberación inmediata e incondicional de estas personas, así como la derogación definitiva de las leyes que se han utilizado para criminalizar la disidencia política.
Los activistas de derechos humanos advierten que el cierre unilateral de la amnistía genera incertidumbre jurídica y frena avances reales hacia la despolitización de la justicia y la garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
Provea reiteró que la liberación plena de los presos políticos y el desmantelamiento de las normas represivas deben constituir prioridades impostergables para cualquier proceso de paz y reconciliación en Venezuela.