Mientras que entre jueves y viernes el mundo, incluyendo Venezuela, se distraía con la polémica canción y video que la cantante colombiana Shakira dedicaba a su expareja, el efutbolista catalán Gerard Piqué, dentro del país el clima político seguía crispándose más con declaraciones y acciones de los principales líderes tanto del chavismo como de la oposición.
Una de las situaciones más peliagudas que sucedió ese mismo jueves 12 de enero, y que pasó casi desapercibida, fueron las opiniones del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien en entrevista con medios extranjeros acusó a varios de sus excompañeros de Primero Justicia de orquestar actos de traición contra el depuesto gobierno interino.
López, en declaraciones ofrecidas a la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (Apex) este jueves 12 de enero, aseveró que algunos integrantes de la Plataforma Unitaria tienen un “cable directo” con el gobierno de Nicolás Maduro.
Mencionó concretamente al vicepresidente de asuntos políticos de Primero Justicia, Tomás Guanipa, y al dirigente de Acción Democrática, Luis Aquiles Moreno, como los supuestos «contactos» del chavismo. Ambos son miembros de la delegación opositora que forma parte de la mesa de negociación en México.
Miembros de la Plataforma Unitaria tienen un “cable directo” con Maduro, dice Leopoldo López
Otro hecho notable que no se hizo viral debido a que el sonado video de Shakira copó todas las atenciones fue que la organización internacional Human Rights Watch emitió un informe con el que, nuevamente, acusan a las autoridades judiciales de Venezuela de ser partícipes o cómplices de los abusos y violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos durante 2022.
La emergencia humanitaria compleja, sumado al éxodo de 7,1 millones de venezolanos, la brutalidad policial y el retroceso en materia legislativa para la garantía de los derechos de las mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ venezolana, son parte de los problemas identificados en el documento publicado el 10 de enero.
“Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes”, se lee en el documento.
Ese jueves 13, el gobernante venezolano Nicolás Maduro rindió presencia ante su Asamblea Nacional de 2020, para emitir su discurso de memoria y cuenta de 2022.
El balance anual de su gestión incluyó críticas hacia Reino Unido, donde permanecen congeladas 32 toneladas de oro venezolano, por seguir reconociendo a la AN de 2015 y señalamientos contra Estados Unidos a cuyo gobierno exigió levantar sanciones, por ser las causantes, reiteró, de la crisis económica y social de Venezuela.
Claves de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro
También advirtió que los ingresos nacionales producto de la venta de crudo es apenas de 1%, aunque habló de crecimiento como consecuencia de una expansión de la actividad económica no petrolera en el país. Asimismo, destacó como logros la disminución del desabastecimiento y del desempleo y prometió una ley para estimular las exportaciones.
Hubo importantes temas como el aumento salarial que no tocó ante una audiencia expectante del anuncio, tras días de protestas en sectores de la administración pública por los bajos sueldos.
Igualmente, ese día jueves, la Plataforma Unitaria anunció sus intenciones de que los venezolanos residentes en el exterior puedan participar en la primaria que aspiran realizar este año, para escoger al candidato que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.
«Sí, hemos aprobado que vamos a elaborar un plan para la incorporación a los procesos electorales de los venezolanos que están en el exterior con miras a la primaria, con miras a la presidencial. Eso no significa que ya nosotros tenemos garantizados los mecanismos para que todos participen, pero sí es un tema de estudio», dijo el abogado en una entrevista concedida al canal privado Globovisión.
También, finalizó una semana de protestas laborales de trabajadores públicos, especialmente educadores y de las empresas del Estado en Guayana. Varios de esos manifestantes resultaron detenidos y otros con amenazas de despido.
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Mientras que entre jueves y viernes el mundo, incluyendo Venezuela, se distraía con la polémica canción y video que la cantante colombiana Shakira dedicaba a su expareja, el efutbolista catalán Gerard Piqué, dentro del país el clima político seguía crispándose más con declaraciones y acciones de los principales líderes tanto del chavismo como de la oposición.
Una de las situaciones más peliagudas que sucedió ese mismo jueves 12 de enero, y que pasó casi desapercibida, fueron las opiniones del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien en entrevista con medios extranjeros acusó a varios de sus excompañeros de Primero Justicia de orquestar actos de traición contra el depuesto gobierno interino.
López, en declaraciones ofrecidas a la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (Apex) este jueves 12 de enero, aseveró que algunos integrantes de la Plataforma Unitaria tienen un “cable directo” con el gobierno de Nicolás Maduro.
Mencionó concretamente al vicepresidente de asuntos políticos de Primero Justicia, Tomás Guanipa, y al dirigente de Acción Democrática, Luis Aquiles Moreno, como los supuestos «contactos» del chavismo. Ambos son miembros de la delegación opositora que forma parte de la mesa de negociación en México.
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Otro hecho notable que no se hizo viral debido a que el sonado video de Shakira copó todas las atenciones fue que la organización internacional Human Rights Watch emitió un informe con el que, nuevamente, acusan a las autoridades judiciales de Venezuela de ser partícipes o cómplices de los abusos y violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos durante 2022.
La emergencia humanitaria compleja, sumado al éxodo de 7,1 millones de venezolanos, la brutalidad policial y el retroceso en materia legislativa para la garantía de los derechos de las mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ venezolana, son parte de los problemas identificados en el documento publicado el 10 de enero.
“Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes”, se lee en el documento.
Ese jueves 13, el gobernante venezolano Nicolás Maduro rindió presencia ante su Asamblea Nacional de 2020, para emitir su discurso de memoria y cuenta de 2022.
El balance anual de su gestión incluyó críticas hacia Reino Unido, donde permanecen congeladas 32 toneladas de oro venezolano, por seguir reconociendo a la AN de 2015 y señalamientos contra Estados Unidos a cuyo gobierno exigió levantar sanciones, por ser las causantes, reiteró, de la crisis económica y social de Venezuela.
Claves de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro
También advirtió que los ingresos nacionales producto de la venta de crudo es apenas de 1%, aunque habló de crecimiento como consecuencia de una expansión de la actividad económica no petrolera en el país. Asimismo, destacó como logros la disminución del desabastecimiento y del desempleo y prometió una ley para estimular las exportaciones.
Hubo importantes temas como el aumento salarial que no tocó ante una audiencia expectante del anuncio, tras días de protestas en sectores de la administración pública por los bajos sueldos.
Igualmente, ese día jueves, la Plataforma Unitaria anunció sus intenciones de que los venezolanos residentes en el exterior puedan participar en la primaria que aspiran realizar este año, para escoger al candidato que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.
«Sí, hemos aprobado que vamos a elaborar un plan para la incorporación a los procesos electorales de los venezolanos que están en el exterior con miras a la primaria, con miras a la presidencial. Eso no significa que ya nosotros tenemos garantizados los mecanismos para que todos participen, pero sí es un tema de estudio», dijo el abogado en una entrevista concedida al canal privado Globovisión.
También, finalizó una semana de protestas laborales de trabajadores públicos, especialmente educadores y de las empresas del Estado en Guayana. Varios de esos manifestantes resultaron detenidos y otros con amenazas de despido.
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