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Rechazar el “fraude electoral” del 6 de diciembre pidió el comisionado del gobierno interino para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, en la 50° asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), este miércoles 21 de octubre.

Aunque el Consejo Permanente de la OEA convocó una sesión extraordinaria, el pasado 29 de septiembre, en la que advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro avanza hacia un “fraude” que terminará de acabar con el voto y la democracia en Venezuela, Borges reiteró el exhorto con la intención de que cada Estado miembro se manifieste en contra de las elecciones parlamentarias.

“Quisiera pedir en nombre del pueblo venezolano apoyar con mucha más fuerza la necesidad de realizar elecciones libres en Venezuela, parlamentarias y presidenciales, al tiempo que se rechace el acto de fraude que quiere hacer Maduro el 6D”, manifestó.

Al finalizar la sesión, los integrantes de la OEA votarán un proyecto de resolución sobre la falta de condiciones democráticas en Venezuela de cara a los comicios convocados para el 6 de diciembre.

«Jurisdicción universal»

Borges propuso que se considere una resolución que pueda tener “una respuesta más firme” sobre la violación de derechos humanos. “Quiero recordarle a todos los países que el hecho de saber lo que ocurre en Venezuela nos hace corresponsables”, señaló.

También solicitó que se considere, a través de la sociedad civil y de las universidades, la posibilidad de activar la jurisdicción universal para condenar los crímenes cometidos por funcionarios del gobierno de Maduro. “Esa sería la mayor demostración de que están comprometidos con los derechos humanos y los crímenes atroces que suceden en Venezuela, es un deber moral y un deber político”, manifestó.

Criticó la posición de México por considerarla “indiferente” y calificó de “inaceptable” la de Nicaragua, gobierno aliado de Maduro. “Hay que ver el tema humano, no pensar con el filtro político o con otro tipo de intereses, hay que rescatar a Venezuela”, insistió.

Borges denunció que cerca de 300 funcionarios militares fueron torturados, asesinados o están presos. “Nuestros oficiales, nuestros activistas de la sociedad civil, nuestros periodistas están en los sótanos de la Dgcim (Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar) o en Ramo Verde, hombres y mujeres que están pagando con sangre por defender la Constitución”, aseveró.

En su intervención también pidió a la OEA plantear debates importantes sobre cómo fortalecer los mecanismos de protección de los países bajo el paraguas de la Carta Interamericana y el rol de las misiones de observación electoral.