A las declaraciones del contralor general de la República, Manuel Galindo, en las que advierte que los diputados pueden ser sujetos de multas o incluso inhabilitaciones políticas por “obstruir” la intervención administrativa de la dirección de Auditoría Interna del Parlamento, replicó la segunda vicepresidenta de la AN, Dennis Fernández, quien aseguró que la acción que emprende el órgano es inconstitucional.
“Estamos dispuestos a recibir a la Contraloría General de la República (CGR) de institución a institución, pero al no venir en ese espíritu democrático, nosotros denunciamos la inconstitucionalidad de esta intervención, de un Poder Público a otro, sin que exista el debido procedimiento ni el entendimiento con la nueva directiva de la AN”, declaró.
Fernández insistió en que los parlamentarios no se han negado a recibir a ningún auditor ni a que se inicie una revisión. Pero aclaró que es la directiva del Poder Legislativo la que designará al nuevo contralor interno. “Estamos preparándonos para el concurso público que designe a nuestro auditor interno, cosa que no ocurrió en las directivas anteriores que eran subordinadas al Gobierno nacional”.
“Nosotros, comprometidos con hacer las cosas bien y en la lucha contra la corrupción, somos los primeros que queremos un control interno de las gestiones”, agregó.
La directiva de la AN argumentó en un comunicado oficial que no existen indicios de irregularidades administrativas graves que justifiquen la acción de la CGR.
El Contralor General de la República introdujo un recurso de amparo ante el Tribuna Supremo de Justicia para que “obligue” al Parlamento a acatar la intervención.