Interinato responde a emergencia por terremotos con mayor control político

Un dia después del doble terremoto que llevó a declarar zonas de La Guaira como de “desastre”, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez , pidió “no politizar” la emergencia y que prevaleciera la unidad nacional por encima de las diferencias, en torno a la tarea de rescatar el mayor número de sobrevivientes posibles. 

El llamado no tuvo eco desde el momento en que sobrevivientes de los sismos denunciaron que en las primeras horas del derrumbe de edificios en zonas como Caraballeda, Playa Grande y Puerto Viejo, en La Guaira, no recibieron ningún tipo de ayuda para rescatar a sus familiares bajo los escombros.

La falta de recursos en equipos de Protección Civil y bomberos, la señalada poca disposición de la Fuerza Armada (Fanb) para ayudar a la población civil desde el primer día de la catástrofe y la precariedad del sistema de salud venezolano, producto de malas políticas nacionales y corrupción, quedaron en evidencia.

El jefe de los topos chilenos, Francisco Lermanda, advirtió que precisamente era el Ejecutivo el que politizaba la emergencia al obstaculizar la labor de los rescatistas internacionales que llegaron al país para contribuir con la atención de la emergencia, bajo la excusa de protegerse contra el espionaje extranjero, por encima del interés de salvar vidas. 

Politólogos consultados por Efecto Cocuyo señalan que el interinato responde a las críticas y denuncias por la atención a los ciudadanos durante la contingencia con mayor control y hostigamiento, a partir de las prerrogativas que se otorga con un “dudoso”, desde el punto de vista legal, “estado de emergencia”. Asimismo, que el tutelaje de Estados Unidos sigue recurriendo al “pragmatismo”, al defender al gobierno encargado, por lo que el costo político de la emergencia también puede sobre la administración de Donald Trump.   

Estado vs. sociedad civil

Sobre la pretensión de mayor control, al exceder las atribuciones que confiere la Constitución al Ejecutivo en estos casos, el politólogo Guillermo Tell Aveledo advirtió que la declaratoria de un “estado de emergencia” por parte de Delcy Rodríguez, la noche del 24 de junio, debido al doble terremoto, evade criterios de proporcionalidad y temporalidad.

“El decreto de emergencia del 24 de junio puede cuestionarse desde el punto de vista formal en dos aspectos claves. Primero, al declarar un estado de emergencia y no de alarma, que sería la categoría constitucional idónea, se diluye la claridad sobre sus límites temporales.  Segundo, la estructura e institucionalidad creadas en torno a esta autoridad única, aunque pretendan responder a la urgencia, corren el riesgo de desbordar los acotados márgenes que la Carta Magna prevé”, sostuvo. 

El artículo 338 de la Constitución establece el “estado de alarma” como uno de los estados de excepción y podrá decretarse cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. 

La duración de la medida es de 30 días prorrogables por el mismo lapso y no se pueden restringir las garantías sobre los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

“Preocupa la tensión natural entre el Estado y la sociedad civil. Frente a las capacidades limitadas del aparato público y su histórica tendencia a la concentración del poder, surgen fricciones. Aunque los reportes de abusos por parte de autoridades locales puedan parecer anecdóticos, no lo es la propensión institucional a multiplicar registros, controles y fiscalizaciones, adoptando en ocasiones conductas intimidatorias. En la práctica, esto entorpece la movilización autónoma de una sociedad que reacciona, precisamente, ante la percibida ausencia del Estado”, señaló Aveledo. 

Desde La Guaira, ciudadanos han denunciado ante la prensa que han tenido que rescatar sobrevivientes y cadáveres con sus propias manos por la falta de ayuda gubernamental. También la presencia de funcionarios policiales y de la GNB en las zonas de derrumbe para sustraer pertenencias. 

Se exhibe igualmente malestar por la retención de ayuda humanitaria en la vía hacia el litoral y desde otros estados del país hacia esa zona. El 27 de junio, Cabello anunció la restricción del acceso al estado desde las 8:00 p.m. La prensa nacional e internacional también se ha quejado de restricciones y hostigamiento. Pese a ello, la ayuda llega por todas las vías posibles, como la carretera vieja de La Guaira.

Como aspecto positivo, el politólogo mencionó el hecho de que el interinato, bajo tutelaje de EEUU, desde el 3 de enero, esté aceptando la ayuda del sector privado, gobiernos y agencias internacionales  y que a su juicio, se haya evitado ideologizar el diagnóstico de la catástrofe. 

Para la politóloga y defensora de derechos humanos, Nastassja Rojas Silva, el manejo de la crisis por parte del interinato no ha estado ajustado a las garantías de los derechos de las personas. Considera que el país está pagando la desconfianza en las instituciones venezolanas que ya estaban sumidas en una crisis de legitimidad.

El vocero Jorge Rodríguez

La misma noche del 24 de junio, Delcy Rodríguez activó el “Estado Mayor Conjunto para la Contingencia” integrado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez. Además designó a un militar, el comandante de la Guardia Nacional (GNB), mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como “autoridad única” para la contingencia. 

Algo que ha llamado la atención es que sea su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y no un representante del Ejecutivo, el que comunique los balances oficiales sobre muertes, heridos, familias damnificadas y daños originados por los sismos, lo que diluye la separación e independencia de los Poderes Públicos.   

Además Jorge Rodriguez fue designado por la interina como cabeza de una comisión presidencial encargada de los campamentos transitorios para los damnificados y de coordinar proyectos para la construcción de viviendas en un corto plazo. El jefe del Parlamento ha fungido durante la emergencia como un funcionario del gobierno más. 

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Para Aveledo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Metropolitana, este hecho evidencia la dinámica real del orden político vigente, que, sostuvo, suele operar al margen de las formalidades institucionales.

“La figura del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, goza de una centralidad y una confianza tales por parte de la presidenta interina que asegura una disciplina absoluta en la narrativa y la exposición que el gobierno desea proyectar. Ciertamente, es un vocero que arrastra importantes resistencias y limitaciones de confianza en sectores de la sociedad; sin embargo, sigue siendo uno de los cuadros mejor capacitados del oficialismo para blindar el discurso público, garantizando que no se filtren fisuras ni disidencias internas en un momento de alta vulnerabilidad”, es la lectura de Aveledo al respecto. 

Los hermanos Rodriguez se han dejado ver juntos en recorridos por zonas afectadas por la tragedia en Caracas y La Guaira. La percepción en la opinión pública en general, y de los propios venezolanos afectados en los sitios, es que aprovechan la emergencia para hacer propaganda política e intentan disfrazar la incapacidad estatal para responder a las víctimas. 

“Haciendo campaña política en una tragedia. Nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado”, reclamó a viva voz una vecina de Los Palos Grandes, municipio Chacao, durante el paso de la interina (sábado 27 de junio) por el lugar donde colapsó el edificio Petunia I. “¡Fuera! ¡Fuera!”, gritaban otros residentes de la zona donde se desplomaron tres edificaciones con un saldo de 58 víctimas según la Alcaldía de Chacao.

También generó rechazo un acto oficial del día domingo 28 de junio, en el que la interina interrumpió las labores de grupos rescatistas internacionales, admitido por ella misma, para agradecerles por la ayuda. 

Mientras tanto, desde el día uno de los terremotos, sobrevivientes claman por la presencia de maquinaria pesada y rescatistas cerca de los derrumbes para sacar a sus familiares de los escombros vivos o muertos. Agencias internacionales han reportado altercados en zonas de rescate de La Guaira porque familiares y vecinos han bloqueado maquinaria pesada para impedir que abandone sitios con personas aún tapiadas.

Paranoia

“Aun en la emergencia, los Rodríguez mantienen una agenda, con el objetivo de preservar el poder, quizás un poco más conciliadora con estos temas de ayuda, pero por el otro vemos a Diosdado Cabello, entrando otra vez en el escenario y siendo mucho más represivo con sus palabras, con sus acciones y va en aumento de nuevo el autoritarismo. Un estado que quiere tener control de la narrativa, les incomodan las críticas y empiezan a responder de la única manera que saben responder que es a través de represión”, expresó la politóloga.

Se ha denunciado la negativa de dejar entrar al país a algunos equipos de voluntarios para ayudar con las labores de rescate, además de intentar controlar el ingreso de ayuda humanitaria al litoral central. Uno de los ejemplos es la denuncia, mediante un comunicado (29 de junio), de un equipo integrado por 41 expertos voluntarios de Isar Gemany de Alemania y Samariter Bund, a los que se le negó la entrada a Venezuela para ayudar a rescatar víctimas.

Los grupos dijeron haber recibido respuesta negativa por parte del Ministerio de Salud de Venezuela, pese a que ya tenían todo listo para viajar en un avión militar Airbus A400M de las Fuerzas Armadas alemanas. 

Otro ejemplo, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) denunció el lunes que autoridades confiscaron siete camiones que transportaban ayuda humanitaria desde el estado Bolívar hacia la universidad y que se desconocia su paradero.

Por si quedaban dudas, la líder opositora Maria Corina Machado denunció que impedían su regreso al país y amenazaban a quienes la puedan ayudar para volver. 

“Los países tienden a cometer dos errores fundamentales en este tipo de terremotos, primero que lo politizan y el segundo que lo militarizan. En Venezuela he visto que hicieron las dos cosas. El que va a gritar más fuerte, el que tiene más laureles o estrellas en su gorra o el arma más grande es el que va a mandar. El que toma la decisión no es el político o el militar de más alto rango, es el experto, es el especialista”, recalcó el jefe de los topos chilenos, Francisco Lermanda. 

Durante una entrevista para el espacio Conversa ARI en alianza con Efecto Cocuyo, el rescatista instó al interinato a sacarse la “idea paranoica” de que se aprovechará este terremoto para espiar o darles un golpe de Estado. Aclaró que ese temor fue comentado por un coronel en una zona de rescate en La Guaira, donde militares le quitaron un teléfono a topos chilenos, en momentos en que consultaban a un médico para poder mover a un joven de 14 años de los escombros con síndrome de aplastamiento.

Otro jefe de topos pero mexicano, Héctor Méndez, también aseguró que una representante de un medio estatal le pidió agradecerle y hablar bien de Delcy Rodríguez en una entrevista desde las zonas críticas de Chacao. “Yo no soy político, soy rescatista. La mande al diablo”, reconoció. 

“Prueba de fuego” para EEUU

Al encargado de negocios de EEUU en Venezuela, Jhon Barrett, también le han llovido críticas por apoyar la labor del interinato durante la emergencia y asegurar que incluso Cabello está cooperando. Barrett aseguró que hay una “estrecha colaboración” con el gobierno encargado para salvar vidas. 

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Hasta el mismo Departamento de Estado se pronunció para aclarar un incidente entre el ministro del interior y un rescatista norteamericano, en el que aparentemente el segundo increpaba al funcionario por impedir labores de rescate en La Guaira. Se aseguró que la discusión, viralizada en redes sociales, no pasó a mayores.

“Hubo un desafortunado malentendido entre un miembro de un equipo de búsqueda y rescate urbano de EEUU y las autoridades interinas venezolanas (…) ambas partes estaban claramente tratando de salvar vidas tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada”, dijo el despacho que dirige Marco Rubio.

Al margen de que rescatistas internacionales a los que se le permitió la entrada a Venezuela han logrado salvar numerosas vidas, la opinión pública enfila sus baterías contra Washington por avalar el mal manejo de la crisis por parte del interinato. Por lo que surge la pregunta de cuál es el costo político para el gobierno de Donald Trump en el contexto de emergencia.

“La gestión de esta crisis representa una verdadera prueba de fuego para los EEUU. La emergencia compromete directamente a una gestión aliada que ha sido clave en su política hacia Venezuela. Un éxito relativo de la contingencia validaría la apuesta de Washington por el experimento derivado de la intervención del 3 de enero, donde se preservó a la plana mayor del ejecutivo a cambio de estabilidad y una mínima capacidad de gobernabilidad. Por ende, es comprensible el pragmatismo de la diplomacia estadounidense al intentar apuntalar dicha autoridad”, respondió Aveledo.

El politólogo aclaró que la responsabilidad política e institucional de la respuesta al desastre natural recae sobre el Ejecutivo venezolano. Sin embargo, considera que si la gestión de la catástrofe suscita cuestionamientos severos por ineficiencia o violaciones de derechos, esto podría activar reacciones institucionales adversas dentro del propio Congreso o la opinión pública estadounidense. 

En una reciente declaración sobre Venezuela, Trump volvió a decir que los venezolanos “son felices” a pesar de los terremotos, lo que, a juicio de Rojas Silva, es un mal manejo, al menos comunicacional, de la situación. Advirtió que afirmaciones como esa muestran desconexión de Washington con la realidad venezolana.

“Queda como en duda el margen de acción y decisión del gobierno de EEUU en la situación venezolana, el control que dice tener al permitirse que militares interfieran con las labores de rescate o se niegue la entrada de ayuda humanitaria. A lo interno también se observa con ese tipo de hechos un fraccionamiento del poder, por un lado Delcy Rodriguez que en apariencia controla todo, pero otra es el comportamiento de funcionarios en las zonas críticas; por eso la enorme desconfianza de la gente”, dijo.

No descarta que la actual coyuntura termine por pasarle factura a la administración Trump, cuya narrativa en medio de la emergencia contradice su plan de tres fases para Venezuela que debe culminar en una transición democrática.

“Ahorita lo que estamos viendo es un desmembramiento de las instituciones, un Estado que no responde, una cooperación interna completamente desarticulada frente a la emergencia y una sociedad civil y una ciudadanía en general, que es la única que está tratando de sostener esto con lo poco que tiene”, agregó.

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¿Las catástrofes atornillan gobiernos?

Al abrirse la cooperación internacional incluso de gobiernos adversos antes a Nicolás Maduro y ahora a Delcy Rodriguez, como El Salvador y Argentina, la flexibilización de sanciones de EEUU para permitir transacciones por ayuda humanitaria y el momentáneo congelamiento de las negociaciones entre el gobierno y la oposición por la emergencia, analistas también han advertido que el riesgo de la normalización de una Venezuela no democrática, vuelve a aumentar.  

“Sobre si esto fortalecerá o debilitará al gobierno, el fenómeno debe leerse en su contexto. Dado que el descontento social es transversal a casi todas las clases sociales, será difícil para el interinato capitalizar políticamente la expansión fiscal y estatal que inevitablemente seguirá a la tragedia, aun cuando sea evidente su intención de instrumentalizar la gestión de la crisis”, es la opinión de Aveledo. 

Indicó que históricamente hay ejemplos de estabilizaciones de gobiernos y lo contrario. 

“La indignación pública ante la falta de preparación, los permisos indebidos y la inacción oficial ha acelerado transiciones democráticas como ocurrió en México tras el sismo de 1985; en otros contextos, las crisis han facilitado derivas autoritarias, especialmente si las restricciones a las libertades civiles se prolongan más allá de la emergencia”, advirtió.